Fiscal retrocede en denegar visa U a latinos
Acepta ante el Departamento de Justicia no certificar inmigrantes víctimas de crimen con base en la nacionalidad del solicitante
Visas U Crédito: Araceli Martinez
El procurador del Condado de Gaston, en Carolina del Norte, ha dicho a las autoridades federales que dejará de considerar la nacionalidad cuando decida si certifica o no la solicitud de visas especiales U para inmigrantes víctimas de crimen.
El procurador Lack Bell cambió de parecer después de que funcionarios del Departamento de Justicia se sentaran a platicar con él en una reunión que surgió tras sus controversiales comentarios sobre una política personal para negar la certificación para la visa U a víctimas latinas de violencia doméstica, “cuando el agresor fuera también latino”.
El programa de visas U fue creado por el Congreso hace 15 años para alentar a los inmigrantes indocumentados en el país a reportar a la policía los crímenes de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico humano y otros crímenes especificados en una lista, y a cooperar en la investigación, sin temor a ser deportados, requiere que el solicitante tenga la certificación de una agencia del orden. El límite anual de este tipo de visas son 10,000.
Pero Bell, cuya oficina no respondió a un pedido para una entrevista, había dicho al periódico The Charlotte Observer que si una víctima de crimen es latina y el acusado también es latino él no firmaría las certificaciones de visa que pasaran por su oficina porque “la ley no es para proteger a latinos de latinos”.
El comentario de Bell fue hecho cuando se le cuestionó su argumento para negarle la certificación a Evelin, una hondureña de 34 años de edad, que estaba embarazada cuando su novio la golpeó en el estómago y, aunque estaba ilegalmente en el país, recurrió a la policía del Condado de Gaston, a presentar cargos en su contra. Por ser víctima de violencia doméstica y haber cooperado con la policía en la investigación, Evelin podría ser elegible para una visa U, la cual le permitiría permanecer en el país durante cuatro años legalmente y, después, solicitar la residencia permanente.
Aunque USCIS, la agencia federal que supervisa el programa, ha dicho que los fiscales y otras agencias del orden no están obligadas por la ley a dar las certificaciones, Jill Westmoreland Rose, fiscal federal interino del Distrito Western de Carolina del Norte, dijo que Bell había acordado certificar visas U sin importar la nacionalidad.
Rose indicó en un comunicado que el cambio de actitud es “consistente con la aplicación de los estatutos federales” e indicó que Bell había accedido al anuncio.
“En todos los casos que he representado en ocho años de clientes que son elegibles y han obtenido la visa U las víctimas son latinas y los asaltantes son latinos”, dijo Theodore Maloney, abogado de Evelin, en una entrevista con La Opinión.
La ACLU en Carolina del Norte se encontraba evaluando las opciones legales para actuar, de ser necesario, contra la política establecida por el Fiscal de Distrito de Gaston.
“Indudablemente hay una aplicación discriminatoria de este programa que no es permisible bajo la ley. El mismo lenguaje del fiscal indica que está actuando con base en la etnicidad”, dijo a este diario Carolyna Caicedo Manríquez, abogada de ACLU, indicando la política de Bell provocaba un trato geográfico desigual para las víctimas de crimen en el estado.
