El Gobierno gana tiempo para justificar detención de familias
Tenía de plazo hasta este lunes para explicar ante un juez federal el riesgo de liberar a madres inmigrantes y sus hijos
Miles de madres centroamericanas han abandonado sus países debido a la violencia y buscan asilo en EEUU. Crédito: Getty
Washington.- La Administración Obama ha conseguido una extensión, hasta el próximo jueves, para responder a un fallo de una jueza federal en California que recientemente ordenó poner fin a la detención de familias inmigrantes.
La jueza Dolly Gee había dado plazo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hasta este lunes para responder al fallo, en el que determinó que la detención de familias viola el llamado “Acuerdo Flores” de 1997.
Pero, según confirmaron a este diario fuentes allegadas al tribunal, la jueza extendió el plazo al próximo jueves, cuando el DHS tendrá que explicar su decisión sobre si pondrá o no en libertad a las mujeres y niños detenidos en un plazo de 90 días.
“El fallo del tribunal en California todavía no está en vigor, y estaremos sometiendo nuestra respuesta a la decisión esta semana”, dijo a este diario Marsha Catron, una portavoz del DHS en Washington.
El pasado 24 de julio, la jueza Gee dijo que la Administración Obama no puede mantener detenidos a madres y niños que argumentan que llegaron a EEUU huyendo de la violencia en sus países.
En un duro revés para la Administración, la juez consideró que los niños no solo afrontaron “condiciones deplorables” en las estaciones de la Patrulla Fronteriza adonde fueron a parar inicialmente sino que tampoco tuvieron condiciones aceptables en los centros de detención abiertos en Texas el año pasado ante la crisis humanitaria en la frontera sur.
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Se calcula que en la actualidad, alrededor de 1,700 madres y niños permanecen en tres centros de detención en Karnes y Dilley, en Texas, y en el Condado Berks, en Pensilvania.
En junio pasado, el DHS dijo que no mantendría en los centros de detención a familias con casos válidos de asilo político, y a mediados de julio comenzó a poner en libertad a quienes han demostrado “miedo creíble” a la persecución si son deportados.
Sin embargo, para la mayoría de los demócratas, grupos pro-inmigrantes y abogados de Inmigración, la solución es poner en libertad a los inmigrantes, no solo porque el gobierno ahorraría dinero –le cuesta $343 a diario el encierro de cada detenido- sino porque es su “obligación moral”.
En declaraciones a este diario, Michelle Brané, directora del programa de justicia para migrantes de la Comisión de Mujeres para Refugiados (WRC, en inglés), explicó que el “Acuerdo Flores” establece la puesta en libertad de los menores, y que lo mejor que puede hacer DHS es cumplir con el fallo federal y desmantelar el sistema de detención de familias.
