Madre de tres hijos lucha contra deportación tras arresto en clínica

Una familia inmigrante de Texas está luchando por evitar la deportación de la madre, Blanca Borrego, luego que la mujer fuera arrestada a fines de la semana pasada en la oficina de su ginecólogo tras ser reportada a las autoridades por el personal de la clínica.
Clarissa Guajardo, la abogada que representa a Borrego dijo en una entrevista que el personal de la clínica Memorial Hermann’s Northeast Women´s Healthcare, en Atascocita, Texas, reportó a Borrego al sospechar que la mujer había presentado un documento falso y la hizo esperar más de dos horas antes de “hacerla entrar a la sala de exámenes, donde fue arrestada”.
Borrego había ido a la clínica acompañada por su hija menor, de 8 años de edad. La niña fue testigo del momento en que la policía sacó a su madre del lugar con las esposas puestas. Sus otros dos hijos mayores son receptores de Acción Diferida o DACA. La mujer y su esposo son oriundos de México y la familia se quedó en Houston en 2003 luego de entrar con visas de visitante, la niña pequeña nació aquí.
“Es tan escandaloso”, dijo Guajardo. “La clínica llamó a la policía y estos le dijeron al personal de la clínica que no la atendieran. Me preocupa mucho que un policía, que seguramente no tiene entrenamiento médico ni conoce el historial de la persona, pueda tomar decisiones de retrasar tratamiento de esa manera”.
Este lunes Guajardo intentaba obtener garantías de las autoridades migratorias de que no habría una orden de detención migratoria contra Borrego, quien no ha sido convicta de ningún delito, aunque tras su arresto iba a ser acusada de “falsificar” un documento gubernamental. “He pedido a las autoridades locales de inmigración que no emitan una orden contra ella”, dijo la abogada. “Guardado podría salir bajo fianza para estar con su familia mientras se resuelve su caso, pero si hay una orden de detención migratoria el dinero se perdería y podría ser deportada”.
Según la abogada, la clínica probablemente violó leyes federales existentes que protegen la privacidad de la información médica de las personas. Estas garantías existen bajo la ley HIPAA y aunque existen excepciones cuando un paciente amenaza su propia seguridad o la de otras personas, Guajardo indicó que este no fue el caso de Blanca Borrego.
Borrego no estaba pidiendo atención médica pública, ya que la familia cuenta con un seguro privado por medio del trabajo del padre.
El incidente causó preocupación entre grupos pro inmigrantes por las repercusiones que podría tener en la confianza de millones de indocumentados hacia sus hospitales, clínicas y médicos, un problema que ya se vio en California en los años 90 luego de la aprobación de la Proposición 187.
“Nos preocupa mucho porque esto podría afectar a muchísima gente”, dijo Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Angeles (CHIRLA). “Es preciso que cualquier proveedor de salud y de cualquier otro servicio esté pendiente de las protecciones federales para sus clientes y para el consumidor antes de tomar estas decisiones”.