Ratifican a San Francisco como ciudad santuario para inmigrantes

Por unanimidad, el Consejo de Supervisores aprobó el martes pasado 20 de octubre una resolución que reafirma categóricamente la condición de Ciudad Santuario de San Francisco. La simbólica medida reitera que no es necesario cambiar las actuales directrices y que los oficiales locales incluido el Alguacil no tienen la obligación de notificar a las autoridades federales sobre la puesta en libertad de inmigrantes, excepto en circunstancias muy especiales y limitadas.

La medida, propuesta por el Supervisor David Campos y aprobada con un voto de 11-0, fue un sólido rechazo al programa de la agencia Inmigración y Control de Aduanas (ICE), denominado Programa Prioritario de Cumplimiento de la Ley (PEP), que llama a los cuerpos policiales a informar sobre la detención de inmigrantes indocumentados.

La decisión fue adoptada inmediatamente después de que una propuesta del Supervisor Mark Farrell – para que el Alguacil Ross Mirkarimi revoque su política de no entregar a inmigrantes detenidos a las autoridades federales sin una orden judicial – fuera rechazada por un estrecho voto de 6-5. En un conmovedor momento, cuando Farrell presentaba la propuesta, la mayoría de los asistentes se levantaron de sus sillas y le dieron la espalda.

“No podemos permitir que un solo evento sentencie 25 años de políticas municipales hacia los inmigrantes indocumentados… No podemos permitir que las conservadoras y detestables agencias noticiosas nos ordenen cómo tomar las decisiones aquí en San Francisco”, dijo la Supervisora Malia Cohen, en un aplaudido discurso. El evento del cual Cohen se refiere es el asesinato de una mujer a manos de un inmigrante indocumentado el pasado 1 de julio en el muelle turístico Embarcadero, hecho que desencadenó un debate nacional sobre las ciudades santuario en EEUU.

A la salida de la sala, Campos dejó ver su alegría: “Me siento muy contento y orgulloso de los supervisores y de la ciudad… han tomado una posición muy clara en contra del programa PEP. Estamos enviando un mensaje muy claro al resto del país… no permitiremos que nuestras agencias policiales se conviertan en agentes de inmigración, nuestros departamentos de policías y del alguacil no están en el negocio de inmigración, queremos que la gente indocumentada se sienta cómoda denunciando cuando son víctimas o testigos de un crimen… tenemos que seguir siendo Ciudad Santuario por eso no participaremos en PEP. Es la primera vez que una ciudad ha salido en contra de este programa… es consistente con los valores que tenemos como ciudad. Ya Nueva York y Chicago están siguiendo el ejemplo,” dijo Campos, visiblemente emocionado.

“La policía tiene la obligación de proteger a todos los ciudadanos y si nosotros permitimos que haya colaboración (con ICE) le estamos abriendo las puertas a la discriminación, al perfilaje racial y también corremos el peligro que muchos jóvenes y familias vayan a ser separadas. Para nosotros ningún nivel de colaboración es aceptable”, dijo Larisa Dugan-Cuadra, directora ejecutiva del Centro de Recursos Centroamericano, CARECEN.

Luciendo un cartel que llamaba a votar por Francisco Herrera, Miguel Pérez dijo que la resolución “es la mejor forma de resistir. Ésta no es una ley, es un contrato y no permitiremos que los supervisores firmen este contrato. En la actualidad es una opción para los que manejan las cárceles y el Sheriff Mirkarimi ha tomado la opción de no llamar a inmigración en caso de delitos menores”, dijo.

Por las casi tres horas, la sala se mantuvo atiborrada de personas. En silencio, los asistentes, la mayoría inmigrantes y activistas, levantaban sus manos y movían sus dedos en reemplazo de los aplausos que están prohibidos al interior de la sala. En momentos dramáticos varios supervisores narraron algunos casos de inmigrantes que se encontraban presentes, para graficar los efectos negativos que el programa PEP tiene entre la comunidad.

El caso de María Hernández es una “historia trágica”, dijo Campos. Atrapada por más de diez años en una relación abusiva “casi perdió una pierna por que el abusador trato de atropellarla. Tuvo miedo de denunciarlo a la policía por temor a que su hijas que se quedaran sin su madre,” dijo Campos. Hernández estaba presente en la sala junto a sus compañeras de la organización Mujeres Unidas y Activas.

En un breve recuento histórico, el Supervisor John Avalos recordó el año 1989 cuando un gran número de inmigrantes escapaban de las guerras en Centro América y San Francisco se convirtió en una de las primeras ciudades santuario. “Esta política ayudó a muchas personas a integrarse a la vida cívica… se sintieron que estaban siendo protegidas, que las agencias locales no los iban a entregar a las autoridades federales”. Veinte años más tarde, en el 2008, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas creó un plan federal denominado Comunidades Seguras, o SCOM, que deportó a millones de personas y el cual fue sustituido por el PEP en julio de 2015.

Fue “una red de pesca de arrastre, por todo el país… la gente era deportada y las familias eran despedazadas. Esto creó una gran desconfianza entre la comunidad de inmigrantes que confiaba en las agencias policiales para su seguridad y ataba las manos a la policía para realizar su trabajo de investigación y mantener la seguridad de nuestras comunidades”, dijo Avalos.

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Así lo dijo

“Junto a mas de 350 ciudades y condados santuarios a lo largo del país dijimos que así no se procede, que debíamos de tener protección local para prevenir este sistema de deportaciones. Entonces creamos el justo proceso de ley (due process) en respuesta al SCOM y para asegurar una clara separación de poderes. Si el Alguacil levanta el teléfono para entregar a un indocumentado a ICE, la comunidad perderá completamente la confianza que estamos tratando de crear entre nuestra ciudad y la agencias policiales”. Supervisor John Avalos