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Protestan contra ‘militarización policial’ en reunión de concejales

El Concejo de la Ciudad de Berkeley tuvo una agitada reunión el pasado martes para tratar esta y otras propuestas controversiales

El Concejo de la Ciudad de Berkeley realizó una reunión el pasado martes en un auditorio lleno donde se disputaron varios temas controversiales.

El Concejo de la Ciudad de Berkeley realizó una reunión el pasado martes en un auditorio lleno donde se disputaron varios temas controversiales.  Crédito: Fernando Torres | La Opinión de la Bahía

En medio de protestas y con una contundente agenda, el Concejo de la Ciudad de Berkeley realizó una reunión el pasado martes en un auditorio completamente repleto donde se disputó una propuesta para que la policía de Berkeley deje de participar en el programa Urban Shield (Escudo Urbano), el cual acusan de ser una ‘militarización policial’.

La Coalición para Detener el Escudo Urbano realizó una protesta y conferencia de prensa minutos antes del inicio de la acalorada reunión del martes en la cual acusaron de ‘militarización policial’ la participación del departamento de policía en el polémico programa.

Escudo Urbano es un plan nacional de coordinación entre cuerpos policiales que se inició después de los ataques del 11 de septiembre del 2001. En el Área de la Bahía el programa es coordinado por la Oficina del Alguacil del Condado de Alameda. Cada año se organizan entrenamientos militares y una exposición de armamentos. Según críticos, el programa es un intento de ‘militarizar’ a la policía, con armamentos de alto calibre, vehículos y otros equipos que son generalmente utilizados por el ejército en la guerra.

Según información entregada por la Oficina del Alguacil, el programa esta “destinado a impulsar un entrenamiento de varios niveles para mejorar las habilidades y capacidades de las agencias que responden a emergencias”. El programa también proporciona una “mayor colaboración entre las empresa locales con infraestructuras críticas … No sólo mejora la capacidad de respuesta a desastres regionales, sino que proporciona una plataforma para que los socorristas nacionales e internacionales, junto el sector privado, trabajen juntos de manera eficiente y eficaz frente a incidentes críticos”.

Sin embargo, sus opositores aseveran que el programa también incluye la contención y represión de protestas. “La policía no debería involucrase con las instituciones federales que se lanzan contra las demostraciones populares, contra los emigrantes. La policía municipal no tiene negocio en esto”, dijo el residente de Berkeley Rafael Jesús González.

La policía va en contra de la libertad de expresión porque “golpea ciudadanos, son abusivos, y en este momento, con el gobierno represivo que tenemos es muy importante que se nos proteja el derecho de manifestar, de expresar nuestros disgustos contra la injusticia. Por toda la nación han habido abusos de la policía especialmente contra las minorías, las personas de descendencia africana, las personas latinas y contra los pobres principalmente”, dijo el profesor retirado.

El Escudo Urbano realiza entrenamientos que tienen que ver con la seguridad pública, “pero es desde una perspectiva militarizada. ¿Cómo la gente puede estar segura mientras se les apunta con un fusil M16?”, dijo Jesse Arreguín, el único concejal latino de la ciudad. Arreguín agregó que existe una tendencia en EEUU a militarizar las fuerzas policiales. “Se está empujando por armamentos y equipos que uno sólo se ven en el campo de batalla, no en un entorno urbano”, dijo.

Arreguín, quien también es el concejal más joven, dijo que el Escudo Urbano promueve la militarización. “Creo que hay que suspender nuestra participación por lo menos por un año. Tenemos que cambiar el enfoque por uno que mejore las relaciones entre la policía y la comunidad. En Berkeley, donde nació el movimiento para la libertad de expresión, nuestra policía debe respetar los derechos de las personas y su participación política y no entrenar para suprimirlos”, dijo.

Otras medidas causan polémica

Asimismo, el Concejo aprobó una ley para restringir ciertas actividades y/o comportamientos de los indigentes en lugares públicos y postergó una propuesta para la demolición de un edificio de departamentos con renta controlada.

Durante la reunión de los concejales, la cual a veces parecía una competencia de gritos, una gran parte del tiempo fue dedicada a escuchar testimonios de indigentes que se manifestaron en contra de la propuesta para restringir la presencia y comportamiento de ellos en áreas públicas. La medida, introducida por la concejal Linda Maio, fue aprobada por un voto de seis contra tres. Los concejales Jesse Arreguín, Kris Worthington y Max Anderson se opusieron.

Entre otras medidas, la nueva ley prohíbe a las personas sin hogar usar más de 2 pies cuadrados de espacio en las veredas a ciertas horas, dormir en jardines y colgar sus pertenencias en los árboles.

Los concejales también decidieron enviar de vuelta a la Junta de Ajustes a la Zonificación (Zoning Adjustments Board) una propuesta para demoler un edificio de departamentos de renta controlada y construir otro inmueble con 20 departamentos a precio de mercado y solo cuatro unidades con precios accesibles, por debajo del precio del mercado actual. El edificio se encuentra cerca de la Universidad de Berkeley, en el 2637 de la Avenida Durant.

Los opositores a la destrucción del edificio denunciaron que éste fue intencionalmente descuidado por el dueño para deshacerse de los inquilinos. El edificio fue comprado en el 2012 por la compañía OPCHA LLC. Varios oradores informaron que en el 2014 los dueños invitaron al departamento de bomberos de la ciudad para hacer ejercicios de entrenamiento en su interior, lo que causó daños a algunas paredes y parte de los techos.

La reunión fue realiza en la escuela Longfellow la cual tiene un auditorio mucho más grande que el del ayuntamiento y se espera que los temas pendientes serán resueltos en la reunión del 15 de diciembre. El alcalde Tom Bates no estuvo presente pero participó vía telefónica.

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