Cárceles familiares de ICE en Texas funcionarán como albergues para menores

Dos polémicos centros familiares de detención de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que operan en San Antonio, Texas, recibieron licencias para funcionar como albergues de menores. Los permisos le permiten a la agencia esquivar una orden judicial dictada el año pasado que obligaba al gobierno a liberar a los detenidos en cumplimiento de un acuerdo judicial alcanzado hace 18 años.

Los centros Karnes City y Dilley fueron habilitados en 2014 para recibir a niños y mujeres migrantes originarios de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) que llegaron indocumentados a Estados Unidos en busca de asilo.

Los inmigrantes huyen de sus países a causa de la violencia y la pobreza.

El fallo judicial

En agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la corte distrito del centro de California, dictaminó que las autoridades federales de inmigración violan el acuerdo Flores versus Meese, alcanzado en 1977, que prohíbe la detención de menores de edad en centros restrictivos.

Gee también fijó como plazo hasta el 23 de octubre para que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) cumpla la orden. Pero el DHS apeló el dictamen alegando que la liberación de los menores y sus ,adres enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica, situación que podría activar una nueva crisis migratoria en la frontera.

Durante el año fiscal 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre del 2015) la Patrulla Fronteriza detuvo a 68,541 niños migrantes en la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar al país sin autorización. En el 2015 la cifra bajó en un 42%, pero los 20,164 arrestos llevados a cabo en los primeros cuatro meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre de 2015 al 31 de enero de este año) inquietan a la Casa Blanca.

La respuesta del DHS

Poco después del fallo de la jueza Gee, el DHS respondió a Univision Noticias que estaba en “desacuerdo” con la conclusión final de la corte, y reiteró que las instalaciones cuestionadas eran “compatibles con el mandato otorgado por el Congreso”.

Agregó que los centros familiares “siguen actuando en consonancia con estas órdenes” y que seguiría “examinando los reclamos de los familiares de los detenidos”.

El jueves, el Secretario del DHS, Jeh Johnson, defendió la política del gobierno para tratar la oleada de migrantes. Dijo que las autoridades de inmigración a su cargo priorizan la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y aquellos que ingresaron después del 1 de enero de 2014, por considerarlos un riesgo a la seguridad pública.

Prioridades de deportación

El 20 de noviembre de 2014 Johnson firmó un memorando interno que incluye las prioridades de deportación de ICE. La lista la encabezan los indocumentados con antecedentes criminales y le siguen los migrantes que han entrado recientemente al país (después del 1 de enero de 2014), no tienen causa de asilo y recibieron una orden final de deportación.

Pero en enero el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, en Nueva York, reportó que las cortes de inmigración habían dictado 18,607 órdenes de deportación a niños y mujeres migrantes centroamericanos en los últimos 18 meses. Y que el 86% de los casos no tuvo representación legal.

El Departamento de Justicia dijo a Univision Noticias que “sólo un pequeño número de aquellos a quien se le ordenó la expulsión (orden de deportación) le indicó al juzgado de inmigración que estaba peticionando asilo”.

Sin cambios

Los cuestionamientos no ablandan la postura del gobierno de Obama. “Vamos a continuar enfocando nuestros recursos en la amenazas más significativas a la seguridad pública y a la seguridad fronteriza”, dijo el jefe de la seguridad nacional de Estados Unidos ante académicos y funcionarios reunidos en el Centro Woodrow Wilson de Washington.

Organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y abogados han alertado de que el Departamento de Protección y Servicios para la Familia redujo los estándares mínimos para este tipo de centros de detención con el objetivo de que Karnes City y Dilley superaran el umbral y esquivaran la orden judicial dictada por la jueza Gee.

“Al reescribir las normas y bajar los estándares, el estado (Texas) ha ignorado el clamor popular de oposición a la detención de familias y a conceder estas licencias”, dijo la organización Grassroots Leadership en un comunicado.

Diller y Karnes City se encuentran en el ojo del huracán desde su apertura en 2014 por señalamientos de malos tratos y abusos cometidos por los custodios de las instalaciones. Ambos tienen capacidad para albergar un máximo de 2,932 personas.

Los argumentos de Gee

Gee determinó en su fallo de agosto que los niños migrantes no pueden seguir retenidos y que los centros de ICE no tienen licencias para alojar o atender a menores.

“Esta situación no tiene precedente y nuestra frustración aumenta al ver que el gobierno no desea soltar a los detenidos, los cuales viven en condiciones deplorables”, dijo recientemente a Univision Lilia Velásquez, profesora adjunta de la facultad de Leyes de la Universidad de California en San Diego.

Velásquez dijo además que “la jueza Gee mencionó en una ocasión que los niños están sufriendo traumas bajo las condiciones en que viven”.

Informe lapidario

En mayo del año pasado la organización Human Right Watch (HRW) publicó un informe en el que señaló que la detención indefinida de madres que solicitan asilo y de sus hijos produce “graves secuelas psicológicas”.

Precisó que había entrevistado a 25 familias que estuvieron confinadas entre ocho y diez meses, y que relataron el trauma, la depresión y los pensamientos suicidas sufridos.

“El gobierno de Obama ha mantenido confinados a niños afectados por experiencias traumáticas y a sus madres” durante meses, dijo a Univision Noticias Clara Long, investigadora sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “No saben en absoluto cuándo serán liberados y les atemoriza profundamente la posibilidad de ser deportados de nuevo a sitios donde podrían ser asesinados, violados sexualmente o sufrir otro tipo de agresiones”.

Más del 70% de los niños migrantes arrestados en el 2014 son originarios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Del total de arrestados, más del 95% fue liberado con una orden para presentarse ante una corte y que un juez de inmigración resolviera sus futuros. El resto fue enviado a los centros de detención de ICE y hogares administrados por el Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS, por su sigla en inglés).

Sin respuestas

“Nadie ha respondido aún qué criterios se utilizaron para decidir quién era liberado y quién no”, dijo Velásquez.

Una ley aprobada por el Congreso en 2008 (William Wilberforce de Reautorización para la Protección de Víctimas del Tráfico de Personas –TVPRA-) no permite que menores migrantes que viajan solos sean deportados de inmediato como ocurre con los mexicanos; deben ser entregados al HHS para ser procesados de acuerdo al debido proceso.

Long dijo que el gobierno no debió buscar “nuevos mecanismos de supervisión para las detenciones familiares. Lo que se necesita es que el gobierno sencillamente ponga fin a la detención de familias”.

HRW dijo que el derecho internacional prohíbe detener a solicitantes de asilo, excepto como último recurso y únicamente por motivos excepcionales, como la posibilidad de riesgo para la población.

Añadió que la detención familiar es una medida incompatible con estándares internacionales, en particular el principio fundamental de que el “interés superior del menor” debería ser el parámetro de todas las acciones gubernamentales con respecto a menores.

En vez de detener a familias con hijos, Estados Unidos “debería establecer un sistema de supervisión en el ámbito de la comunidad u otras alternativas a la detención, según resulten necesarias, que permitan a las familias salir del sistema de custodia mientras los tribunales migratorios evalúan sus pedidos de asilo”, indicó el grupo de derechos humanos.

El jueves el líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid (Nevada), presentó un proyecto de ley para que los migrantes centroamericanos tengan mejor acceso a un abogado y puedan defender sus casos de asilo antes las cortes de inmigración. Reid, sin embargo, no garantiza que el plan tenga apoyo bipartidista para ser aprobado por el Congreso.