Editorial: Contradicciones en inmigración

El sector privado organizado es una pieza muy importante en el debate sobre una reforma migratoria para obtener trabajadores de afuera que dice no encontrar en la fuerza laboral estadounidense. Pero ese entusiasmo no se ha visto con respecto a las órdenes ejecutivas del presidente Obama.

Por eso es bienvenido el documento legal enviado el martes a la Suprema Corte de Justicia por un grupo de 60 compañías y líderes del sector de tecnología, en respaldo a las acciones de DACA y DAPA firmadas por el Presidente. El interés específico de Silicon Valley es conseguir que se otorguen más visas HB-1 de tecnología, lo cual es en si controversia. Ya hay una queja común en la industria de que se prefiere jóvenes extranjeros sin experiencia para pagar menos que un ingeniero estadounidense con experiencia.

Algo parecido, pero distinto, sin el desplazamiento de profesionales nativos, se puede decir que ocurre en otros sectores de la economía. Por ejemplo, en la construcción, en que dos tercios de las compañías dicen no hallar mano de obra, o el área de restaurantes y hotelería que aseguran no encontrar gente que tome labores que requieren ”un trabajo intensivo durante la temporada pico” y en la agricultura en que  tampoco se hallan estadounidenses dispuestos para realizar esta labor dura y exigente.

Estas necesidades laborales son las que llevaron a formar una coalición empresarial que ayudó a pasar la reforma migratoria en el Senado y que fracasó en la Cámara de Representantes. Creemos que el esfuerzo es honesto, por ejemplo, el de la Cámara de Comercio, pero insuficiente y sin querer incomodar mucho a los legisladores.

El tema migratorio es muy importante para la economía. Un reporte de la Fundación Ford de 2013 estimó que la reforma puede crear 123 mil empleos nuevos y elevar el Producto Bruto Interno en 10 mil millones en el primer año.

Está visto que el compromiso del gran sector empresarial con una reforma migratoria integral está muy por debajo en sus prioridades. Sino, cómo explicar que la Cámara de Comercio haya gastado millones de dólares en respaldar legisladores que están totalmente opuestos a cualquier tipo de reforma y que varios de ellos hayan votado en contra del proyecto aprobado por el Senado en 2013.

Un poco más de coherencia en el sector privado, y el apoyo a la acciones ejecutivas a falta de reforma, es lo menos que se puede pedir.