Encuentran fallas en sistema de defensa de menores en Los Ángeles

Según el reporte, los jóvenes no cuentan con los recursos de defensa necesarios

Centro de detención juvenil en Los Ángeles (CHJ).

Centro de detención juvenil en Los Ángeles (CHJ). Crédito: Cortesía | Oficina del supervisor Mark Ridley-Thomas

Un reporte del Instituto de Leyes y Políticas Sociales de Universidad de California, Berkeley encontró falencias, menor representación y supervisión, y recursos limitados en el sistema de defensa de menores del condado de Los Ángeles.

Según el Los Angeles Times, el reporte publicado el lunes comparó los recursos del sistema de defensa de menores angelinos con los recursos de otros 10 condados, entre ellos San Bernardino, Orange y San Diego.

La investigación fue comisionada por el Supervisor Mark Ridley-Thomas, quien pidió que se revise el sistema de defensa de menores acusados de crímenes en el condado de Los Ángeles.

Report finds flaws in L.A. County’s system for defending children accused of crimes. @sewella @YouthJusticeLA https://t.co/5BqQXukDE7

— Mark Ridley-Thomas (@mridleythomas) March 29, 2016

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“La necesidad de asegurarse de que se haga justicia para estos jóvenes, es una alta prioridad. No se puede seguir tolerando que [los jóvenes] no reciban el servicio adecuado”, indicó Ridley-Thomas.

El reporte encontró que Los Ángeles es el único condado que paga una tarifa plana de entre $340 a $360 dólares por caso, a los defensores de los jóvenes, conocidos como abogados de panel. Esto es, los abogados que son contratados cuando los defensores públicos no pueden aceptar ciertos casos, como por ejemplo, cuando existe conflicto de interés. Otros condados, en cambio, pagan a este tipo de abogados ya sea un salario, o una tarifa por hora.

El reporte también señaló que, de los 10 condados, Los Ángeles tiene la mayor cantidad de casos; y que no cuenta con supervisión centralizada de control de calidad de estos defensores. A su vez, Los Ángeles es el único condado que no paga por la investigación de los casos de abogados de panel, y son estos quienes tienen que pagar de su propio bolsillo el costo de la investigación.

Activistas y defensores de menores alegan que estos factores afectan negativamente a los jóvenes que necesitan que los defiendan. Según la investigación, aquellos menores representados por abogados de panel son más propensos a terminar en cortes para adultos. Esto es, el 26% de jóvenes que son representados por abogados de panel son transferidos a cortes para adultos, a diferencia del 13% de los jóvenes representados por defensores públicos.

Según la investigación, los abogados de panel “consultan a expertos con menos frecuencia, y presentan menos documentación que apoye a sus clientes”. También, los menores representados por abogados de panel son encarcelados con más frecuencia en prisiones estatales y del condado.

Un reporte anterior, realizado previamente por la escuela de leyes Loyola, obtuvo resultados similares.

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