Más de 875 mil latinos afrontarían trabas en las urnas en noviembre, advierte NALEO
Tras un polémico dictamen del Tribunal Supremo en 2013, 19 estados han restringido los requisitos para votar, dejando “vulnerables” a ocho millones de votantes latinos, dice informe
Crédito: Archivo | La Opinion
WASHINGTON.- Por primera vez en más de medio siglo, los votantes irán a las urnas a elegir a un presidente sin las plenas protecciones de la “Ley del Derecho al Voto”, y más de 875,000 latinos podrían afrontar trabas debido a restricciones en 19 estados.
Así lo advirtió este miércoles un informe del fondo educacional de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO, por sus siglas en inglés), que examinó las restricciones adoptadas en 19 estados desde que el Tribunal Supremo anuló parte de la “Ley del Derecho al Voto” en 2013 y que podrían afectar a más de 875,000 votantes latinos.
Las de 2016 serán las primeras elecciones presidenciales sin las plenas protecciones de la “Ley del Derecho al Voto” (“Voting Rights Act” o VRA), en unos momentos en que grupos cívicos hispanos realizan sendas campañas de ciudadanía y registro de votantes.
Según proyecciones conservadoras de NALEO de febrero pasado, del total de 27,3 millones de hispanos elegibles, 13,1 millones acudirán a las urnas.
La magnitud de esa cifra demuestra la urgencia de proteger el derecho al sufragio de la minoría más grande del país, según activistas.
COBERTURA ESPECIAL DE LAS ELECCIONES
Impacto de restricciones en las urnas
En total, ocho millones de latinos – o cerca de uno de cada tres votantes hispanos- residen en esos 19 estados con mayores restricciones para el voto.
Son especialmente “vulnerables” porque esas jurisdicciones –que habían registrado problemas de discriminación en las urnas en el pasado- quedaron libres de cualquier supervisión del Departamento de Justicia en el manejo de sus elecciones.
La lista incluye a los estados de Alabama, Arizona, Arkansas, Indiana, Kansas, Kentucky, Mississippi, Montana, Nebraska, Nuevo México, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Tennessee, Texas, Utah, Virginia y Wisconsin.
En Texas, por ejemplo, las restricciones sobre el tipo de cédula de identidad podrían afectar a unos 771,300 votantes latinos, mientras que en Virginia, la cifra sería de 45,600, indicó el documento.
Durante una rueda de prensa en Washington, Arturo Vargas, director ejecutivo del fondo educacional de NALEO, explicó que el dictamen del Tribunal Supremo en el caso “Shelby County v. Holder” abrió las puertas a leyes o prácticas que esencialmente permiten la discriminación de los votantes.
Ese dictamen eliminó una cláusula que exigía a jurisdicciones con patrones de discriminación obtener permiso previo del gobierno federal antes de efectuar cambios en las leyes electorales.
Vargas destacó la importancia de que los latinos conozcan sus derechos y responsabilidades como votantes porque “el votante más protegido es el que está informado”, aunque el Departamento de Justicia también juega un papel importante.
“Vamos a alentar al Departamento de Justicia a que incremente su vigilancia de los centros de votación, especialmente en los estados que identificamos y donde los latinos podrían ser alejados de la urnas o privados de votar”, dijo Vargas.
Más adelante, en declaraciones a este diario, el secretario de Estado de California, Alex Padilla, consideró que, a su juicio, “no es coincidencia” que las restricciones para debilitar el voto fuesen adoptadas en estados con una creciente población hispana.
“En California esto no ocurre, pero si vemos quiénes son los más impactados por estos cambios en las leyes, en mi opinión no es coincidencia que se hicieron con intenciones” de suprimir el voto de las minorías, dijo Padilla.
¿Cuáles son las restricciones?
El informe explicó que, en general, las restricciones están agrupadas en al menos cinco categorías:
- exigencia de cédula de identidad;
- más requisitos para el empadronamiento;
- reducción de días para el voto por adelantado;
- más trabas para el voto por correo,
- y más reglamentos para el conteo de papeletas provisionales.
Además, algunas jurisdicciones han suprimido o consolidado centros de votación, exigen comprobante de ciudadanía, o no han adoptado medidas para dar asistencia en las urnas a minorías que no dominan el inglés.
El exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, dijo que le preocupa en particular el restringir los centros de votación porque eso produce “filas larguísimas”, como ocurrió en la primaria republicana en la isla.
“La meta debe ser que el mayor número posible de personas pueda participar de una forma honesta, que garantice la pureza del proceso”, dijo Fortuño.
Tarea inconclusa del Congreso
La legisladora demócrata por California, Lucille Roybal-Allard, consideró que el informe debe ser un llamado a la acción para que el Congreso actúe pronto sobre dos iniciativas pendientes, para que el sistema político sea “más accesible”.
“El Congreso debe restablecer en toda su plenitud la Ley del Derecho al Voto para que todos los votantes elegibles puedan participar en nuestra democracia”, dijo la congresista.
“Aunque sabemos que los latinos harán historia este año, su participación electoral alcanzar nuevas cimas si se eliminan las barreras a su plena participación y los candidatos responden a los asuntos más apremiantes del electorado latino”, puntualizó Roybal- Allard.
