Cientos de veteranos de guerra elegibles para naturalizarse y que solo cometieron delitos menores en sus períodos de crisis mental han sido deportados en lugar de recibir ayuda del país que defendieron, concluye un reporte de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El informe “Discharged, then discarded” (Usado, luego deshechado) documentó 84 casos de excombatientes de las Fuerzas Armadas que han sido expulsados del país o que enfrentan procesos de deportación luego de cometer faltas menores, como poseer droga o por violencia doméstica.

ACLU afirma que miles de veteranos con residencia permanente fueron enviados injustamente a sus lugares de origen solo para enfrentar una nueva batalla: vivir alejados de los suyos y sin recibir atención médica en un sitio para ellos ajeno, donde los tratan de reclutar los carteles de la droga y las pandillas.

Muchos de éstos, según el reporte de ACLU, han perdido ese combate.

“Docenas de veteranos han muerto en años recientes por no recibir la atención médica debida”, dijo Jennie Pasquarella, directora de derechos de migrantes de la ACLU de California.

Gran parte de este problema se atribuye a las leyes punitivas promulgadas en la década de 1990 y que ampliaron la lista de delitos por los que un residente permanente puede ser echado de este país.

Leyes punitivas

Pero ni purgando sentencias los veteranos evitaron la maquinaria de deportación.

“Si hubieran sido ciudadanos estadounidenses les habrían permitido irse a sus casas y tratar de rehacer sus vidas, pero como no lo son fueron transferidos a las autoridades migratorias”, señaló Pasquerella.

El análisis de ACLU encontró que la vasta mayoría de los veteranos deportados que entrevistó vivieron legalmente por décadas en Estados Unidos y que durante su servicio militar eran elegibles para hacerse ciudadanos, pero no hicieron dicho trámite porque el gobierno no los guió adecuadamente.

Varios de esos casos están conectados con faltas menores por consumir droga, algo que se liga a las dificultades mentales y físicas que éstos enfrentan mientras se reincorporan a la vida civil.

“No son ni de aquí ni de allá. La gente allá los ve como americanos y por su habilidades son acosados por la Policía y los narcos”, indicó César Medrano, representante legal de ex combatientes.

Proveer atención médica en el extranjero a los exmiembros de las Fuerzas Armadas es otra obligación que el Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) está ignorando, subrayó ACLU.

Solicitarán visa humanitaria

Este viernes, una decena de veteranos “desterrados” que reside en Tijuana se presentará en la Garita de Otay para solicitar una visa humanitaria y recibir atención sanitaria en este país.

En ese grupo estaría Héctor Barajas, quien vive al otro lado de la frontera después de que lo arrestaron por detonar un arma de fuego en Compton. Su padre, Natividad Barajas, confía en que Héctor podrá reingresar a EEUU para tratar su diabetes y alta presión, y además para ver a su madre enferma.

“Héctor no está bien”, dice el señor Natividad, quien emigró de Zacatecas en la década de 1970.

Los casos

A Daniel Torres, un antiguo infante de Marina que fue desplegado en Irak en 2009, lo enviaron a Tijuana después de que la corporación supo que se enlistó con un acta de nacimiento y un número de seguro social falsos. Se enteraron cuando él perdió su cartera y trató de reemplazar su identificación.

“Terminé en Tijuana sin poder regresar al país que consideraba propio. Por cinco años no pude ver a mi familia”, contó Torres, de 30 años y quien recientemente logró naturalizarse.

Una historia similar relata Katerina Bautista, a quien no le importó usar la identidad de una tía con tal de defender al país que el terrorismo atacó aquel 11 de septiembre de 2001. “Sentí que tenía que ir”, dice esta mujer que fue expulsada del Ejército en 2009 luego de destapar su mentira.

Ahora ella intenta que su sacrificio sea una vía rumbo a la legalización. Pero le han rechazado dos solicitudes. “Hemos tenido mucha resistencia por parte de la Oficina de Migración”, dijo su abogada Noemí Ramírez.

Después de pasar siete meses en un centro de detención en El Centro, cerca de la frontera con México, Mario Martínez logró que le concedieran “pelear” en libertad un proceso de deportación que inició cuando -según él- hirió a su pareja por accidente y lo condenaron a cinco años de cárcel.

“Yo serví en el Ejército, tengo toda mi vida aquí, pago impuestos, toda mi familia es nacida aquí. Merezco otra oportunidad”, dice Martínez.