¿Podrá México frenar la corrupción de los gobernadores?

MÉXICO – El sistema de justicia mexicano arrancó una carrera irreversible en contra de la corrupción en México con un ataque a algunos de los últimos personajes intocables de la política en el país: los gobernadores, considerados una especie de “virreyes” modernos por su falta de frenos contra la corrupción y abusos de todo tipo.

Esto es: una acción de insconstitucionalidad que promovió la Procuraduría General de la República (PGR) – con el aval del presidente Enrique Peña- para evitar que los mandatarios de los estados de Veracruz y Quintana Roo, Javier Duarte y Roberto Borge, nombren a los fiscales anticorrupción a su gusto y conveniencia antes de irse del poder.

“El problema en México es que es una federación y sus estados son soberanos donde los gobernadores siguen siendo poderosos para controlar sus congresos: o compra o presiona a los diputados”, destaca Javier Aparicio, analista político del Centro de Investigación y Docencia Económica.

“El legislativo en las entidades no han sido un contrapeso”.

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La corte deberá determinar próximamente si son contrarios a la Ley Anticorrupción los nombramientos del titular de la Auditoría Superior del Estado y de la Fiscalía Anticorrupción que hicieron Duarte y Borges para evitar que su sucesor ponga a otra gente contraria a sus intereses para investigarlos una vez que dejen el poder.

Tanto en Veracruz como en Quintana Roo habrá próximamente un cambio de poder que quedará en manos de un partido diferente a los gobiernos actuales del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para líderes oposición la acción de inconstitucionalidad es un primer paso para reducir el poder de los gobernadores pero debe de ir a la par de otras acciones para evitar que “sea una acción mediática” ante la indignación popular.

“Sería saludable que a la par de esto la PGR acelere sus investigaciones sobre las denuncias hechas por la Auditoría Superior de la Federación sobre posibles y muy casi seguros desvíos de recursos”, dijo Jesús Zambrano, dirigente de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.

Por otro lado, la postura oficial del Partido Acción Nacional (PAN) es que ambos gobernadores citados y el de Chihuahua, César Duarte, sean juzgados por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, saqueo, desastre financiero y administrativo.

Postura similar mantiene la cúpula empresarial que en los últimos años mantiene una postura anticorrupción con el impulso de la Ley 3 de 3 que no logró en el congreso hacer públicas las declaraciones fiscales, patrimoniales y de intereses de los funcionarios.

“Ningún gobernador saliente o en funciones está por encima del sistema de justicia”, destacó Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana para fijar su postura respecto a la acción de inconstitucionalidad en manos del máximo tribunal de justicia.