Una niña indígena violada reaviva discusión sobre el aborto en México

En Sonora, donde ocurrió el delito, rechazaron interrumpir el embarazo, por lo que tendrá que viajar a la Ciudad de México, donde el aborto es legal
Una niña indígena violada reaviva discusión sobre el aborto en México
Aborto
Foto: Shutterstock

MÉXICO – A Citlali la violó una persona cercana a la familia. Y a sus 14 años esta niña indígena de etnia huichola no quiere tener un hijo. Con apoyo de los padres denunció al agresor y luego solicitó en el hospital público de Hermosillo, la capital de Sonora, un aborto porque el estado permite realizarlo en estos casos.

Pero no fue así: un juez determinó que debido a que el ministerio público clasificó el delito como estupro (no como violación) el aborto no fue autorizado y así mismo, con esas palabras, la gobernadora Claudia Pavlovich salió a defender la decisión judicial.

“Estamos imposibilitados legalmente”, dijo a los medios de comunicación que la cuestionaron después de que la organización civil a favor de los derechos reproductivos de la mujer “Gire” dio a conocer el caso y denunció que, tras bambalinas, las autoridades le ofrecieron un boleto de avión para que viaje a la Ciudad de México a interrumpir su embarazo.

En México cada estado establece en sus códigos penales cuando el aborto es delito o no y la capital mexicana es la única entidad del país que permite el aborto hasta las 12 semanas de gestación si la mujer lo desea; en el resto del país, sólo por violación es consentido en las 32 entidades.

Sobre el resto de causales cada estado tiene sus propios criterios. En caso de peligro de muerte lo autorizan 24; por imprudencial o culposo, 29; por inseminación artificial no consentida,13; por alteraciones genéticas, 16 y por enfermedades congénitas dos.

“Esto es discriminación jurídica ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir su embarazo dependiendo el lugar de residencia”, advierte Gire.

“Estas restricciones obligan a las mujeres a hacerse abortos inseguros, pone en riesgo su vida y es una violación a sus derechos humanos”, agrega Verónica Cruz, del Centro Las Libres, una organización civil que se formó en 2011 para defender a una decena de mujeres encarceladas por abortar en el estado de Guanajuato.

Gire calcula que cada año en el país alrededor de 200 mujeres enfrentan juicios por interrumpir sus embarazos así sea para salvar su vida.

En los estados de Guerrero, Michoacán y Tlaxcala fue hasta 2015 que se expidieron nuevos códigos para excluir de responsabilidad del delito de aborto el riesgo grave a la salud de la mujer y sólo tras varios procesos legales por parte de mujeres y colectivos contra la penalización. Y quedan otros.

En casi todo el norte del país (a excepción de Baja California Sur), por ejemplo, se prohíbe interrumpir el embarazo aunque el producto tenga malformaciones genéticas y sólo dos estados del país se permite por causas económicas si la mujer tiene más de tres hijos: Michoacán y Yucatán.

En Aguascalientes el Hospital de la Mujer negó el aborto a una casada de 42 años y dos hijas con parálisis cerebral a pesar de los antecedentes por embarazos problemáticos. Finalmente ella viajó a la Ciudad de México para hacerlo, como lo hará Citlali y algunas otras de las 140,000 que desde 2007 tomaron la decisión.