Presentan archivo digital de masacres en México
Organizaciones civiles documentaron al menos 15 casos donde se pone en evidencia la violación de derechos humanos en el país
Tlatlaya es uno de los casos alarmantes en México. Crédito: EFE
México – Tlatelolco, Acteal, Atenco, San Fernando, Iguala y Tlatlaya son algunos de los sitios identificados con 15 casos paradigmáticos de violaciones graves a derechos humanos cometidas en México e incorporadas en un archivo digital presentado hoy por organizaciones civiles.
El archivo, integrado por las organizaciones en colaboración con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), “apuesta por la construcción social de la verdad y la preservación en la memoria pública” sobre estos casos, indicaron las agrupaciones en un comunicado.
Durante año y medio de trabajo, la Oficina para México y Centroamérica de Artículo 19, el Centro de Análisis e Investigación Fundar, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana coordinaron esfuerzos con el INAI para diseñar la plataforma.
La herramienta “busca facilitar el acceso a la información pública y de otras fuentes, y así apuntalar el conocimiento público y procesos de memoria y verdad de casos de violencia estatal”, refirieron.
Los casos abarcan desde la matanza de estudiantes de Tlatelolco (1968) hasta otros más recientes, como el asesinato de 45 indígenas en Acteal (1997), la represión a manifestantes en San Salvador Atenco (2006), la masacre de 72 migrantes en San Fernando (2010), la desaparición de 43 alumnos de la escuela para maestros de Ayotzinapa en Iguala (2014) y la matanza de 22 personas en Tlatlaya (2014).
Otros casos incluidos son los de la Guerra Sucia contra movimientos opositores que se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970 y la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas en 1995.
De acuerdo con las organizaciones, “la primera etapa de este proyecto evidencia la opacidad y ocultamiento que rodea este tipo de casos”.
Señalaron que “una evaluación de la información aportada por autoridades durante más de una década de transparencia en el país demuestra que las respuestas a más de 600 solicitudes analizadas (50% del total de peticiones relacionadas con los 15 casos) no entregan información alguna, la clasifican o la declaran inexistente”.
“La segunda etapa -que da inicio a partir de esta presentación- requiere discusiones públicas y aportaciones de aquellos documentos e información que tengan todas las expresiones sociales (academia, defensores, periodistas, investigadores, etcétera) para poder hablar entre sí e ir construyendo verdades”, añadieron.
Subrayaron que durante los meses de colaboración entre el INAI y las organizaciones, “la construcción de la plataforma no fue un proceso armónico”.
“Si bien los problemas enfrentados han sido diversos y en apariencia obedecen a trabas técnicas, detrás de estos existen claros intentos provenientes desde su interior por debilitar y entorpecer el proyecto”, indicaron.
Al respecto, citaron la decisión unilateral del INAI, órgano autónomo del Estado, de excluir el incendio de la Guardería ABC, donde murieron 49 niños en 2009, de la versión final de la plataforma.
También mencionaron “el uso desproporcionado, insostenible y equívoco de la protección de datos personales, que configura una forma de censura”, así como “una actuación opaca del Instituto y el incumplimiento constante de los compromisos y acuerdos asumidos”.
Las organizaciones hicieron “un llamado público al INAI y sus comisionados y comisionadas para revertir los puntos señalados y traducir a hechos sus varios compromisos públicos con la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas en casos de violaciones graves a derechos humanos”.
