Abogada que orquestó fraude migratorio afrontará cargos criminales

Por lo menos 14 personas pagaron hasta $100,000 para que gestionara sus peticiones de ciudadanía, pero descubrieron que ni llegó a presentar las solicitudes

La Fiscalía ha señalado que el fraude migratorio tuvo consecuencias "nefastas" para varias de las víctimas.

La Fiscalía ha señalado que el fraude migratorio tuvo consecuencias "nefastas" para varias de las víctimas. Crédito: Christopher Furlong | Getty Images

La fiscal general Kamala Harris anunció el viernes que presentará cargos criminales contra Mary Brooks, una abogada que estafó a por lo menos 14 inmigrantes que habían confiado en ella para que procesara sus solicitudes de ciudadanía en Estados Unidos.

Brooks pidió a las víctimas un sustancioso pago inicial por la consulta y después les continuó exigiendo pagos periódicamente, a lo largo de incluso años, pero nunca llegó a presentar sus procesos ante el Servicio de Naturalización y Ciudadanía (USCIS).

Cuando sus clientes le preguntaban por qué sus casos no avanzaban a lo largo de los años, Brooks ponía cualquier excusa: estaba enferma, había habido cambios en los integrantes de la corte migratoria, había cierres en las oficinas gubernamentales…

También presionó a sus empleados para que mintieran sobre el envío de documentos y engañaba a las víctimas afirmando que la solicitud avanzaba sin problemas y falsificando documentos como cheques y recibos para respaldar sus mentiras.

Algunos de los damnificados, descontentos con la labor (o la falta de ella) de Brooks, quisieron prescindir de sus servicios y entonces la abogada les amenazó con denunciarles ante la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (ICE).

El esquema de fraude migratorio de Brooks robó por lo menos 100,000 dólares a las víctimas, todas ellas residentes del condado de San Joaquín, a quienes no llegó nunca a ayudar en los trámites administrativos hacia la ciudadanía.

Brooks era parte del Colegio de Abogados de Kansas, aunque debido a su especialización en derecho migratorio se ocupó de casos en California, concretamente en el condado de San Joaquín entre 2011 y 2015.

Tras recibir docenas numerosas quejas en su contra, fue inhabilitada por el Colegio de Abogados de Kansas para ejercer la abogacía en 2015, pero eso no le impidió continuar exigiendo a sus clientes pagos que supuestamente financiaban los costos de la solicitud o sus propios honorarios por una labor que ya no podía realizar.

La Fiscalía de California señaló que la falta real de representación legal de los clientes de Brooks les trajo en ocasiones consecuencias nefastas, y busca a otras posibles víctimas. Cualquiera que haya sido defraudado por las malas prácticas de Brooks puede ponerse en contacto con la Fiscalía en el 916 322-2686.

En un comunicado, Harris afirmó que “quienes explotan y defraudan a inmigrantes trabajadores que están intentando navegar un sistema complejo son despreciables, abusivos y responderán por sus actos”.

Recordó asimismo que “debemos estar atentos a los depredadores, incluyendo a abogados y consultores de inmigración sin escrúpulos, que se aprovechan de los inmigrantes y usan tácticas de miedo para evitar que denuncien estos crímenes”.

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