Con esta legislatura California intenta proteger a los migrantes ante Trump
Los proyectos de ley rechazan órdenes presidenciales
California es uno de los estados que se ha declarado en contra de la política de Trump. Crédito: Aurelia Ventura | La Opinión
Legisladores estatales se alistan este martes a lidiar con dos anteproyectos de ley que pretenden ofrecer protección a indocumentados en riesgo de deportación bajo las ordenes presidenciales.
La SB 54, conocida como el “Acta de Valores de California”, fue presentada por el presidente del Senado estatal, Kevin de León, y fue diseñada para “proteger la seguridad y el bienestar de todos los californianos al asegurar de que los recursos estatales y locales no sean usados para impulsar las deportaciones masivas, separar a las familias, y finalmente dañar a la economía de California“.
En efecto, la medida impide que los funcionarios públicos estatales y locales cumplan funciones correspondientes a los agentes federales de inmigración
La propuesta no exime a las agencias estatales y locales de cumplir con órdenes judiciales sobre la transferencia de “criminales violentos a la custodia federal para propósitos de cumplimiento de inmigración“.
La medida se escuchará en el Comité de Seguridad Pública del Senado.
Además, en Sacramento se planea escuchar la SB 6 en el Comité Jurídico del Senado.
La medida, llamada “Garantizar el Debido Proceso”, del senador Benjamín Hueso, indica que como la Administración Trump ha propuesto expandir las categorías que serán blanco de deportación, “muchos de esos inmigrantes serán puestos en centros de detención por tiempos indefinidos, con acceso limitado hacia la representación legal.
“Como el estado más rico en población inmigrante de la nación, California será duramente afectada por esfuerzos a gran escala de deportación. La medida SB 6 ofrecerá fondos para la representación legal de los inmigrantes indocumentados“, indica el proyecto de ley.
Un análisis presentado por el Centro Anderson de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) calculó que en el Estado Dorado se concentra entre el 22% y el 26% del total de los trabajadores indocumentados del país.
