Corte impide revelar lista de agentes del LASD “problemáticos”
Se trata de unos 300 agentes con antecedentes de violencia doméstica, robo, soborno o brutalidad
El Sheriff del condado Jim McDonnell quiso proporcionar el listado a los fiscales, pero el sindicato que representa a los agentes de rango solicitó bloquearlo. Crédito: Archivo | La Opinión
Un tribunal de apelaciones ha bloqueado temporalmente una iniciativa del Sheriff del condado de Los Ángeles Jim MacDonnell que buscaba mejorar la transparencia del departamento a la manera en que ya lo hacen las agencias de otros condados en California.
La propuesta consiste en proporcionar a la fiscalía una lista con unos 300 nombres de agentes (en torno al 3% de los 9,100 miembros del departamento) con antecedentes de mala conducta tales como violencia doméstica, corrupción, falsificación de registros, acoso discriminatorio o brutalidad.
El gremio que representa a los agentes rango, la Asociación de Agentes del Sheriff de Los Ángeles (ALADS, por sus siglas en inglés) se opone a la medida porque considera que viola los derechos de privacidad de los agentes y por ello solicitó el bloqueo, y el miércoles pasado un panel de dos jueces les dio la razón.
El presidente de ALADS Ron Hernández considera que sería un castigo injusto adicional a los agentes con mala conducta, además de las sanciones de asuntos internos que ya hayan experimentado; mientras que la abogada del sindicato Elizabeth Gibbons sostiene que la consideración de proporcionar el archivo personal de un agente debería revisarse caso por caso.
El sindicato Asociación de Oficiales Profesionales de Paz del Condado de L.A., que representa agentes de más alto rango, también presentó una queja de prácticas laborales injustas ya que 15 de sus miembros se vieron incluidos en la lista, pero la entidad no se ha sumado a la denuncia de ALADS.
Otros departamentos de casi una docena de condados como San Francisco y Sacramento ya han adoptado una política similar, y algunos como Santa Bárbara o Ventura llevan aplicándola más de diez años. Además, la Corte Suprema de California apoya la iniciativa.
La cuestión que está en juego es la obligación, según las leyes de California, que tienen los fiscales de un caso de entregar pruebas que puedan ayudar a la defensa – incluyendo información que socave la credibilidad de un agente del orden, tales como sus antecedentes.
Por ahora, descubrir el posible historial de mala conducta de un oficial del LASD es responsabilidad de los fiscales o de los abogados defensores, que tienen que solicitar una orden de la corte para acceder a los registros policiales secretos y dependen de denuncias de actos ilícitos, procesos criminales abiertos contra algún agente o incluso las noticias, según recoge el Los Angeles Times.
La iniciativa de McDonnell traslada la responsabilidad a la propia agencia, bajo la premisa de que, como indicó el Sheriff asistente Todd Rogers, el departamento tiene una “obligación constitucional” de revelar a los fiscales los problemas de credibilidad de un agente cuyo testimonio sea clave en un juicio.
El juez James Chalfant de la Corte Suprema había dictaminado el mes pasado que el Departamento del Sheriff podría dar a la fiscalía del distrito los nombres de los oficiales problemáticos solo cuando haya un caso pendiente en el cual ese agente podría testificar, pero la protesta presentada por ALADS ha bloqueado la divulgación de nombres incluso en los casos pendientes.
