Urgen traducción fiable al español de “Advertencia Miranda” para detenidos latinos

WASHINGTON.- Más de 870,000 latinos que no dominan el inglés son detenidos por la policía cada año, y la falta de una traducción precisa de la llamada “Advertencia Miranda” puede tener serias consecuencias en sus casos, según afirmaron este viernes expertos.

Si la jerga legal ya es complicada, la ausencia de una traducción fiable al español, con lenguaje claro y libre de “Spanglish” o palabras inventadas, es un reto mayúsculo para las autoridades.

El español es el idioma más hablado en EEUU después del inglés, y los latinos conforman cerca del 16% de la población carcelaria, por lo que, según expertos consultados hoy por este diario, es necesario que los detenidos entiendan bien sus derechos legales en su propio idioma.

Esa necesidad se hace urgente ahora que la comunidad inmigrante percibe un clima de mayor hostilidad y persecución policial contra los extranjeros. Para muchos, el primer contacto con el sistema judicial es a través de una detención.

Según la Asociación de Abogados Estadounidenses (ABA, por su sigla en inglés), del total de arrestos cada año, 874,000 latinos necesitarían una traducción adecuada al español de sus derechos legales, y aún los que son bilingües prefieren el documento en su idioma.

En agosto de 2016, la ABA adoptó una resolución que insta a las autoridades locales, estatales y federales a que elaboren una traducción al español que sea “precisa” y culturalmente “adecuada”.

Pedro J. Torres Díaz, presidente de la Barra Nacional de Abogados Hispanos (HNBA, por su sigla en inglés), dijo que su grupo apoya la resolución de ABA porque “el no proveer una traducción de los Derechos Miranda mina una salvaguarda clave” para los detenidos, y debilita la validez de cualquier exención de esos derechos.

Una exención valida, en la que el detenido cede sus derechos, depende de muchos factores, incluyendo si le leyeron esos derechos en su idioma y si tuvo acceso a un intérprete, “y las autoridades policiales en todo el país están al tanto de eso”,  dijo.

Torres Díaz mencionó un sonado caso de 1998 ante el Noveno Circuito de Apelaciones, “United States v. Garibay”, en el que el tribunal determinó que el acusado no recibió ni firmó una exención escrita, en inglés o en español, y el oficial tampoco le leyó sus derechos en español.

Si un detenido no entiende bien sus derechos, es difícil creer que pueda rechazarlos.

¿Qué es la “Advertencia Miranda”?

Al detener a una persona, la policía tiene que leerle la “Advertencia Miranda”, en la que le informa de sus derechos legales.

La advertencia proviene del arresto de Ernesto Arturo Miranda, en Phoenix (Arizona), en marzo de 1963.

Miranda fue condenado por robo armado, secuestro y violación de una joven con discapacidad mental, pero el Tribunal Supremo anuló su condena en junio de 1966, en parte porque la defensa argumentó que éste no fue informado de sus derechos, y se violaron sus derechos constitucionales.

El caso ayudó al establecimiento de guías para que la policía informe a los detenidos de sus derechos constitucionales.

Aunque hay variaciones en cada estado, el texto reza: “Usted tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal legal. Usted tiene derecho a un abogado. Si no puede costearse un abogado, se le dará uno”.

No obstante, han pasado 51 años y no hay una traducción oficial uniforme y que la mayoría de las personas pueda entender.

“Ha habido casos en que los detenidos se confunden y no entienden que pueden utilizar los servicios de un abogado gratis”, explicó Leticia Molinero, presidenta del Instituto de Investigación sobre el Uso del Español en EEUU (RIUSS, por sou sigla en inglés).

“Es posible que un detenido renuncie a ese derecho porque piense que no tiene dinero para pagar un abogado, y eso podría perjudicarlo gravemente si no entiende lo que le están diciendo”, agregó.

Desde su creación en 2015, RIUSS, con sede en Nueva York, aboga por el acceso a traducciones fiables no sólo para los detenidos, sino también para situaciones como operaciones de rescate, disturbios, manifestaciones, accidentes de tránsito, y otras emergencias que requieran un “lenguaje claro”.

Errores y consecuencias

En su resolución, la ABA citó numerosos casos de errores de traducción, incluyendo imprecisiones, traducciones improvisadas, “Spanglish”, omisión de matices del idioma, y hasta uso de español rebuscado o “chapuceado”.

En el caso “People v. Díaz”, de 1983, la policía utilizó “conseguir un abogado” para traducir literalmente “get a lawyer”, obviando el matiz de que si una persona no puede costearse una defensa legal, las autoridades le dan acceso a uno de oficio.

En  otro caso, la policía le dijo a un detenido que tenía “derecho a apuntar a un abogado”, en vez de su derecho a que se le designara a uno, para traducir “appointed”.

La policía también ha recurrido al uso de “Spanglish”, como permanecer “silento” en vez de “guardar silencio”, y hasta palabras inventadas como “empleca”, probablemente refiriéndose a “implica”.

En el caso “United States v. Botello-Rosales” ante el Noveno Circuito de Apelaciones en 2013, otro con una traducción improvisada, un policía tradujo “free” como “libre”, en vez de “gratis”, al explicar el derecho a un abogado de forma gratuita.

En ocasiones, los tribunales han fallado a favor del detenido por problemas de traducción, pero en muchas otras situaciones sólo han creado confusión y complicado la resolución de sus casos.