Más de 100 profesores de leyes respaldan la propuesta santuario de California
Según los firmantes, la SB 54, que prohíbe que los recursos estatales y locales de aplicación de la ley sean utilizados para hacer cumplir leyes de inmigración, es constitucional
Jóvenes se manifiestan a favor de la política de “Estado Santuario” aprobada el año pasado por la legislatura estatal. (Francisco Castro) Crédito: Francisco Castro | La Opinión
Más de cien profesores de derecho del país firmaron una carta enviada al gobernador de California, Jerry Brown, en la que manifiestan su respaldo a la iniciativa que convierte a California en un “estado santuario” para indocumentados.
Según los firmantes, la ley SB 54, que prohíbe que los recursos estatales y locales de aplicación de la ley sean utilizados para hacer cumplir leyes de inmigración, es constitucional.
“La constitución es clara acerca de la autoridad de California para liderar el camino para resistir la deportación masiva mediante la SB 54”, aseguró Christopher Lasch, profesor asociado de leyes del Colegio de Leyes Sturm de la Universidad de Denver en Colorado, al anunciar la carta de respaldo.
Jessica Karp Bansal, directora de litigio de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), consideró que el presidente Donald Trump “está intentando intimidar a los gobiernos locales para que actúen como su fuerza de deportación”.
Sin embargo, la jurista recalcó que “la abrumadora muestra de apoyo de académicos del derecho deja en claro que la ley no está de su lado” y que California “puede -y debe- proteger a sus residentes”, aprobando la propuesta legal.
La iniciativa presentada por el presidente pro tempore del Senado, el demócrata Kevin de León, fue aprobada en abril por ese órgano legislativo y actualmente cursa su proceso en la Asamblea estatal.
“Profesores de leyes de toda la nación están de acuerdo: SB54, el Acta de Valores de California es constitucional en una base sólida”, comentó de León.
“Pero más que eso, ellos están de acuerdo en que es necesario aprobar el Acta de Valores de California para prevenir que el gobierno federal expropie el control local de la ley para operar su maquinaria de deportación masiva”, dijo.
Para que fuera aprobada por el Senado, la SB 54 incluyó la garantía de que las autoridades locales y estatales notificarán al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) 60 días antes de que los delincuentes convictos de delitos graves o violentos sean dejados en libertad.
Otra modificación también facilita a las autoridades locales transferir bajo la custodia de ICE a los delincuentes que previamente hayan sido deportados por un delito grave.
La iniciativa ha recibido apoyo de fuerzas locales de la policía incluyendo el Departamento de Policía de Los Ángeles pero ha encontrado rechazo entre los cuerpos de alguaciles, incluyendo igualmente el del condado de Los Ángeles.
Se espera que la medida sea aprobada próximamente por los asambleístas, aunque el gobernador no ha manifestado si firmará o vetará la propuesta legal.
La declaración de santuario podría suponer que el Gobierno federal recorte algunos de los fondos federales destinados directamente al estado, aunque no está claro en qué magnitud, en una medida que actualmente está bloqueada por un juez federal.
Un análisis del presupuesto estatal de California realizado por el Instituto de Política Pública de California encontró que el 36 % del presupuesto de gastos del Estado Dorado proviene de aportes del Gobierno federal
