Tribunal Supremo da victoria parcial a Trump en caso de veto a musulmanes

WASHINGTON.- El Tribunal Supremo dio este lunes una victoria legal y política a la Administración Trump, aunque parcial, al autorizar la aplicación inmediata de parte de su veto a inmigrantes de seis países musulmanes, aunque estudiará la legalidad de la medida en su sesión de otoño, mientras grupos pro-inmigrantes se preparan para frenarla por completo.

La máxima corte de EEUU, ahora con nueve magistrados, dio luz verde a que, en medio de la batalla legal, la Administración implemente de inmediato parte de su orden ejecutiva del pasado 6 de marzo, que fue una versión modificada de la que sacó en enero pasado.

La orden impone una moratoria por 90 días a inmigrantes de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y el Yemen, y por 120 días a refugiados de todo el mundo, mientras el gobierno fortalece el sistema de visas.

El caso llegó ante el Tribunal Supremo porque los tribunales del Quinto y Noveno Circuito de apelaciones le pusieron candado a la mayor parte de la medida, apoyándose en parte en las declaraciones públicas del presidente Donald Trump durante y después de la contienda.

Será la primera vez que la Administración la pondrá en práctica desde el caos en los aeropuertos tras la pequeña ventana después del pasado 28 de enero, cuando intentó frenar el ingreso no sólo de personas con casos aprobados sino también de residentes legales.

Ausente de Twitter sobre el tema, Trump calificó el dictamen unánime como “una clara victoria para nuestra seguridad nacional” porque deja en pie buena parte de la suspensión de viajes de inmigrantes de “seis países proclives al terror”, y de la entrada de refugiados.

“El dictamen de hoy me permite usar una herramienta importante para proteger a nuestra patria“, dijo Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca, en el que afirmó que solo quiere el ingreso de inmigrantes que quieran al país, “trabajen duro y sean productivos”.  

La batalla en otoño próximo será una gran prueba sobre los poderes ejecutivos de la Casa Blanca a la hora de aplicar las leyes de Inmigración.

El mayor grupo musulmán de EEUU, “Council on American-Islamic Relations” (CAIR), lamentó que el Tribunal haya ignorado el origen “anti-musulmán” de la medida y esté “envalentonando a los “islamófobos” en la Administración.

#Breaking: #CAIR Says #SCOTUS '#MuslimBan' Decision Ignores Anti-Muslim Bigotry, Emboldens Islamophobes in Trump… https://t.co/c25xrKzdCi

— CAIR National (@CAIRNational) June 26, 2017

Lo que dijo la Corte

En su dictamen de 16 páginas, que no lleva firma, el Tribunal Supremo determinó que la moratoria solo se aplicará a personas sin vínculo alguno “con cualquier persona o entidad en Estados Unidos”.

Es decir, se permitirá la entrada de refugiados con visas aprobadas, con familiares o con lazos con personas, agencias de reasentamiento y programas de refugiados, negocios, organizaciones no gubernamentales, y demás entidades en EEUU.

Tan solo esta semana, unos 50,506 refugiados ya han recibido el visto bueno para su reasentamiento en EEUU, según el Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC, en inglés).

Read our statement on the #MuslimBan order here:
Limited Supreme Court Order Keeps Muslim Ban Blocked for Many https://t.co/WCdqVgMuc7

— National Immigration Law Center (@NILC) June 26, 2017

El Tribunal Supremo consolidó en un solo caso los dos litigios paralelos contra el veto a los musulmanes, “Trump v. International Refugee Assistance Project (IRAP)” y “Trump v. Hawaii”, y escuchará los argumentos orales en su primera sesión de octubre próximo

Que no cante victoria

Durante una conferencia telefónica, defensores de los inmigrantes enfatizaron en que es apenas una victoria parcial para Trump porque es una implementación limitada, y que se prepararán para dar la batalla en otoño próximo contra una medida que, a su juicio, es discriminatoria y viola la Constitución.

“Cuando el Tribunal Supremo reanude su sesión, estaremos contando con que la corte reafirme lo que el pueblo estadounidense ha dejado muy en claro: no hay cabida en este país para cualquier política que intente discriminar o dividirnos según cómo recemos, cómo luzcamos, o de dónde vengamos”, dijo Karen Tumlin, directora legal de NILC.

“Nos parece repugnante para nuestros valores que los individuos de estos seis países que se someten al proceso, obedecen las reglas y obtienen visa para venir a este país, sean tratados distintos o se les prive de una visa”, agregó.

Becca Heller, directora del Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados, dijo que las partes que entrarán en vigor son “increíblemente reducidas”, sólo afectarán a un pequeño grupo de personas, y “no debería aplicar a ninguna persona con visa ya aprobada”.

Omar Jadwat, director del proyecto de los derechos de los migrantes de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), precisó que grupos como el suyo se prepararán con todo para la audiencia oral en otoño y, simultáneamente, se mantendrán en alerta ante cualquier esfuerzo del gobierno por “moldear o cambiar el derrotero de este litigio contra la veda”.

“No es aceptable ni constitucional el usar el sistema migratorio para discriminar a personas… Creemos que el Tribunal rechazará, como lo hicieron otros tribunales, los esfuerzos del presidente de ponerse por encima de la ley” con esta veda, subrayó Jadwat.

Melanie Nezer, una vicepresidenta del grupo procesamiento de refugiados “HIAS” –uno de los  demandantes-, reafirmó que los refugiados son sometidos a un prolongado y vigoroso proceso y muchos vienen a reunirse con sus familias, “y será difícil decir que no tienen estos lazos”.

Nezer y los demás activistas prevén poner en marcha un plan de acción para impedir excesos de la Administración –como la súbita revocación de visas por discriminación racial o religiosa- y una repetición del caos generado en enero pasado.

Educarán a los migrantes sobre sus derechos mediante la distribución de materiales, y llevarán su lucha a las calles, los aeropuertos, la opinión pública y a la clase política en Washington, prometieron.

Para los activistas, la implementación de siquiera una pequeña parte de la orden ejecutiva de Trump, en unos momentos en que el mundo registra el peor desplazamiento de refugiados –poco más de 65 millones de personas- sólo agrava los riesgos para estas personas.