Claves de medidas “anti-inmigrantes” en la Cámara de Representantes

Los republicanos tienen los votos necesarios para aprobar la H.R. 3003 "anti-santuario" y la H.R. 3004 que endurecería penas a deportados que reingresen a EEUU
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Claves de medidas “anti-inmigrantes” en la Cámara de Representantes
Estos dos proyectos intensifican las presión sobre la comunidad indocumentada
Foto: Larry W. Smith / EFE

WASHINGTON – Con el aval del presidente Donald Trump, los republicanos de la Cámara de Representantes se alistan para aprobar este jueves sendas medidas contra las “ciudades santuario” y los inmigrantes indocumentados con antecedentes penales y que reingresan al país.

Ambas medidas modifican el “Acta de Inmigración y Nacionalidad” (INA, en inglés) y aunque los demócratas han dejado en claro que votarán en su contra, los republicanos tienen la mayoría de votos para su aprobación.

Las dos votaciones se llevarán a cabo en vísperas del inicio de un receso legislativo de una semana con motivo de las celebraciones de la Independencia, y coinciden con el encuentro anual del grupo conservador “FAIR”, que exige “mano dura” contra la población indocumentada y mayores restricciones a la inmigración legal.

Una de las medidas, la “H.R. 3003”, bautizada como el “Acta de Cero Santuario para Criminales”, priva de millones de dólares en fondos federales a localidades “santuario” que restrinjan la cooperación con la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

La segunda, la “H.R.3004”, bautizada como la “Ley de Kate”, amplía los poderes del gobierno federal para enjuiciar y encarcelar a indocumentados que reingresan a EEUU tras su deportación; omite exenciones humanitarias para quienes huyen de la violencia, e incrementa las penas carcelarias para indocumentados con antecedentes penales.

A continuación, los puntos principales de las dos medidas ante la Cámara de Representantes, que necesitarán el “sí” del Senado y la firma de Trump para convertirse en ley.

H.R. 3003, la ley “anti-santuario”, en 15 páginas:

  • Prohíbe que individuos y entidades impidan o restrinjan el cumplimiento de las leyes de Inmigración.
  • Priva de ciertos fondos policiales o de seguridad pública a jurisdicciones que no colaboren con ICE.
  • Prohíbe restricciones en la recolección de datos sobre el estatus migratorio de las personas y su delación ante el gobierno federal, o en la entrega de esos datos solicitados por el gobierno federal.
  • Limita el traslado de inmigrantes bajo custodia federal sólo a las autoridades estatales que cumplan con la nueva legislación.
  • Ordena que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregue informes anuales al Congreso, cada marzo, sobre las jurisdicciones que no cumplen con las tareas policiales de Inmigración.
  • Permite suspender por un año los fondos a las jurisdicciones “santuario”, hasta que el DHS “certifique” su colaboración.
  • Autoriza que los fondos negados a jurisdicciones “santuario” vayan en vez a gobiernos locales y estatales que sí cumplen tareas de Inmigración.
  • No exige que las policías locales y estatales denuncien o arresten a víctimas o testigos de delitos.
  • Permite que el DHS ordene a través de los llamados “detainers” migratorios, la detención preventiva por un mínimo de 48 horas, más allá de su puesta en libertad, de extranjeros arrestados y encarcelados por crímenes o infracciones de tránsito, si hay “causa probable” de que son inmigrantes “deportables”.

H.R. 3004, la “Ley de Kate”, en seis páginas:

  • Impone multa y/o una pena carcelaria máxima de 2 años a inmigrantes que reingresan ilegalmente a EEUU tras haber sido deportados.
  • Impone multa y/o una pena carcelaria máxima de 10 años a los que reingresan ilegalmente y habían sido condenados por al menos tres delitos menores o un delito grave.
  • Impone multa y/o una sentencia máxima de 15 años para aquellos que antes de su deportación habían sido condenados a al menos 2 años y medio de prisión.
  • Aumenta la sentencia máxima a 20 años para aquellos indocumentados que habían sido condenados a cinco años de prisión.
  • Impone una sentencia máxima de 25 años para quienes fueron condenados por asesinato, violación sexual, secuestros, u otros delitos graves.
  • Impone una sentencia máxima de 10 años para quienes reingresaron ilegalmente tras haber sido deportados al menos tres veces.
  • Impide que los inmigrantes sometidos a un procedimiento judicial puedan impugnar la validez de una orden de deportación previa.
  • Los inmigrantes indocumentados detenidos en la frontera y que tenían pendiente una pena carcelaria antes de ser expulsados, deberán cumplirla y no podrán solicitar libertad condicional o supervisada, salvo que el DHS haya autorizado su regreso.