Editorial: Mercaderes de la educación

El debate sobre las normas que rigen los colegios con fines de lucro es clave para los latinos y afroamericanos. Ellos son los que porcentualmente tienen la mayor cantidad de jóvenes que asumen deudas para depositar su futuro en estas instituciones.

El problema es que las escuelas respondieron inadecuadamente a esas expectativas y sueños. Como si fuera poco, los intentos para corregir los peores abusos hoy están siendo frenados por el Departamento de Educación.

Desde hace tiempo se sabe que los estudiantes que asisten a estos colegios son los terminan más endeudados, los que tienen el índice más alto de incumplimiento de deuda, una mayor deserción -deuda sin título- y una alta frustración la hora de buscar trabajo.

La gravedad de la situación exigía una respuesta que recién se dio con la bancarrota de los colegios Corinthian y ITT Technical Institute. Decenas de miles quedaron sin escuela y con una deuda mayúscula.

La administración Obama estableció una serie normas que debían entrar en vigor el 1ro. de julio ante futuros casos similares, pero fueron congeladas por la secretaria de Educación, Besty DeVos.

La norma conocida como “borrower defense to repayment” (defensa del prestatario para repago) establecía que se cancelaría la deuda a los estudiantes víctimas de fraude, prohibía el arbitraje obligatorio -en vez de ir a los tribunales- y le daba al Departamento de Educación la autoridad para tomar acción si determinaba que un colegio corre riesgo financiero.

DeVos, quien es una entusiasta de la educación privada, congeló la norma a la espera de que se resuelva una demanda la Asociación de Escuelas Privadas Posecundarias de California contra su propia agencia. Ella espera que ganen los demandantes.

Lo irónico del caso es que la protección de los estudiantes de minorías es el argumento principal de los colegios con fines de lucro para eliminar la norma. Es indignante, y hay que ser muy desvergonzado, para primero engañar a los estudiantes y luego asegurar que estos jóvenes serían los perjudicados ante los cambios para prevenir la estafa.

Por eso es vital la demanda presentada por los procuradores de 18 Estados de la Unión Americana, Illinois, California y Nueva York incluidos, para mantener la protección y el respeto a los derechos de los estudiantes. También existe una segunda demanda iniciada por organizaciones que defienden al consumidor.

La educación terciaria, técnica y vocacional no es un producto más a la venta. Es una inversión con fines y expectativas específicas y con un impacto fundamental en el estudiante.

El deseo de superación de los estudiantes de minorías, que no tienen otra alternativa académica que estas escuelas, tiene que ser respetado y protegido de los depredadores que solo ven en ellos una fuente para hacer dinero a toda costa.