Estos son los 15 estados que inician guerra jurídica contra Trump por fin de DACA
Se cocina la que sería la peor derrota política desde que el presidente Trump llegó al poder
Lo prometido es deuda, sobretodo para los miles de jóvenes indocumentados que ven su “sueño americano” amenazado de muerte.
Una coalición de dieciséis fiscales generales de EEUU retaron hoy en una corte federal de Nueva York la decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa DACA, que beneficia a más de 800,000 jóvenes inmigrantes en el país.
Los fiscales han argumentado en la demanda, en la corte para el distrito este de Nueva York, en Brooklyn, que la decisión, anunciada por el fiscal general del país, Jeff Sessions, viola los derechos del debido proceso y afecta a los residentes, instituciones y economías de los estados.
Argumentaron además que poner fin al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado en 2012 por orden ejecutiva del presidente Barack Obama, viola la cláusula de igual protección de la Constitución por discriminar contra los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los que se benefician de la iniciativa.
Según la demanda, presentada por los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia, la medida tiene la intención “de castigar y menospreciar gente de raíces mexicanas”.
Sessions anunció el martes que el programa, que ha evitado la deportación de miles de jóvenes indocumentados y les ha permitido estudiar, trabajar, obtener licencias de conducir y viajar legalmente finalizaría dentro de seis meses, periodo en que la administración Trump espera que el Congreso presenten una propuesta.
Eric Schneiderman, fiscal general de Nueva York -estado que encabeza la demanda-, reiteró hoy al anunciar la acción legal que la decisión de la administración Trump fue “discriminatoria”.
Recordó que los jóvenes acogidos a esta iniciativa, conocidos como “dreamers” o “soñadores” respetan la ley, trabajan duro y pagan impuestos.
“Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación”, argumentó durante un evento en un centro educativo de Manhattan, en el que sindicatos y diversas organizaciones comunitarias y civiles mostraron su apoyo a los jóvenes.
El fiscal de Nueva York, estado con unos 42,000 “soñadores”, recordó que Trump se refirió a mexicanos como violadores y narcotraficantes durante su campaña electoral, y aseguró que la acción del mandatario está impulsada por sus motivaciones personales contra los mexicanos.
“La inmigración es la fuente de vida de Nueva York. La decisión de la administración Trump es cruel, inhumana y devastadora para los 42,000 neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa”, sostuvo.
La demanda argumenta que la suspensión del DACA impactará en sus economías con la pérdidas de ingresos por impuestos, trabajadores diestros y obligará a muchos jóvenes a dejar sus estudios.
Aproximadamente 1,400 beneficiarios del DACA perderán su autorización de trabajo y pondrían perder sus empleos a medida que sus términos con el programa comiencen a expirar.
“DACA garantiza el sueño americano”, aseguró Schneiderman durante el anuncio, en el que además afirmó que en Nueva York “sabemos que los inmigrantes no son nuestros enemigos”
El 97 por ciento de los beneficiarios de DACA en EEUU están empleados o van a la escuela y pagan unos 140 millones anuales en impuestos estatales y locales, según estadísticas citadas por la fiscalía general.
La demanda indica además que las personas que han confiado en DACA son ahora más vulnerables a la deportación que antes de que el programa se iniciara porque entregaron información sensible al gobierno federal en sus solicitudes para acogerse al programa.
El anuncio de eliminar el DACA ha generado protestas a través del país, incluido Nueva York donde fueron arrestadas unas 70 personas por actos de desobediencia civil.