Trump declara abuso de opiáceos como una “emergencia de salud pública nacional”
Su anuncio causó controversia porque la declaró una "emergencia de salud pública" y no una "emergencia nacional" plena, lo que restringe el tipo de ayuda que el gobierno federal puede aportar a la crisis
WASHINGTON- El presidente Donald Trump declaró oficialmente este jueves que la epidemia por el abuso de opiáceos es una “emergencia de salud pública nacional”, e instó al Congreso a que apruebe fondos para combatir un problema que se cobra la vida de decenas de miles de personas al año.
“No podemos permitir que esto continúe, es hora de liberar a nuestras comunidades del azote de la drogadicción… podemos ser la generación que ponga fin a la epidemia de los opiáceos. Lo podemos hacer”, dijo Trump durante un acto en el Salón Este de la Casa Blanca.
Su anuncio causó controversia porque la declaró una “emergencia de salud pública” y no una “emergencia nacional” plena, lo que restringe el tipo de ayuda que el gobierno federal puede aportar a la crisis y flexibiliza ciertos reglamentos para combatirla.
De entre las opciones que tuvo Trump para declarar una emergencia nacional, y así facilitar el desembolso de fondos federales correspondientes, Trump escogió la vía que provee el “Acta de Servicios de Salud Pública”.
Bajo esa ley, las autoridades podrán ampliar los servicios de “tele-medicina” en zonas rurales –básicamente consultas por internet-, y canalizar fondos federales hacia el combate de la crisis.
La otra opción desechada, dentro del “Acta de Stafford”, es la que hubiese permitido acceso directo e inmediato a fondos para la gestión de emergencias de la Administración Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA).
Como ha hecho en otras ocasiones, Trump utilizó el problema del consumo de drogas como uno de sus argumentos para justificar la construcción del muro en la frontera con México.
“Un pasmoso 90% de la heroína en EEUU proviene del sur de la frontera” y la construcción de un muro fronterizo “ayudará enormemente con este problema”, aseguró.
Sin embargo, el muro no resolverá el hecho de que la mayor parte del consumo y abuso de opiáceos que alimenta la crisis actual proviene de las recetas que emiten los médicos en sus consultorios.
Consultado sobre el tema, Raúl Hernández, especialista en asuntos de drogadicción de la “Clínica del Pueblo” en Washington, dijo que los jóvenes en particular tienen acceso a los opiáceos en recetas médicas y en otros medicamentos que “sirven de enganche para desarrollar la adicción”.
“Si vas a un médico por un dolor, que es una de las causas más frecuentes de una emergencia médica, te recetan Tylenol 3, o algo que tenga codeína… el problema es que tomas el medicamento para funcionar bien, para trabajar, pero te vuelves adicto y luego la necesitas para seguir tus tareas normales”, explicó Hernández.
Trump ya había adelantado la semana pasada que declararía una emergencia nacional por el abuso de los opiáceos, tal como lo recomendó en julio pasado una comisión creada en marzo por su Administración para combatir la drogadicción, y que debe entregar su informe final el mes próximo.
Una crisis a la vista
El problema de la adicción a los opiáceos es especialmente marcado en zonas que apoyaron al mandatario en la contienda presidencial el año pasado, y fuentes de la Administración dijeron a los periodistas que Trump solicitará fondos dentro de un paquete presupuestario a fin de año.
Se calcula que en EEUU más de 22 millones de personas sufren de algún tipo de adicción a las drogas, pero activistas comunitarios de grupos como “Shatterproof” piden que se trate el problema con más clínicas de tratamiento y menos cárceles.
Gary Mendell, fundador de “Shatterproof”, apoyó la idea de que la Administración Trump declarase la epidemia de opiáceos como una emergencia, para que los drogadictos tengan acceso a medicinas y demás tratamientos.
Una de las propuestas de la comisión, liderada por el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, es aumentar la disponibilidad de la “naxolona”, un fármaco utilizado para contrarrestar los efectos de los opiáceos, y restringir las recetas de analgésicos altamente adictivos.
También apoya mejorar la capacitación del personal médico sobre los opiáceos, y bloquear la entrada al país de potentes fármacos, como el fentanyl. La lista de opiáceos de popular consumo incluye, además de fentanyl, el Percocet, OxyContin y la heroína.
De hecho, las sobredosis son la principal causa de muerte accidental en EEUU, más del 60% a causa del abuso de opiáceos, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).
Según datos distribuidos por la Casa Blanca, 52,404 personas murieron por sobredosis de drogas en 2015, dos terceras partes de las cuales implicó el consumo de opiáceos. La situación empeoró en 2016, con un total superior a las 64,000 muertes.
El grupo Shatterproof indicó que 375 personas murieron a diario por culpa de la adicción en 2014, de los cuales cerca de 129 murieron de una sobredosis. En 2015, la cifra diaria aumentó a 142, es decir, más que el número de muertos en accidentes de coches y por la violencia de las armas.
El año pasado, en las postrimerías de la presidencia de Barack Obama, el Congreso autorizó el desembolso de mil millones de dólares para el tratamiento del abuso de opiáceos por un periodo de dos años, y la mitad de esos fondos fue destinado a los gobiernos estatales.
Los activistas del sector de salud pública esperan que el discurso de Trump vaya acompañado de esfuerzos reales para combatir la epidemia, no sea una “curita” para una herida profunda, y no se quede en meras oportunidades mediáticas.
“No queremos más visitas a centros de rehabilitación y fotos protocolares, ni que nos digan que somos valientes… lo que queremos es salvar vidas”, dijo a la cadena CNN el exlegislador demócrata de Rhode Island, Patrick Kennedy, miembro de la comisión y confeso drogadicto en vías de rehabilitación.