Gobierno de Trump libra lucha campal contra abortos para menores detenidas

Enconada lucha legal entre la ACLU y el gobierno de Trump, que pretende tomar control de las decisiones reproductivas de migrantes menores de edad en refugios del gobierno.
Gobierno de Trump libra lucha campal contra abortos para menores detenidas
Muchas jóvenes migrantes son arrestadas al cruzar la frontera y algunas ya vienen embarazadas. La violación es común en el camino (Foto: archivo)
Foto: John Moore/Getty Images

El gobierno de Estados Unidos presentó argumentos esta semana ante la Corte Suprema para impedir que una  menor de edad indocumentada que se encuentra bajo custodia del gobierno estadounidense en refugios para menores, pueda salir a realizarse un aborto.

Previamente, un juez federal ordenó al gobierno de Trump que dejara de impedir la salida de dos jóvenes centroamericanas de 17 años de los refugios de ORR, método que están utilizando para retrasar o impedir los abortos que ambas desean practicarse.

El gobierno solo apeló el caso de una de las muchachas, ya que descubrió que la otra tenía 19 años y que sería transferida a la custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) donde están los migrantes mayores de edad.

No hay restricciones sobre el aborto para las detenidas mayores de edad, pero el gobierno no paga por el procedimiento.

Estos dos nuevos casos recuerdan al de otra joven, Jane Doe, que en octubre libró una batalla para permitir que le dejaran practicarse un aborto tras cruzar la frontera en este país.  Eventualmente, las cortes fallaron en su favor y se realizó el procedimiento.

Sin embargo, no se trata de casos aislados, dicen abogados de derechos civiles, sino de una nueva política según la cual el gobierno de Trump pretende controlar el derecho reproductivo de las menores extranjeras bajo su custodia, aún cuando estas tengan fondos privados para hacerlo.

Desde hace varios meses, el Departamento de Justicia, en representación del gobierno de Donald Trump, está intentando forzar legalmente una nueva política en los refugios de menores que maneja la agencia llamada ORR (Oficina de Reasentamiento de Refugiados), para impedir abortos entre las menores bajo su custodia.

La Unión de Libertades Civiles (ACLU), está representando a las dos jóvenes y mantienen una demanda contra esa nueva política del gobierno, alegando que es contraria a la constitución de los Estados Unidos y diversos precedentes legales.

Las muchachas, de las cuales no se ha divulgado ningún detalle de identidad o donde están detenidas, son mencionadas en los documentos legales con típicos “alias”: Jane Poe y Jane Roe.

No obstante, el juez concedió al gobierno 24 horas para presentar apelaciones y estos acudieron de inmediato al nivel de apelaciones y de la Corte Suprema.

Tras la decisión inicial del juez de distrito, la abogada Brigitte Amiri, de la ACLU, dijo que a pesar de la orden judicial, “este gobierno no parece que vaya a abandonar su cruzada cruel para impedir abortos a las personas más marginalizadas dentro de nuestras fronteras”.

Las reglas internas, tanto de ICE como de ORR no impiden que las detenidas embarazadas pidan acceso a cuidados reproductivos o puedan practicarse un aborto si así lo desean.

En este caso, las  jóvenes tienen acceso a fondos privados para pagar el procedimiento, pero el gobierno estaba impidiendo su salida para que no lograran llevarlo a cabo.

La política del gobierno de Obama era la de pagar por abortos en casos de violación, incesto o peligros médicos y tampoco ponían trabajas para la realización del mismo en otros casos.  Pero todo cambió al llegar Scott Lloyd, actual director de ORR.

Cambio de política con Trump

Estos casos no son los únicos que han ocurrido desde que Scott Lloyd tomó posesión como nominado de Donald Trump a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) que tiene jurisdicción sobre los migrantes menores no acompañados.

“El niño nonato es un niño que depende de nosotros”, escribió Lloyd a sus subordinados en marzo al comunicarles una directiva interna en la que también advirtió que, de ahora en adelante, cualquier decisión respecto al embarazo de cualquier joven, depende de su oficina directamente.

En marzo, Lloyd dejó claro que ningún refugio bajo contrato con su agencia puede permitir que una menor tenga un aborto, aunque cumpla con todas las otras reglas de la ley estatal, como pedir permiso a un juez (o a sus padres).

El hecho de que la inmensa mayoría de estas jóvenes son violadas en el camino hacia el norte parece irrelevante para las nuevas autoridades.

Amnistía internacional calcula que 6 de cada 10 migrantes han sido violadas. Los que trabajan con estas jóvenes aseguran que el número es más elevado, hasta 8 de cada 10.