“Lo que Estados Unidos pida… se lo das”

La frase que titula este artículo sigue resonando en mi cabeza. Me la expresó un exembajador mexicano que vive en los Estados Unidos. No cito su nombre porque no estoy autorizado, pero se dio en torno a una conversación sobre la explotación de recursos naturales en México, tras una mesa de análisis en Nueva York.

¿Así? ¿Sin más?, le pregunté sorprendido por su expresión, en espera de un argumento diplomático más elaborado. “Sí, así nomás”, reviró.

La postura del exembajador mexicano establece los desafíos que enfrenta México ante la relación diplomática con Estados Unidos, la cual es particularmente distinta en este segundo periodo de gobierno del presidente Donald Trump, algo que no se vio incluso durante su primer mandato, cuando su política exterior mantuvo “las formas” de conducirse, bajo el respeto –al menos frontal—de la Convención de Viena, la ley humanitaria y la no escrita ‘customary law’ o ley de respeto de fronteras.

En el actual gobierno de Trump la situación ha cambiado, como se ha visto en Venezuela, Irán, Cuba, el Caribe y el Pacífico; la inusual política de aranceles —detenida por la Corte Suprema estadounidense— y las acciones migratorias que ha obligado a acuerdos con casi 30 países para enviar a inmigrantes que no son de tales naciones, como lo ha documentado la organización Migration Policy Institute.

En la política interna, la administración de Trump ha enfrentado desafíos –y varias derrotas– ante tribunales, incluso con el bloqueo de varias de sus acciones económicas, migratorias, laborales, entre otras, pero a nivel internacional la situación cambia: no hay una figura que haga contrapeso a Estados Unidos, incluso contra sus aliados económicos y militares históricos, miembros de la OTAN, como Trump ha dejado claro al lanzar amagos contra Alemania, España e Italia. La razón de ese camino que parece libre es que EE.UU. no reconoce cortes internacionales –contra sus políticas y funcionarios— y ha denostado a la ONU y otros organismos internacionales. Es esencial comprender esto, porque en Relaciones Internacionales, es una máxima que los países se relacionan en medio de una anarquía y los organismos internacionales han sido indispensables para generar una especie de balance en economía, respeto a las soberanías y a los derechos humanos. El presidente Trump ha cambiado eso.

Reportes del Center for American Progress (CAP) y del Council for Foreign Relations (CFR) advierten que la estrategia del presidente Trump se impone en el mundo bajo la sombrilla de la “seguridad nacional” para EE.UU., aunque afecte la imagen del país.

“La administración Trump ha utilizado al ejército de forma improvisada, profiriendo amenazas y llevando a cabo acciones que han debilitado las alianzas, envalentonado a los adversarios y socavado la credibilidad de Estados Unidos”, indica el reporte del CAP del 19 de febrero de 2026, pocos días antes de que se implementaran las operaciones contra Irán.

El caso extremo ocurrió en Venezuela, con la extracción de Nicolás Maduro. La operación desató críticas de congresistas –principalmente demócratas–, pero la administración Trump dejó en claro que haría cualquier cosa para lograr sus objetivos en el exterior, aunque violara la Constitución, como alertó el Brennan Center for Justice sobre las acciones en Venezuela.

Sin embargo, el 3 de enero de 2026, el secretario de Estado, Marco Rubio, mandó dos mensajes en la conferencia de prensa tras detener a Maduro.

“No jueguen con este presidente en el cargo, porque no va a salir bien”, expresó Rubio sobre el actual mandatario estadounidense.

El segundo mensaje dejó claro que EE.UU. aplicaría acciones extraterritoriales sin importar las consecuencias políticas.

“Recuerden, en esencia, [la operación en Venezuela] se trataba del arresto de dos fugitivos acusados por la justicia estadounidense”, expuso Rubio. “Ahora bien, esto tiene implicaciones políticas más amplias, pero simplemente no es el tipo de misión que se puede notificar con antelación porque pone en peligro la misión”.

El poder de las cortes de EE.UU.

Aunque ha sido criticado, EE.UU. mantiene el uso de las cortes para perseguir a funcionarios extranjeros, algo autorizado por la Corte Suprema.

Por otro lado, no se debe negar el serio problema de seguridad que tiene México y aunque haya avanzado con acciones significativas, para su principal socio comercial ha sido insuficiente. El objetivo del “Escudo de las Américas”, creado por el gobierno de Trump en marzo pasado con 20 países de América Latina, tiene como aliados a gobiernos de derecha, pero lo más preocupante para México es que el eje del grupo, el enemigo a vencer son los cárteles mexicanos –y los funcionarios que los ayudan–, es algo que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no puede obviar.

En ese contexto, el gobierno de Sheinbaum se juega aspectos críticos en su evaluación sobre las acusaciones de narcotráfico y corrupción contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y los otros nueve acusados señalados por nexos con el Cártel de Sinaloa. México podría intentar seguir al pie el acuerdo de extradición con EE.UU., pero teniendo en mente que la administración Trump establece sus propios límites y bajo el riesgo de que, alguna madrugada, como la del 3 de enero de 2026 en Caracas, un comando estadounidense decida ir a Sinaloa por “fugitivos acusados por la justicia estadounidense”, parafraseando al secretario Rubio.

La pregunta no es si la acción defendida por Rubio sea legal en el marco internacional –al que no se alinea el gobierno de Trump–, sino cómo respondería México sin tener que enfrentar a un superpoder militar. El dilema es táctico y diplomático.

Jesús García tiene M.A. en Ciencia Política por el Graduate Center (CUNY) con especialidad en Relaciones Internacionales.