Sessions elimina directriz de Administración Obama para recrudecer combate a marihuana
El memo del Fiscal General ha creado confusión respecto a si se enjuiciará a dispensarios de marihuana en estados donde son legales
Marihuana para uso recreativo. / Foto: Getty Images Crédito: David McNew | Getty Images
WASHINGTON— Como una declaración de guerra contra estados que lideran el movimiento por la legalización de la marihuana, el fiscal general, Jeff Sessions, revirtió este jueves una directriz del llamado “memorándum Cole” bajo la Administración Obama, para que ahora los fiscales puedan combatir la venta y uso de la marihuana, incluso en estados como California que la han legalizado.
Sessions explicó que la directriz de 2013 minaba “el imperio de la ley” y era una traba para el cumplimiento de las leyes, y que el memorándum emitido hoy simplemente instruye a los fiscales generales en cada estado a que usen su discreción procesal “para interrumpir a las organizaciones criminales, encarar la creciente crisis de drogas, e impedir los crímenes violentos en todo nuestro país”.
En un memo dirigido a los fiscales federales, Sessions dijo que los “principios” que gobiernan los procesamientos judiciales requieren que éstos sopesen todos los aspectos de un crimen, el efecto disuasorio de un juicio, y el impacto cumulativo de crímenes particulares en la comunidad.
Ahora, los fiscales federales podrán desplegar los recursos judiciales con mayor eficacia para reducir la criminalidad, atajar la crisis de las drogas, y desmantelar a pandillas criminales, precisó Sessions, quien desde siempre se ha opuesto a la legalización de la marihuana, y el año pasado cuestionó su uso medicinal.
Previamente, durante una conferencia telefónica con periodistas, funcionarios del Departamento de Justicia no aclararon si los fiscales comenzarán a combatir los dispensarios de marihuana, o si el memo solo busca frenar la expansión de esa industria.
Las leyes federales prohíben el cultivo, comercialización, uso y posesión de la marihuana, pero el memorándum de 2013 del subfiscal James Cole, en efecto disminuyó la interferencia del gobierno federal en estados que legalizaron la droga.
Ese memorándum dio luz verde para que los fiscales federales no persiguieran casos judiciales en estados que han legalizado la producción y venta de la marihuana y han establecido un sistema para regular su uso, siempre que no estuviera dirigida a menores.
Según el grupo “NORML”, que aboga por la legalización nacional de la marihuana, ocho estados y el Distrito de Columbia, sede de la capital de EEUU, permiten el estupefaciente para consumo personal. La lista incluye a Alaska, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Nevada, Oregon y Washington.
Erik Altieri, director ejecutivo de “NORML”, consideró que la nueva medida revertirá el progreso en la disminución del encarcelamiento masivo debido a la criminalización del uso de la marihuana, cuya industria ha generado más de 150,000 empleos.
“Si la Administración Trump prosigue a combatir a estados que han legalizado la marihuana, estará eliminando miles de millones de dólares de negocios aprobados y regulados por los estados, y poniendo ese dinero de nuevo en manos de los carteles de la droga”, advirtió Justin Strekal, director político de “NORML”.
Una decisión sin amigos demócratas
Líderes demócratas calificaron la decisión como un regreso a la “fallida” guerra contra las drogas, que aumentará los encarcelamientos sin mejorar la seguridad pública.
“En vez de perseguir a los carteles de la droga, los crímenes violentos, y los principales narcotraficantes, el fiscal general, Jeff Sessions, está persiguiendo a quienes usan la marihuana con motivos recreacionales. Eso no es ser inteligente (en la lucha contra) el crimen”, se quejó la senadora demócrata por California, Kamala Harris.
Por su parte, el senador Cory Booker, de Nueva Jersey, señaló que esta decisión terminará en “el lado equivocado de la historia”, como lo están las “fallidas” leyes antidrogas que “perjudican desproporcionadamente a comunidades minoritarias y de bajos recursos, y nos cuestan anualmente miles de millones de dólares”.
Booker es autor de un radical proyecto de ley presentado el verano pasado que, de ser aprobado, legalizaría la marihuana, suprimiría las condenas federales relacionadas con la marihuana y penalizaría a estados que tengan un historial de justicia criminal que se ensaña con minorías raciales.
También es copatrocinador de una medida bipartidista y bicameral que permitiría que los estados establezcan sus propias políticas respecto al uso medicinal de la marihuana, sin la injerencia del gobierno federal.
En el lado de la Cámara de Representantes, el congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego, calificó de “irresponsable” la decisión, que además atropella los derechos de autonomía de los gobiernos estatales y “perjudicará desproporcionadamente a los jóvenes latinos y afroamericanos y los que tienen desventajas económicas, que ya afrontan mayor niveles de enjuiciamiento y condenas por ofensas de drogas menores”.
La decisión de Sessions afectará a la industria de la marihuana, que tan solo en Nevada ha generado ventas por casi $130 millones e ingresos a las arcas estatales por $20 millones desde julio pasado, señaló el congresista demócrata de ese estado, Rubén Kihuen.
En California, el ex boxeador Mike Tyson, y sus socios, han iniciado la construcción del denominado “Rancho Tyson”, un rancho de 40 acres en California City, pensado como un “centro recreacional” para cultivadores y consumidores.
La mitad del rancho, es decir 20 acres, estará destinado al cultivo de la marihuana, y contará también con una “fábrica de comestibles”, un anfiteatro y áreas de “camping”.
En declaraciones a este diario, Paul Armentano, subdirector de “NORML”, explicó que los fiscales generales tendrán la discreción de decidir a quién enjuiciar y cuánta prioridad dar a sus acciones policiales.
Otros aplauden el impacto en salud pública
El grupo “Respuestas Inteligentes a la Marihuana” (“Smart Approaches to Marihuana”, SAM) celebró el anuncio del Departamento de Justicia, por considerar que, bajo la Administración Trump, las autoridades lograrán frenar la “masiva infusión de dinero” que financia la comercialización de caramelos, galletas, helados y otros productos comestibles que incorporan la marihuana.
“Este es un buen día para la salud pública. Se acabaron los días de un refugio seguro para las inversiones multimillonarias en la marihuana”, dijo Kevin A. Sabet, un exasesor de política antidrogas de la Administración Obama y ahora dirigente de “SAM”, un grupo opuesto a la legalización de la droga.
Otros exfuncionarios gubernamentales y expertos en política antidrogas también aplaudieron la medida como un buen primer paso para evitar una repetición de los errores que, a su juicio, permitieron el florecimiento e influencia de la industria tabaquera.
“Esta es una movida correcta por parte del Departamento de Justicia. Para proteger la salud pública, tenemos que sofocar las grandes cantidades de fondos que gasta la industria de la marihuana para enganchar a los niños con productos de marihuana de alta potencia”, dijo Stuart Gillow, expresidente de la Sociedad Estadounidense sobre Medicinas Adictivas.
