Claves para entender a la comunidad de “tepesianos” salvadoreños

El Salvador espera una extensión del TPS por 18 meses y presiona al Congreso por una solución permanente
Claves para entender a la comunidad de “tepesianos” salvadoreños
Un alto porcentaje de los centroamericanos está protegido por el TPS.
Foto: Alex Wong/Getty Images

WASHINGTON— El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciará previsiblemente el lunes próximo su decisión sobre el futuro de cerca de 200,000 salvadoreños amparados al programa de Estatus de Protección Temporal (TPS), en medio de fuertes presiones para que lo extienda por otros 18 meses mientras el Congreso estudia una solución permanente.

Hoy mismo, el presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Cerén, habló por teléfono extensamente con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, para “reiterar la solicitud de prórroga” del TPS para sus connacionales, informó la cancillería.

Desde que los salvadoreños indocumentados recibieron ese beneficio en marzo de 2011, a raíz de sendos terremotos ese año, el gobierno de EEUU, bajo control demócrata o republicano, había venido ofreciendo prórrogas de hasta 18 meses.

En noviembre pasado, la Administración Trump canceló el TPS para unos 2,500 nicaragüenses y cerca de 60,000 haitianos, con un período de gracia de 12 y 18 meses, hasta enero y julio de 2019, respectivamente.

La Administración y sus aliados conservadores en el Congreso han argumentado que los problemas de pandillas, violencia, pobreza y crimen organizado en El Salvador requieren respuestas por vías alternativas, pero no justifican una extensión del TPS, que fue creado para quienes no pueden regresar a sus países por desastres naturales, conflictos civiles u otras circunstancias “extraordinarias y temporales”.

El gobierno salvadoreño ha mantenido una fuerte campaña de presión en EEUU, con múltiples enfoques y con la meta de evitar una deportación masiva de sus connacionales.

Ahora, su esperanza y la de una amplia coalición de grupos cívicos, empresariales, religiosos y sindicalistas es que, si Nielsen da el hachazo al TPS, al menos dé una ventana de 18 meses para que sus beneficiarios preparen su transición, ya sea para ajustar su estatus migratorio o alistar su salida voluntaria de EEUU.

Mientras, el Congreso tiene ante sí un abanico de propuestas relacionadas con el TPS, las más progresistas incluyen la extensión del programa temporal y la legalización de todos los beneficiarios, y las más conservadoras imponen más restricciones al programa actual.

A continuación, claves para entender el universo de los “tepesianos” salvadoreños:

Cifra de beneficiarios.— Según cifras oficiales, el número total de salvadoreños que se reinscribieron en la prórroga más reciente del TPS fue de 195,000.

La cifra es distinta a la original, de 262,568, porque muchos lograron ajustar su estatus migratorio –aunque también preservan el TPS-, no renovaron sus permisos, o les fueron revocados, explicó hoy a este diario la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

Se calcula que el 10% de los beneficiarios salvadoreños tiene un cónyuge que es residente legal.

Además, los “tepesianos” salvadoreños tienen, en su conjunto, 192,700 niños nacidos en Estados Unidos.

Los salvadoreños conforman el grupo más grande de “tepesianos”, pero están concentrados en California, Texas, Florida, Nueva York, Virginia y Maryland.

Sus números son especialmente notables en Los Angeles (California),  toda el área de la capital estadounidense, Nueva York, y Houston y Dallas (Texas).

Más de la mitad de este grupo lleva al menos 20 años en EEUU.

Presencia en la fuerza laboral.—  El 95% participa en la fuerza laboral,  concentrados en los sectores de construcción, restaurante y servicios, jardinería, turismo, supermercados y resto de industrias.

Además, el 10% se clasifica como empleado autónomo (contratistas o dueños de negocios), y sólo el 5% está desempleado, que es una tasa de desempleo similar a la tasa nacional.

Impacto en la economía— El ingreso medio de los salvadoreños amparados al TPS es de $50,000, y éstos contribuyen anualmente con sus impuestos poco más de $481 millones a los programas de “Medicare” y el Seguro Social, o poco más de $4,800 millones en una década.

Esa cifra no incluye lo que pagan en impuestos locales,  productos al consumidor, o de gasolina.

Se calcula que la deportación de salvadoreños, hondureños y haitianos amparados al TPS le costaría al gobierno más de $3,000 millones, además de que causaría enormes interrupciones y pérdidas a las empresas del sector privado que los contratan.

Raíces en las comunidades.— Varios estudios confirman que los salvadoreños han echado raíces en sus respectivas comunidades, creando negocios y adquiriendo patrimonio mediante la compra de propiedades.

Se calcula que el 34% de los hogares “tepesianos” tiene vivienda propia en EEUU.

Apoyo a desarrollo en El Salvador.— Además de aportar al crecimiento económico de EEUU, los salvadoreños también contribuyen al desarrollo de su país natal, adonde envían remesas que en 2016 totalizaron $4,500 millones, o el 17,1% de su Producto Interno Bruto (PIB).

Los salvadoreños también han creado organismos comunitarios que hacen acopio de recursos para financiar proyectos en sus ciudades de origen,  incluyendo clínicas, escuelas, y centros de recreación.

Clima de inseguridad en El Salvador.— Un estudio del mes pasado de “The American University” describió los continuos problemas sociales y económicos que afronta El Salvador,  y que se agravarían si tuviese que absorber y reintegrar a una repentina ola de deportados.

Pese a la narrativa de progreso por parte del gobierno, El Salvador mantiene el título de “país más violento” del continente americano, con  una tasa de homicidio seis veces lo que la ONU calificaría como una “epidemia”, y un aumento en el desplazamiento interno.

Otro informe del Departamento de Estado indicó que la tasa de homicidios en 2016 fue de 80,94 por cada 100,000 habitantes, sumando al clima de inseguridad que generan las pandillas y el crimen organizado.

En la actualidad, el país tiene una tasa de desempleo del 7%, con más de una cuarta parte de su población “subempleada”, y una fuerte dependencia en las remesas para su estabilidad económica.

Tiene, además, problemas significativos de infraestructura y de salud pública, incluyendo una aguda escasez de vivienda, escasez de recursos y espacio en su sistema de hospitales.

 

Fuentes: Departamento de Seguridad Nacional (DHS), gobierno de El Salvador, “Center for Migration Studies”, “Immigrant Legal Resource Center”,  “The American University”,  Departamento de Estado, y “Congressional Research Service”.