El Salvador merece respuestas sobre los niños desaparecidos durante la guerra civil

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pidió despejar cualquier freno que impida la búsqueda
El Salvador merece respuestas sobre los niños desaparecidos durante la guerra civil
Mujeres sostienen una pancarta con retratos de personas desaparecidas durante la guerra civil del país centroamericano.
Foto: Marvin RECINOS / AFP/Getty Images

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) pidió hoy al Estado salvadoreño despejar cualquier freno que impida la búsqueda de niños desaparecidos en operativos militares durante la guerra civil (1980-1992).

“Exhortamos al Estado para que despeje cualquier obstáculo que dificulte la investigación”, señaló el ente no gubernamental, que también llamó al Ejército a “cumplir con su obligación y asumir un rol activo en la búsqueda e identificación de las víctimas”.

Estas peticiones son en reacción a dos hábeas corpus resueltos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador en la que emplaza al ministro de la Defensa, David Munguía, para que busque en sus archivos información sobre dos operativos de 1982 en los que desaparecieron varios niños.

“La información que debe aportar el Ministerio de Defensa en el cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Constitucional es crucial, para el establecimiento de la verdad”, acotó la entidad, que aseguró que la misma servirá para esclarecer otros casos por los que el Estado salvadoreño ha sido condenado por instancias internacionales.

De acuerdo con la organización Pro-Búsqueda, que se dedica a la localización de niños desaparecidos forzadamente en El Salvador y que promovió los citados hábeas corpus, uno de estos operativos fue el conocido como la “guinda (huida) de mayo”.

Este fue una incursión militar desarrollada entre mayo y junio de 1982 en el norteño departamento de Chalatenango, en el que el Ejército “ejecutó varias masacres en diferentes zonas donde encontraban a población civil”.

El otro se registró en agosto del mismo año en el central departamento de San Vicente, donde las fuerzas estatales asesinaron a más de 200 civiles desarmados, masacre que se conoce como de “El Calabozo” y cuya causa penal se reabrió.