Nuevo plan de Trump causaría igual de daño que su campaña en contra de los indocumentados

Este lunes será un día clave para el presidente Donald Trump. Su administración dará a conocer el esperado plan de infraestructuras para generar inversiones de 1.5 billones de dólares y de paso recortar significativamente las regulaciones actualmente vigentes, lo que tendría un impacto muy negativo en el medioambiente.

El plan establece que una sola agencia del Gobierno tendrá el “liderazgo” en la evaluación de un proyecto de infraestructuras y será la encargada de dar el veredicto definitivo sobre su viabilidad, según indicaron a la prensa altos funcionarios de la Casa Blanca, que pidieron el anonimato.

Según detallaron, el nuevo plan busca crear un proceso bautizado como “una agencia, una decisión”, en el que habrá una agencia que tendrá el liderazgo y trabajará con otras para tomar una “decisión colectiva” y evitar que, como ocurre actualmente, diferentes actores se posicionen de manera distinta sobre un proyecto.

De esa forma, si Trump consigue convencer al Congreso, la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA) no podrá evaluar el impacto medioambiental de un proyecto de forma independiente.

Esa capacidad de evaluación independiente permitió a la EPA advertir al Gobierno del entonces presidente Barack Obama de los daños medioambientales que conllevaba la construcción del oleoducto Keystone XL para transportar unos 830,000 barriles diarios de crudo desde Alberta (Canadá) a distintos lugares de Estados Unidos.

Tras un largo proceso de deliberaciones, Obama decidió frenar la construcción del oleoducto, pero Trump revirtió la situación y lo aprobó en marzo de 2017.

“Gran parte del problema, actualmente, es que las reglas y las restricciones del Gobierno federal obstaculizan la construcción de un mejor Estados Unidos”, consideró uno de los funcionarios, quien aseguró que la Casa Blanca busca “acortar el proceso y, al mismo tiempo, preservar todas las protecciones medioambientales”.

Sobre todo, Trump busca acortar significativamente las deliberaciones, de forma que el Gobierno pueda otorgar a las empresas los permisos oficiales de construcción en dos años con un proceso de evaluación de 21 meses y un plazo de solo tres meses para procesar los permisos.

El plan de infraestructuras, además de acabar con regulaciones, busca impulsar una inversión de 1.5 billones de dólares, fondos que provendrán en gran medida de entidades locales y el sector privado.

De esos 1.5 billones, 200,000 millones de dólares serán fondos federales que el gobernante pedirá al Congreso durante los próximos diez años, según funcionarios de la Casa Blanca.

En primer lugar, Trump quiere gastar 100,000 de esos 200,000 millones en inversiones a nivel local, de forma que el Gobierno pueda dar un empujón final de financiación a aquellos estados o localidades a los que les quede muy poco para completar un proyecto de infraestructuras.

Además, el Gobierno quiere dedicar 20,000 millones de dólares a expandir su actual programa de préstamos y bonos a empresa privadas con el que actualmente se financian actividades para la renovación de infraestructuras de transporte y de agua, entre otros.

El Ejecutivo también quiere invertir 50,000 millones de dólares en infraestructuras en zonas rurales y otros 20,000 millones en “programas transformadores”, que plasmen una “visión de futuro” y sirvan para “construir las infraestructuras del próximo siglo”, según detallaron altos funcionarios.

Por último, Trump pedirá al Congreso 10,000 millones de dólares para mantener las instalaciones del Gobierno.

Como resultado, a través de modificaciones en otras partidas del presupuesto federal, el Gobierno financiará con 200,000 millones de dólares casi el 14 % de la reconstrucción de las infraestructuras, mientras que los otros 1.3 billones (el 86% restante) tendrán que ser asumido por las entidades estatales, locales y el sector privado.

La Casa Blanca defendió esa proporción de gasto y consideró que el Gobierno federal debe ser un “jugador menor” en el plan, en favor de la independencia de las entidades locales.

Tanto demócratas y republicanos están de acuerdo en la necesidad de invertir en la red de infraestructura, pero los desacuerdos se sitúan precisamente en esa proporción de la financiación.

Según la Casa Blanca, Trump quiere lograr un “acuerdo bipartidista” en el Congreso y, por ello, este mismo jueves se reunirá con legisladores de ambos partidos.

Además, para promocionar su plan, Trump viajará a diferentes a diferentes zonas del país que necesitan inversión o que son un ejemplo de mejora.