Trump pide pena de muerte para narcos como parte del combate a la crisis de opioides

WASHINGTON— El presidente Donald Trump pidió este lunes la pena de muerte para narcotraficantes de alto perfil y reiteró su exigencia de un muro fronterizo, para combatir la crisis de los opioides en EEUU, pero la idea generó un amplio rechazo de la oposición y de expertos en la lucha antidrogas.

Trump visitó este lunes New Hampshire, estado que en 2017 él calificó como una “guarida infestada de drogas”, para delinear su política para combatir la epidemia de salud pública generada por el abuso de opioides en EEUU, que se cobra la vida de 42,000 personas al año.

En un discurso con inconfundible cariz electoral, Trump volvió a su idea de construir su prometido muro fronterizo que, según él, ayudará a frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

“El 90% de la heroína en EEUU viene de nuestra frontera sur, donde los demócratas eventualmente se pondrán de acuerdo con nosotros y construiremos el muro para detener las malditas drogas”, dijo Trump ante el colegio universitario Manchester, en su primera visita al etado desde que asumió el poder el año pasado.

Azuzando a un auditorio que comenzó a gritar “construye el muro!”, Trump nuevamente culpó a los demócratas de bloquear un arreglo para DACA y de politizar el debate sobre el  muro fronterizo con fines electorales, pero aseguró que su partido es el que ganará esa batalla.

Trump volvió a mezclar el tema de las drogas con su combate contra las “ciudades santuario” que sirven de escudo a “criminales peligrosos” que, a su juicio, merecen “mano dura”.

Trump delineó su polémico plan poco más de cuatro meses después de que declaró la crisis de los opioides como una emergencia de salud pública, pero no una emergencia nacional, que automáticamente implicaría un aumento en los fondos federales para combatirla.

Pena de muerte para borrar crisis

Para disuadir el tráfico de drogas, Trump propuso aplicar la pena de muerte para narcotraficantes de alto perfil porque, según él, esa estrategia, aunque impopular, ha funcionado en otros países, donde las autoridades “no se andan con juegos”.

“Los traficantes de drogas matan a tantos miles de nuestros ciudadanos cada año. Por eso, mi Departamento de Justicia estará buscamos penas más severas que nunca… y esa pena será la pena de muerte”, dijo Trump, quien ha elogiado la práctica en países asiáticos.

“Otros países no se andan con juegos”, afirmó Trump, cuyo gobierno aplicaría la pena capital para quienes trafican altos volúmenes de drogas.

En la actualidad, la ley federal permite la aplicación de la pena de muerte para cuatro tipos de delitos relacionados con el narcotráfico, pero la persona tiene que haber estado directamente conectada con el homicidio de una víctima. Según analistas, lo más seguro es que esa parte del plan, de implementarse, terminaría ante el Tribunal Supremo.

El mandatario también sopesa la idea de entablar demandas contra algunas compañías farmacéuticas, sin precisar detalles.

Plan antidrogas

Su plan se apoya en tres ejes: el combate al tráfico de drogas, la prevención y la rehabilitación.

Trump también quiere la cooperación de la comunidad médica y de la industria farmacéutica para reducir el número de recetas de opioides en un tercio en los próximos tres años, tomando en cuenta que la epidemia con frecuencia comienza con el abuso de analgésicos.

La Administración busca la aprobación de unos $13,000 millones para los programas de prevención y tratamiento, según adelantó anoche a los periodistas Kellyanne Conway, la principal asesora de Trump.

Por otra parte, la Administración también quiere que el Congreso endurezca las leyes en torno a las sentencias obligatorias mínimas para quienes son condenados por el tráfico de fentanyl.

El plan incluye además incrementar el acceso de equipos de rescate a la “naxolona”, un fármaco ampliamente utilizado para revertir los efectos nocivos de una sobredosis de opioides.

La Administración quiere que el Congreso flexibilice los reglamentos de tal manera que “Medicaid” pueda cubrir gastos de rehabilitación de drogadictos en ciertas instalaciones.

También quiere invertir en campañas de educación y concientización sobre el abuso de las drogas, incluyendo recetas médicas, según una hoja de datos distribuida por la Casa Blanca.

Rechazo a la pena máxima

Durante una conferencia telefónica, activistas de grupos cívicos repitieron su queja de que la “criminalización” de las drogas ya se probó en el pasado con escaso éxito, y que lo que se requiere es mayor énfasis en tratamiento y prevención.

María McFarland Sánchez-Moreno, directora ejecutiva de la Alianza sobre Política de Drogas, criticó el “cinismo” de la Administración de aprovechar un problema de salud pública para imponer “medidas extremadamente duras e ineficaces”.

Trump está usando la criminalización del uso de las drogas para “azuzar a su base” pero, en realidad, no servirá para disuadir el narcotráfico, que encontrará otras avenidas en ilícitas, advirtió.

Por su parte, Nicole Austin-Hillery, directora ejecutiva para programas de EEUU de “Human Rights Watch” (HRW), dijo que EEUU “no se puede dar el lujo de repetir errores del pasado”, como la lucha antidrogas que llenó las cárceles a partir de la década de 1980.

“Es una crisis de salud pública” y la Administración haría bien en invertir con prudencia el dinero de los contribuyentes en programas de prevención, “no en estar imitando a otros regímenes que han recurrido a fallidas políticas”, aconsejó Austin-Hillery.

Se calcula que 32 países autorizan la pena de muerte para castigar ciertos delitos de narcotráfico, pero sólo siete de éstos realizan ejecuciones, dijo Vanita Gupta, presidenta de “The Leadership Conference on Civil and Human Rights”.

Tanto Gupta como Marc Mauer, director ejecutivo de “The Sentencing Project”, pidieron una estrategia “integral” para mitigar la crisis de los opioides, sin el alto costo humano, social y fiscal que tiene el plan de Trump.

Otros grupos cívicos, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), así como varios líderes demócratas,  condenaron el encarcelamiento masivo y el uso de la pena máxima para responder a la crisis actual.

The Trump administration has, once again, put out a potentially disastrous and ill-thought-out policy proposal. The idea of executing people who sell drugs is ineffective, and lawmakers on both sides of the aisle understand that.

— ACLU (@ACLU) March 19, 2018

https://twitter.com/ACLU/status/975835973425729537

Una crisis que se multiplica

Un informe reciente de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), indicó que, lejos de disminuir, la epidemia de la sobredosis de opioides más bien creció en un promedio de un 30% en 45 estados de la nación en el último año.

Según un análisis de los CDC de datos recabados en hospitales entre julio de 2016 y septiembre de 2017, la epidemia no perdona a nadie, ya que afecta a hombres y mujeres de distintas edades y etnias, y en todas las regiones.

Durante ese periodo, de cada 10,000 visitas a las salas de urgencia, casi 16 fueron por sobredosis de opioides. El mayor incremento ocurrió en la zona central del país, con un aumento del 70%, y en el oeste, con un aumento del 40,3%.

Según la directora interina de los CDC, Anne Schuchat, se trata de un “alarmante incremento” en el abuso de los opioides, como parte de una “veloz epidemia” que “no respeta fronteras” en el país.

En 2016, las autoridades registaron más de 42,000 muertes por el uso de opioides, incluyendo fentanyl, heroína y fármacos solo disponibles con receta médica.  Ese año, Virginia Occidental, Ohio y New Hampshire tuvieron los índices más altos de muertes por abuso de opioides, según los CDC.