Senadores demócratas presentan medida para prohibir pregunta sobre ciudadanía en Censo

El Departamento de Comercio tiene hasta el 31 de marzo para entregar al Congreso la versión final del formulario para el Censo de 2020

La pregunta migratoria puede resultar en conteos insuficientes.
La pregunta migratoria puede resultar en conteos insuficientes.
Foto: Aurelia Ventura/La Opinion

WASHINGTON— Un grupo de tres senadores demócratas presentó este jueves un proyecto de ley para prohibir que la Administración Trump incluya en los formularios del Censo de 2020 una pregunta sobre ciudadanía, mientras activistas amenazaron con acciones legales contra la “politización” del conteo poblacional.

Los senadores demócratas Bob Menéndez y Cory Booker,  de Nueva Jersey, y Mazie Hirono, de Hawaii, presentaron hoy el proyecto de ley “Cada Persona Cuenta” (S. 2580), que, de ser aprobado, prohibiría que la Oficina del Censo de EEUU haga preguntas sobre ciudadanía o el estatus migratorio de una persona.

El censo federal está exigido por la Constitución, y “no es una herramienta para movilizar a los seguidores del presidente”, dijo Menéndez, el legislador latino de mayor rango en el Congreso de EEUU.

“Es increíble que hayamos llegado a un punto bajo en donde tenemos que considerar propuestas legislativas para evitar que esta administración politice el censo con sus pasiones antiinmigrantes”, agregó.

Por su parte, Hirono advirtió del “efecto devastador” que tendría la temida pregunta entre las minorías e inmigrantes,  y afirmó que la Administración Trump solo busca “abastecer la base anti-inmigrante de Donald Trump y fomentar el miedo”.

Booker instó a la Administración a que no “inyecte política nativista en un sistema que determina, entre muchas otras cosas, cómo y dónde votamos, construimos escuelas y brindamos servicios de emergencia”.

La presentación de la medida, que ya tiene el apoyo de una decena de demócratas, coincidió con la aprobación en la Cámara de Representantes de un megaproyecto de ley presupuestario para 2018 de $1,3 billones, que incluye $2,814 millones en fondos para la Oficina del Censo, un aumento de casi el doble respecto a los $1,470 millones que recibió en el año fiscal 2017.

La Casa Blanca  solo había pedido $1,684 millones para la Oficina del Censo para este año fiscal en curso.

Con este proyecto de ley, sin embargo, los senadores quieren frenar los esfuerzos de la Administración de incluir la pregunta migratoria en los formularios del censo.

La medida también prohíbe expresamente que se excluya del Censo a poblaciones por edad o estadounidenses desplazados en el exterior,  incluyendo soldados en activo y empleados federales y sus dependientes.

¿Protección del voto o rastreo de inmigrantes?

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia solicitó al Departamento de Comercio, a cargo de la Oficina del Censo, que incluya la pregunta sobre la ciudadanía de cada persona en EEUU con el pretexto de proteger el “Acta del Derecho al Voto” de 1965.

En el marco de sus esfuerzos de recaudación de fondos, la campaña de reelección del presidente Donald Trump envió el lunes pasado a sus partidarios un correo electrónico en el que pidió que apoyen estos esfuerzos de la Administración, según informó el diario “The Washington Post”.

El secretario de Comercio, Wilbur Ross, tiene hasta el próximo 31 de marzo para presentar la versión final del formulario, con la pregunta sobre ciudadanía incluida o no, para el Censo 2020.

El martes pasado, Ross dijo durante una audiencia legislativa que efectivamente se trata de una gran controversia, pero insistió en que su oficina tomará medidas para asegurar una contabilización fiable.

Desde diciembre pasado un creciente número de activistas de los derechos civiles, líderes del Congreso, alcaldes demócratas y republicanos, y organizaciones cívicas y pro-inmigrantes han aumentado las presiones para que Ross ignore las presiones políticas de la Administración.

Amenazan con acciones legales

Durante una conferencia telefónica, varios activistas desvirtuaron los argumentos del Departamento de Justicia, y advirtieron de que la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía sembrará “pánico” entre la comunidad inmigrante, especialmente entre los inmigrantes indocumentados que no querrán rellenar el formulario por temor a que sus datos sean compartidos con Inmigración.

Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Elegidos (NALEO), urgió a Ross a que rechace la solicitud de la Administración porque, de lo contrario, “probablemente eso provocará acciones legales en los tribunales, y eso demoraría aún más los preparativos de la Oficina del Censo” para el ejercicio de 2020.

La pregunta sobre la ciudadanía afectaría la participación de las personas y sería un desperdicio “colosal” del dinero de los contribuyentes, dijo Vargas, cuyo grupo ha programado un taller informativo sobre el tema la próxima semana.

Vanita Gupta, presidenta del grupo “Leadership Conference on Civil and Human Rights” (LCCHR),  argumentó que la Administración tiene otras maneras de proteger los derechos electorales si realmente le importan, y la pregunta es “innecesaria y contraproducente”.

Ross tendrá que decidir “si protegerá la integridad y precisión del Censo de 2020 o si cederá a las presiones políticas y contaminará la credibilidad y justicia del censo”, señaló Gupta.

Además de las objeciones legales, tomando en cuenta el clima antiinmigrante en EEUU, la pregunta “va a causar un pánico innecesario y alarma”  y desalentará la participación de los inmigrantes y minorías, que más necesitan de los programas que utilizan el censo, advirtió.

Por su parte, Terri Ann Lowenthal, exasesora legislativa para asuntos poblacionales, señaló que la oposición a la pregunta viene de seis exdirectores de la Oficina del Censo, más de 160 alcaldes demócratas y republicanos, y 19 fiscales generales -incluyendo Xavier Becerra en California-, además de numerosas organizaciones cívicas, porque ésta “saboteará” el censo de 2020.

Los resultados del censo, que por ley se realiza en EEUU cada diez años desde 1790, determinan la distribución de escaños en el Congreso, el desembolso de miles de millones de fondos federales y la demarcación de nuevos mapas electorales.

Un conteo bajo o impreciso perjudicaría a las economías locales y un amplio gama de programas sociales, además de las operaciones de empresas y organismos cívicos que se apoyan en sus datos.

Varias organizaciones cívicas, entre éstas NALEO, el sindicato SEIU, Common Cause, “Jewish Council for Public Affairs”,  y el fondo legal de NAACP, salieron a apoyar el proyecto de ley demócrata.