Estados bajo control republicano perderían fondos y representación política si hay bajo conteo en Censo de 2020
Un conteo erróneo en 2020 perjudicará también a estados y votantes que apoyaron a Trump, según activistas
El 1ro de abril de 2020 es el día oficial del censo. Archivo/J. Emilio Flores/La Opinión Crédito: J.Emilio Flores | La Opinión
WASHINGTON— El senador republicano por Texas, Ted Cruz, y otros líderes conservadores del sur de EEUU celebran la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía en el Censo de 2020, pero sus estados perderían millonarios fondos federales y representación política, a juzgar por errores del censo de 2010.
El Departamento de Comercio, del que depende la Oficina del Censo, decidió incluir una pregunta sobre el estatus migratorio en los formularios del Censo de 2020, desoyendo las advertencias de que eso suprimirá la participación en el censo y pondrá en riesgo el desembolso de fondos y representación política de comunidades enteras.
Una decena de estados, entre éstos California y Nueva York, dos de los estados con mayores porcentajes de inmigrantes y minorías, entablaron una demanda para impedir que la enumeración del 1 de abril de 2020 contengan la polémica pregunta.
Con un bajo conteo, California perdería uno de sus 53 escaños en la Cámara de Representantes y, de entre 16 de los programas federales que dependen del censo para su distribución, perdería más de $76,000 millones para escuelas, prevención del crimen, cuidado de salud y transporte.
Cruz fue clave, junto a otros conservadores, en la lucha por la inclusión de la pregunta, que la Administración Trump solicitó presuntamente para proteger el “Act de Derecho al Voto” de 1965.
Sólo que los estados sureños, que en la última década registraron un aumento poblacional debido a los inmigrantes, perderían millones de dólares si hay un conteo impreciso, principalmente por el temor de inmigrantes indocumentados de que sus datos tengan un uso indebido.
Según datos del Centro de Investigación Pew, estados como Nevada, Texas, Nueva Jersey, Arizona, Florida y Maryland, también tienen un alto porcentaje de inmigrantes indocumentados, que perderían mucho con un bajo conteo.
Texas tiene cinco millones de inmigrantes -es el segundo estado con mayor porcentaje-, de los cuales la mitad son indocumentados. El estado recibe alrededor de $43,000 millones en fondos federales, pero si “pierde” un uno por ciento en su población, por ejemplo, el estado perdería un escaño y casi $300 millones tan solo para programas de salud.
El senador republicano por Florida, Marco Rubio, calificó de “absurdas” las preocupaciones sobre el posible uso indebido del Censo de 2020. Sin embargo, también su estado perdería potencialmente dinero y escaños.
La ciudad de Nueva York correría el riesgo de perder $7,000 millones si hay un conteo poblacional impreciso, según las autoridades de esa urbe.
Lo que está en juego
Los resultados del censo determinan el desembolso de cerca de $700,000 millones en fondos federales para programas sociales, la demarcación de distritos electorales, el número de escaños en el Congreso, y el número de electores en el Colegio Electoral.
En 2015, 132 programas se apoyaron en los resultados del censo para la distribución de fondos, indicó un informe de 2017 de la agencia.
Entre los programas más afectados figuraron los de cupones de comida, “Medicare”, construcción y mantenimiento de carreteras, becas “Pell”, almuerzos escolares, cupones de vivienda, y programas educativos, incluyendo “Head Start”.
La Institución Brookings ha advertido de que unos 24,3 millones de personas podrían evadir el censo como medida de cautela si el gobierno pretende utilizar sus datos con fines policiales. La lista de potenciales “evasores” del censo incluiría no sólo personas “sin papeles” sino también a prófugos de la Justicia, o personas con otros problemas legales, retrasos en pagos de manutención de hijos, o en préstamos estudiantiles federales.
Casi todas estas personas están concentradas en 23 estados bajo control republicano, la mayoría de los cuales tienen tasas de pobreza superior a la tasa nacional, y utilizan fondos federales para programas sociales. Es decir, la Administración busca perjudicar a los inmigrantes y minorías pero, de paso, terminaría perjudicando a quienes votaron por Trump en 2016, según ese análisis.
La Constitución exige que el censo se realice cada diez años y se cuente a todos los habitantes, sin importar su estatus migratorio, y deja el contenido del formulario en manos del gobierno.
Si bien es cierto que otras encuestas anuales de la Oficina del Censo han usado la pregunta, ésta no ha aparecido en el formulario decenal desde 1950. La decisión de incluirla en el de 2020 ha sonado las armas debido al clima de polarización y de ataques contra los inmigrantes y las minorías.
Las lecciones del Censo de 2010
En 2012, la Oficina del Censo calculó que en el Censo de 2010, 1,5 millones de afroamericanos e hispanos no fueron contados, además de 5% de nativos americanos en reservaciones y cerca del 2% de minorías de otras etnias.
En 2010, el gobierno excluyó de su conteo a 2,1% de los afroamericanos, y el 1,5% de los hispanos, que juntos conformaron 1,5 millones de personas “borradas” de la población. Porcentajes similares ocurrieron en 2000, según ese informe.
En cambio, ese año el censo contó de más a los blancos por unas 36,000 personas, o un 0,01%, principalmente por la duplicación del conteo de ricos con múltiples viviendas.
El bajo conteo de minorías afectó en particular a estados en el sur del país, incluyendo Texas, Georgia, Virginia, Carolina del Norte y Florida, y tuvo consecuencias en años posteriores.
Según un análisis del Instituto de Política Pública de la Universidad de George Washington, divulgado la semana pasada, en el año fiscal 2015, 37 estados perdieron una suma significativa de los $286,000 millones que el gobierno canalizó para cinco programas del Departamento de Salud.
Esos fondos conformaron el 48,1% de la ayuda federal a los estados y el 13% de los presupuestos estatales, según Andrew Reamer, autor del informe.
Entre los 37 estados, la pérdida media por persona excluida del Censo de 2010 fue de $1,091, aunque el monto de las pérdidas osciló entre $533 en Utah y $2,309 en Vermont. Por cada persona omitida, Florida perdió $946 y Arizona, $887.
Juan Escalante, activista del grupo “America’s Voice” destacó que el gobierno no está dando garantías de que protegerá la información de las personas o que no la usará en su contra, como lo ha hecho en el pasado.
Escalante señaló que en 2000, la Oficina del Censo admitió que, durante la Segunda Guerra Mundial, los datos del censo contribuyeron a los esfuerzos del gobierno de enviar a campos de detención a japoneses estadounidenses, y la agencia entregó al Servicio Secreto datos de 79 de ellos para investigar posibles amenazas contra el presidente de entonces.
Tras los atentados del 9/11, la agencia cooperó con las autoridades policiales al entregar datos de inmigrantes de origen árabe al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), con detalles sobre cuántos y quiénes vivían en determinadas zonas geográficas, dijo Escalante.
La Coalición de Inmigración de Nueva York, lanzó esta semana una campaña para frenar los esfuerzos de la Administración de eliminar, al menos sobre el papel, a la población inmigrante, y proteger los datos de quienes completan los formularios. Otros grupos cívicos preven entablar demandas.
Mientras, líderes del Congreso también promueven medidas contra la politización del censo poblacional.
