Madre que exigió al gobierno mexicano esclarecer la desaparición de su hija en Ciudad Juárez recibe asilo político

A Karla Castañeda nunca se le cruzó por la mente que un día, llena de pánico, escaparía de Ciudad Juárez junto con sus cuatro hijos para pedir asilo político en Estados Unidos. Cinthia, su hija mayor, desapareció y el poco interés de las autoridades en buscarla a ella y a otras mujeres desaparecidas, la llevó junto con otras madres a iniciar una lucha para exigir justicia, que al final la obligó a huir de México.

“Llegué a la frontera en San Isidro, el 13 de febrero de 2012. Le dije al oficial de migración que tenía miedo de que me mataran a mi y a mis hijos. Le entregué un grueso paquete de publicaciones periodísticas y denuncias ministeriales que lo explicaban todo”, dice.

Castañeda tuvo que esperar cinco años para que Estados Unidos le concediera el asilo político. Se lo otorgaron a ella y sus cuatro hijos, el Viernes Santo de 2018 en la Corte de Migración de Los Ángeles.

Castañeda partió a la Corte de Migración junto con sus cuatro hijos pensando que tal vez no volvería a su casa.  

“En la audiencia, estaba tan nerviosa, que empecé a tartamudear y a llorar sin parar. El juez dijo que por él aprobaba el asilo, pero necesitaba escuchar las preguntas de la fiscal de migración. Ella era un verdadero demonio. Pero para mi sorpresa se me acercó y me abrazó, me dijo, ‘tú y tus hijos son bienvenidos a los Estados Unidos, yo también estoy a favor de tu asilo’”.

Confía que en ese momento sintió como si el peso de una enorme piedra se hubiera desprendido de su cuerpo. Siguió llorando pero esta vez era de alegría, más cuando abrazó a sus hijos que la esperaban ansiosos afuera de la Corte.

Una felicidad incompleta

Sin embargo, su inmensa alegría es opacada por el recuerdo de su  hija mayor Cinthia, quien desapareció a los 13 años de edad en Ciudad Juárez el 24 de octubre de 2008. 

“Cinthia salió a las 8:30 de la mañana de su casa. Ella iba a comprar materiales escolares para la escuela con unas amigas. Asistía a la Secundaria Federal 7 por las tardes”, recuerda.

Cuando su hija no volvió para comer antes de ir a clases, fue a buscarla a la escuela pero la menor no se había presentado. “En la policía me dijeron que tenía que esperar 72 horas para empezar a buscarla. Yo no esperé. Me fui a los noticieros y empezaron a divulgar la noticia de su desaparición”, dice.

Comenta que se puso tan mal, que durante dos semanas, su padre la internó en un hospital psiquiátrico. “Me olvidé de comer, de bañarme. Solo quería andar en las calles buscando a mi hija”.

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No logró poner la denuncia oficial de la desaparición de su hija hasta siete meses después. “Los mismos policías me decían que se había ido con el novio, que andaba de cabrona,  o de alcohólica o borracha. Pero uno conoce a sus hijos, ella no es así. Mi hija era muy apartada. No tenía amigas”, comenta.

Un año después, se encontró con la abogada Francisca Galván y el Comité de Madres de Ciudad Juárez, integrado por madres cuyas hijas han desaparecido. “Encontrarlas me sirvió muchísimo. Me sentí apoyada y empoderada a seguir la búsqueda de mi hija y de otras muchachas que han desaparecido”.

La Marcha por la Vida

En 2012, tras sentirse ella y otras madres muy indignadas por el poco interés de la policía, y después de que les entregaron algunos restos óseos de Beatriz Alejandra Trejo, una muchacha de 19 años que había estado desaparecida, revueltos con basura de escritorio dentro de un ataúd, Castañeda propuso una marcha desde Ciudad Juárez a Chihuahua, la capital del estado del mismo nombre en la frontera con Texs. La caminata era para exigirle resultados al entonces gobernador Javier Duarte Jáquez. Este actualmente se encuentra prófugo de la justicia en México, acusado de peculado en varias modalidades.

La Marcha por la Vida se llevó a cabo en medio de temperaturas congelantes y fuertes intimidaciones por parte de la Policía de Caminos del estado de Chihuahua, según dice Castañeda. “El gobernador Duarte no pudo recibirnos porque andaba de vacaciones ,nos dijo el secretario de gobierno”, rememora.

“Al regresar de la marcha, las amenazas subieron de tono. Hasta que un día recibí una llamada telefónica muy temprano, en la que me advertían que me iban a levantar, que mejor me saliera con mis hijos. Un levantón, en Chihuahua, significa que te llevan a matar”.

Recuerda que, como pudo, sacó a sus hijos de su humilde vivienda, y se refugió en la casa de una vecina.

“Minutos después llegaron tres camionetas de la policía. Se metieron por una ventana. Empezaron a sacar mis muebles. Yo estaba aterrada, viendo todo desde la casa de enfrente. Le hablé a la abogada del Comité de Madres y me dijo que no fuera a la casa de mis padres, ni hermanos, porque allá me andaba también buscando la policía”, cuenta.

Agrega que pensó en irse al estado de Durango en México donde viven sus abuelos, pero al llamarles por teléfono para decirles que iba para allá, su abuela le dijo que un día antes la policía había ido a buscarla.

Al verse sin escapatoria alguna, la abogada Galván le aconsejó pedir asilo político en Estados Unidos. “Pero ¿qué voy a hacer allá? No conozco a nadie. No tienes opción, me contestó”.

Así que cuatro años después de la desaparición de su hija, ingresó a Estados Unidos para pedir asilo político. Diez años después se lo concedieron. El caso de su hija fue cerrado por la policía de Chihuahua.

La esperanza nunca muere

“No pierdo las esperanzas de encontrar a mi hija con vida. Tengo muchos remordimientos, sobre todo cuando más me siento feliz, pienso que no tengo derecho a estarlo mientras no la encuentre”, reconoce.

“Lo único que me reconforta es que el asilo político no solo es para mi y mis cuatro hijos, sino también para Cinthia. Si ella aparece, ya tiene asilo en los Estados Unidos”, dice con una sonrisa con tintes de tristeza.

Defensa legal gratis

Emilio Amaya, director ejecutivo de la organización San Bernardino Community Center, que tomó el caso de Castañeda y lo llevó hasta el final sin cobrar un solo dólar, dice que les costó cinco años ganar el asilo político.

“Era un caso bien documentado pero todos los reportes noticiosos y ministeriales estaban en español. Así que hubo que traducir más de 1,500 páginas”, expresa Amaya.

Agrega que el caso de Castañeda enfatiza la necesidad de proveer recursos legales para que los inmigrantes puedan hacer valer sus derechos. “Hacemos muchos talleres para que conozcan sus derechos, cuando lo que realmente se necesita es darles recursos legales para que puedan defenderse de la deportación o solicitar un asilo político”, expone.

Lamenta que las organizaciones que abogan por los inmigrantes en el área de Inland Empire, el Valle Central y el Norte de California no se hayan visto beneficiadas con los fondos legales que les proporcionó el gobierno del estado.

“Mayormente, esos fondos se quedan en manos de las organizaciones que tienen dinero para pagar por cabildeo en Sacramento”, se lamenta.