El anuncio de la presencia militar en la frontera hace temer por la vida de civiles

En 1997, un infante de marina de Estados Unidos, parte de un equipo que realizaba labores de “guerra contra las drogas” en Redford, Texas, mató a un joven estadounidense de 18 años, Esequiel Hernández, mientras este pastoreaba a unas cabras cerca de su propia casa.

El incidente marcó la vida en esa zona en esa región por mucho tiempo, recuerda Fernando García, director ejecutivo de la Red para Derechos Humanos de la Frontera.

“Hay razones por las cuales es mala idea usar a militares para aplicar leyes civiles”, dijo García. “Los militares no tienen entrenamiento en cercanía la población, ley civil y mucho menos derechos humanos. Ellos están entrenados para ir a una guerra y disparar a matar. El asesinato de Esequiel es el caso más claro de esto”.

La pasada semana, el presidente Donald Trump anunció el envío de Guardias Nacionales a la frontera. Trump no ha sido el primer mandatario en enviar en  militares a la zona: hubo despliegues temporales durante el gobierno de Bush y luego de Obama.

Pero para García, hay una diferencia importante, que hace que esta vez la orden cause mucho más temor entre los residentes fronterizos.

“El contexto es mucho peor”, dijo García. “Estamos ante una agresión sin precedentes contra los latinos y los inmigrantes en este país y desde un principio se han mezclado todos los temas. Migrantes, criminales y violadores están en el mismo saco y la zona es, y así lo han dicho claramente, “una zona de guerra”.

En Texas, el asalto es “doble o triple”, dijo el activista. A ello se añade la presencia regular de la Patrulla Fronteriza, que esencialmente patrulla y puede parar a cualquiera dentro de 100 millas de la frontera. Están las actividades de policías y sheriff locales en Texas tienen ahora en sus manos la implementación de la ley anti-santuario.

“Y encima de eso, ahora también los soldados”, agregó el activista. “Estamos en una guerra, y esa guerra es en contra de las familias inmigrantes y de los valores de nuestro país”.

García indicó que si se trata de seguridad, El Paso es más segura que Washington y Chicago. “Creo que en ese caso tendrían que poner Guardia Nacional allá y no aquí”.

El caso de Esequiel Hernández

El 20 de mayo de 1997, Esequiel estaba paseando sus cabras por la zona de “El Polvo” a un kilómetro de la frontera y cerca de su propia casa. Para protección -algo común en Texas- llevaba consigo un rifle calibre 22  con el que protegía a los animales de una paca de perros rabiosos que andaba por la zona.

A poca distancia,  varios marines estaban camuflados entre los arbustos.  Al parecer, Esequiel disparó su arma en dirección de las figuras extrañas y la respuesta fue un tiro certero del arma del infante de Marina Clemente Bañuelos (22 años) que lo mató en el acto.

La muerte de Hernández, estudiante de secundaria y conocido como un buen muchacho en la zona, cimbró a la comunidad y se convirtió en noticia nacional: era la primera vez en casi tres décadas que un militar estadounidense mató a un ciudadano dentro del territorio nacional.

César Cuauhtémoc García Hernández, profesor auxiliar de derechos en la Universidad de Denver, tenía 17 años en esa época, pero al escuchar de la decisión sobre la Guardia Nacional tomada por Trump, recordó de nuevo aquel incidente.

“Al momento que enviamos a personas entrenadas para matar, con armas, a una zona con población civil, hay posibilidad de que usen esas armas”, dijo García “Si se usan justificadamente o no, una vez que esto ocurre, la persona ya perdió su vida. Esperemos que otra familia no tenga que pasar lo que pasó la familia de Esequiel Hernández.

Tras aquella muerte, se realizaron investigaciones y hasta audiencias en el Congreso.  El caso fue utilizado para resaltar el peligro de usar a militares en misiones dentro de estados Unidos. Al final, no se acusó al infante de Marina Bañuelos, pero el gobierno de Estados Unidos pagó una compensación de 1 millón de dólares a la familia del muchacho.

La reacción al incidente resultó en el fin de esas misiones anti drogas que se habían iniciado en la época de Bush padre a finales de los años ochenta.

En la memoria histórica local sigue el caso de Hernández y su nombre estaba en un tramo de autopista cercano al lugar de la frontera donde fue muerto por un militar de su propio país, no mucho mayor que él.

Un corrido norteño lo inmortalizó en la región.

Los límites legales al uso de militares

Pero más allá del peligro a civiles, están otras consideraciones, explica García Hernández.

La ley de Estados Unidos regula el uso de militares en misiones domésticas por medio de una ley bastante antigua que se llama “Posus Comitatus”.   Es por eso que en este país no se ve a militares por las calles patrullando o haciendo tareas que corresponden a autoridades civiles.

“La ley permite solamente un apoyo indirecto, no un uso directo de tropas”, dijo el catedrático.

“El miedo es, obviamente, que la fuerza militar se use para negar derechos a las personas o castigarlas por sus opiniones políticas.  El ejército es una fuerza armada y si se despliega contrario a los intereses de la ciudadanía, puede cambiar el sistema de gobierno que conocemos”.

Los ejemplos abundan en otros países, incluyendo América Latina.

No obstante, explicó el experto, el ejército se usó en varias ocasiones dentro de Estados Unidos. Por ejemplo, en los siglos 19 y principios del siglo 20 se usó contra protestas de sindicalistas. En la época de la segregación se utilizó para apoyar la integración en el sur de Estados Unidos y en los años setenta contra activistas indígenas en South Dakota.