Decisión sobre TPS de Haití fue contraria a conclusiones internas sobre condiciones del país
Documentos obtenidos por leyes FOIA revelan que el gobierno de Trump sabía que la situación en Haití no era mucho mejor que cuando se otorgó el beneficio en 2010. Sus propios burócratas sacaron esa conclusión, que fue ignorada.
Los haitianos protestan ante la cancelación de su Estatus de Protección Temporal. Getty Images Crédito: Joe Raedle | Getty Images
En su decisión de cancelar el Estatus Temporal de Protección (TPS) a 59,000 haitianos en Estados Unidos, anunciada en noviembre pasado, los designados del gobierno de Trump en las agencias migratorias ignoraron los reportes de sus propios burócratas sobre la situación en ese país.
Un análisis interno del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (USCIS) reveló el pasado año que la situación en Haití seguía siendo tan “vulnerable” y difícil como la que existía en 2010 cuando este país dio Estatus Temporal de Protección (TPS) a miles de personas de esa nación.
Así lo reveló un documento interno del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS), obtenido por La Opinión antes de ser difundido por la organización que lo obtuvo por métodos legales.
El informe es parte de una serie de documentos que serán dados a conocer en las próximas horas por la organización Legal National Lawyers Guild (NLG), producto de una demanda FOIA contra el gobierno. FOIA permite a cualquier ciudadano exigir la entrega pública de documentos gubernamentales, a menos que estos sean clasificados, confidenciales o algunas otras excepciones.
Bajo la ley de Estados Unidos, el Estatus Temporal de Protección se basa en las condiciones del país de origen de los beneficiarios y la decisión de extenderlo o cancelarlo requiere que se evalúen estas condiciones periódicamente.
Cuando le tocó el momento al gobierno de Trump de evaluar el TPS para varios países, comenzando con Haití en noviembre pasado, el director Francis Cissna, de USCIS, envió a la secretaría de Seguridad Nacional (DHS) su decisión y el reporte en el que supuestamente se basó la misma, realizado por su personal especializado.
Pero el memo de la decisión de Cisnna y lo que dice el informe de su personal sostienen conclusiones totalmente diferentes.
Cissna dijo que :
“USCIS ha realizado una revisión en profundidad de las condiciones en Haití”, escribió, refiriéndose al informe acompañante de su memo. “Haití ha logrado un progreso significativo en la recuperación del terremoto de 2010, y ya no cumple con las condiciones para la designación “.
No obstante, el propio informe dice lo contrario:
“Muchas de las condiciones que provocaron la designación original de TPS de enero de 2010 persisten y el país sigue siendo vulnerable a las conmociones externas y la fragilidad interna. Haití también ha experimentado varios reveses que han impedido su recuperación, incluida una epidemia de cólera y el impacto del huracán Matthew. este último golpeó a Haití en octubre de 2016 y “empeoró severamente la situación humanitaria preexistente” en el país “.
Poco después, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el fin del TPS para haitianos, con una última extensión de 18 meses para que sus ciudadanos “puedan poner sus asuntos en orden y regresar a su país”.
La contradicción absoluta entre ambas conclusiones es algo que los activistas haitianos y pro inmigrantes han venido manteniendo durante meses.
Fuentes de la organización indicaron que los documentos comprueban lo que alegaron en su demanda contra el gobierno de Trump: que la administración tenía el total conocimiento de los riesgos y de la inestabilidad existente en la isla cuando decidió cortar el TPS.
“La decisión del DHS de eliminar el TPS para Haitianos es contraria a la evidencia reflejada en este reporte”, explicó Sejal Zota, director legal del Proyecto de Inmigración del NLG.
Lo más probable es que estos documentos sean parte muy importante de las demandas sobre TPS contra el gobierno, indicaron fuentes de la organización.
NLG está involucrado directamente con una demanda contra el gobierno por el TPS Haitiano, pero hay al menos otras tres acciones legales que acusan a Estados Unidos de no cumplir la ley al suspender el TPS para salvadoreños, nicaragüenses, haitianos y sudaneses.
Las demandas alegan que las decisiones no estuvieron basadas sobre las condiciones de los países de origen sino sobre “racial animus” que es un término legal que significa: racismo.
La constitución de Estados Unidos prohíbe las políticas públicas motivadas por racismo y discriminación.
