Así operan “en secreto” ICE y tribunales migratorios

Un reporte apunta las desventajas para inmigrantes

ICE sólo da a conocer nombres de presuntos delincuentes.

ICE sólo da a conocer nombres de presuntos delincuentes. Crédito: ice.gov

En medio de redadas de los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como ajustes en tribunales en su contra, como la cancelación de un programa de asesoría legal, los inmigrantes enfrentan un proceso casi “en secreto”.

Así lo reveló un análisis del Dallas News, que tomó en cuenta seis aspectos que afectan a los inmigrantes y permiten a las autoridades operar con poca vigilancia o, como el diario lo llama, “con gran secretismo”.

De entrada, menciona que los nombres de los arrestados por “La Migra” a menudo no son revelados, salvo aquellos de inmigrantes que tienen algún récord criminal comprobado.

“Los críticos creen que ICE quiere menos escrutinio de su propia agencia”, indica el Dallas News. “Todos los días, por supuesto, los departamentos de Policía dan a conocer los nombres y otros detalles de los arrestados”.

Debido a ello, resulta extraño que ICE no haga lo mismo. Carl Rusnok, portavoz de ICE, también dice que los nombres no son información pública, porque los inmigrantes son “arrestados administrativamente”.

Aunado a ello, los expedientes sólo pueden verse en el tribunal de inmigración, pero hasta el día de la audiencia, eso sí se comparten los documentos que los incluyen, ya que las cortes operan principalmente “en papel”.

“No hay registros públicos que enumeren los cargos contra inmigrantes, o archivos de casos que se pueden ver cómo es el caso en los tribunales penales”, alerta el diario.

Luego señala que los inmigrantes no tienen derecho a un abogado financiado por el gobierno, aunque eso se debe a que, según ICE, se trata de un encierro “administrativo”, aunque hay personas que llevan así años, como si hubieran cometido delitos.

“El gobierno federal, sin embargo, siempre está representado por los fiscales”, apunta el Dallas News.

Un aspecto que destaca el análisis es que los jueces ahora deben operar bajo “cuotas de producción”, un plan que el Departamento de Justicia quiere utilizar para acelerar las deportaciones, sin importar a dónde se expulse a las personas.

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