Abogados piden intervención de tribunal en detención prolongada y uso de drogas en menores migrantes

Abogados que representan a niños migrantes no acompañados presentaron este miércoles una moción ante la corte federal en Los Ángeles acusando al gobierno de los Estados Unidos de detención prolongada innecesaria y uso de drogas psicotrópicas en los menores sin autorización de sus padres o representantes.

La moción fue presentada ante la jueza federal Dolly Gee en Los Ángeles, que está encargada de monitorear el cumplimiento del Acuerdo Flores que data de 1997 y estableció los estándares de tratamiento y detención de menores bajo custodia de leyes migratorias.

Carlos Holguín, abogado principal de los demandantes, dijo que en su trato actual a estos menores migrantes el gobierno está negándoles sus derechos más básicos y tratándolos como delincuentes peligrosos, violando en forma flagrante el acuerdo Flores y la ley de protección a Víctimas de Tráfico William Wilberforce de 2008.

La moción alega que el gobierno, por medio de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) prolonga innecesariamente la detención de menores migrantes aún cuando hay familiares directos -padres, abuelos y otros- que viven en Estados Unidos y hacen los trámites necesarios para recibirlos.

Además, se alega que ORR a menudo “sube” a los jóvenes, que originalmente llegan a refugios con mínima seguridad, a instalaciones de mayor seguridad e incluso centros siquiátricos donde reciben medicamentos para depresión, ansiedad y supuestos problemas del comportamiento.

De acuerdo a Leecia Welch, de la organización National Center for Youth Law, el uso de drogas en los menores que están bajo custodia de ORR es un asunto de especial gravedad en el que esperan la intervención de la jueza Gee.

“Se sabe que estas poderosas drogas tienen efectos secundarios peligrosos y muchos jóvenes migrantes han sufrido de ellos”, dijo Welch. “La administración de drogas psicotrópicas a los niños durante períodos prolongados sin garantías procesales, como la obtención de autorización parental o judicial, los pone en riesgo innecesariamente y viola el acuerdo judicial “.

 El caso de una niña guatemalteca

Entre los documentos presentados por los abogados ante la juez federal están numerosos casos documentados de jóvenes y niños detenidos bajo la custodia de ORR -que es la agencia encargada de velar por los menores mientras esperan ser reunidos con sus familiares o se resuelve su caso de asilo.

Los nombres completos de los menores están excluidos del record para proteger su identidad.

Entre ellos está una joven guatemalteca de 17 años que lleva casi dos años detenida en varios centros a pesar de que su abuelo reside en Oakland, California, y ha buscado por todos los medios que le den la custodia de la muchacha.

La muchacha escapó de Guatemala en enero de 2016 cuando apenas tenía 15 años  y, según su declaración, buscaba evadir el reclutamiento forzado a las pandillas y la continuación de abuso y palizas en su propia casa.  Viajó en autobús durante 10 días y cruzó el Rio Grande, donde fue arrestada por la patrulla fronteriza.

Los primeros seis meses, la muchacha los pasó en un refugio de Southwest Key, pero al enterarse de la hospitalización de su mamá en Guatemala, la joven sufrió un colapso, y la transportaron primero a un hospital y luego a un centro siquiátrico.

Eventualmente, la joven terminó en Shiloh, un “centro de tratamiento residencial” bajo contrato por ORR, que tiene una larga y preocupante historia de denuncias de abuso por parte de sus jóvenes residentes.

Allí, la muchacha comenzó a recibir medicamentos, dice la declaración jurada, que forma parte de los documentos de la moción presentada ante la jueza federal.

“En ese lugar había solo niños medicados”, dice la declaración de la joven. “Todos los niños reciben pastillas y todos estábamos molestos porque nos obligaban a tomar muchas medicinas”.

La joven reportó que la hicieron tomar medicinas dos veces por día, al menos 4 pastillas. “El personal amenazó con tirarme al piso y forzarme a tragar las pastillas. También vi que lo hicieron con un muchacho, lo derribaron y le abrieron la boca para meterle los medicamentos”.

Los jóvenes migrantes vienen con severos problemas y traumas de sus países de origen, pero según la moción, la prolongada separación de sus familiares y su encierro en centros más parecidos a cárceles solo empeora su condición mental.

Entre los casos citados por los abogados  hay jóvenes que han recibido hasta seis o nueve píldoras al día. En ningún caso, alegan, se pidió autorización a adultos de sus familias para iniciar los medicamentos.