Sessions dice que “no derrama lágrimas” por inmigrantes arrestados en redadas

WASHINGTON— El fiscal general, Jeff Sessions, arremetió este martes contra la “izquierda progresista” del país y, al defender la política de mano dura contra los inmigrantes indocumentados, aseguró que “no derrama lágrimas” por quienes son arrestados en redadas en sitios laborales.

Durante un discurso de casi media hora ante agentes policiales en Gatlingburg (Tennessee) y como viene haciendo en cada foro público, Sessions defendió las redadas en empresas que contratan a inmigrantes indocumentados, como la ocurrida el pasado 5 de abril en Bean Station, en ese estado.

“No estoy derramando lágrimas en torno a esto. No te beneficias de estar en este país y buscando alrededor del mundo al trabajador más barato que puedas encontrar”, dijo Sessions, al referirse a empleadores que contratan mano de obra indocumentada.

“Eso simplemente no es buena política para este país”, afirmó Sessions durante la conferencia de capacitación policial.

Pero Sessions omitió decir que  el gobierno escasamente enjuicia o sanciona a las empresas, o que EEUU está violando sus propias leyes y el derecho internacional si deporta a quienes solicitan asilo.

Asismimo, Sessions prometió que el Departamento de Justicia proveerá más recursos en el enjuiciamiento de quienes son detenidos por cruces ilegales en la frontera sur, mediante la contratación de 35 fiscales y 18 jueces de Inmigración en los estados fronterizos.

En ese sentido, reiteró su consabida advertencia de que el gobierno procesará judicialmente a toda persona que cruce ilegalmente el país, y a quienes los ayuden.

Para Sessions, la “ideología de las ciudades santuario simplemente es otra forma de la extrema ideología de fronteras abiertas”, que permite que la población indocumentada de once millones de personas supere a la población de Georgia. También criticó lo que llamó “izquierda progresista”, en particular la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) que, según sugirió, interfiere con las operaciones del gobierno para la seguridad ciudadana.

“Si quieres que la criminalidad aumente, deja que la ACLU maneje el departamento de policía. Si quieres seguridad pública, llama a los profesionales”, argumentó Sessions.

En la redada de Bean Station, los agentes de Inmigración arrestaron a 97 trabajadores en Southeastern Provision, una planta procesadora de carnes.

De estos, 42 siguen en un centro de detenciones en Louisiana y afrontan una posible deportación, mientras que 10 afrontan cargos federales por desobedecer órdenes de deportación, según la Coalición para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee (TIRRC, en inglés).

El grupo destacó además que, como consecuencia de esa redada, 160 niños se quedaron sin un padre de la noche a la mañana.

Stephanie Teatro, codirectora ejecutiva de TIRRC, señaló a la prensa que, bajo la Administración Trump, los empleadores como Southeastern Provision, no pagan el precio de la política migratoria actual, que se ensaña contra las familias inmigrantes.

Según Teatro, si el gobierno quisiera hacer cumplir las leyes, realizaría auditorías a las empresas e impondría sanciones si emplean a trabajadores indocumentados. En este caso, sin embargo, el dueño del negocio sigue libre y su fábrica sigue operando sin interrupciones.

Activistas de la comunidad proinmigrante conmemoran el próximo viernes el décimo aniversario de la redada en Postville (Iowa) y aprovecharán los actos para también condenar la redada de Bean Station.