Seis cambios de alto impacto en los que López Obrador trabaja… ¡ahora mismo!
Algunos de los cambios fundamentales propuestos por AMLO podrían ocurrir ya en septiembre
Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México. Crédito: Getty Images
MÉXICO – El ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tiene urgencia en cambiar seis asuntos de alto impacto en la vida del país y, dado que los partidos que lo llevaron a la victoria (Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social) tienen la mayoría en el congreso, las propuestas serán hechos apenas arranque el nuevo legislativo en septiembre próximo.
1. Incrementar el salario mínimo
Al reunirse el pasado miércoles con diputados y senadores de su partido para hablar de las leyes que le interesa impulsar o modificar, AMLO dejó claro que el salario mínimo está en sus prioridades aunque aún no establece cómo ni cuánto aumentará pues reconoció que no quiere generar inflación, o sea, que se disparen lo precios sin control.
“Yo creo que los integrantes del Banco de México (con los que ahora dialoga sobre el tema) están conscientes de que no se puede mantener el salario como está en la actualidad, pero no queremos provocar desestabilización económica-financiera“.
2. Cancelar fueros
López Obrador solicitó a los congresistas correligionarios eliminar el fuero que impide a funcionarios electos ser juzgados mientras se encuentran ejerciendo el cargo, un tema que prometió en campaña con el objetivo de combatir la corrupción y cumplir así el lema que pronto lo tendrá en la silla presidencial .
3. Bajar salarios y recortar la alta burocracia
Según cifras oficiales, en México hay 2.2 millones de personas que trabajan para el gobierno federal, esto es, alrededor de dos burócratas por cada 100,000 habitantes, una cifra que quiere reducir el próximo presidente del país a la par de los salarios y otras prestaciones como servicios médicos privados.
En los últimos años, la opinion pública se ha escandalisado por salarios de ministros de la Suprema Corte o gobernadores tan exagerados que superan por mucho a presidentes del primer mundo, aunque son excepciones y no la regla en la burocracia.
Jorge Romero, investigador del departamento de política y cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana, advirtió que si hay que quitar privilegios a los funcionarios públicos lo mejor es eliminar lujos y no bajarles el sueldo porque es un incentivo para su trabajo.
4. Revocar decretos que él considera privatizadores del agua
En mayo pasado el presidente Enrique Peña emitió 10 Decretos de Reserva de Agua, los mismos que López Obrador consideró el camino para la privatización del líquido vital y aunque Presidencia explicó que la medida permitirá preservar el medio ambiente y garantizar el agua para el consumo humano de 18 millones de habitantes en una proyección a 50 años, él dijo que los echaría abajo.
“Es una decisión absurda -advirtió el analista Romero- en realidad los decretos son acuerdos de protección con las asociaciones civiles e internacionales para resguardar los recursos“.
5. Marcha atrás a la Reforma Educativa
Aprobada en 2014, esta reforma fue considerada una de las más importantes de los últimos años en México porque arrebató al sindicato el control de la contratación de docentes que se corrompió con la venta de plazas, sin embargo, inconformó a los maestros principalmente por la imposición de una evaluación para conservar su puesto.
6. Consultas ciudadanas y revocación de mandato
Para el politólogo Fernando D´Worak, especializado en temas legislativos, ambas propuestas de reforma política son riesgosas. En el caso de las consultas ciudadanas podrían manipularse para posicionar temas del Ejecutivo con la venia “del pueblo‘‘, advierte.
“Algo similar se puede decir de la revocación de mandato: es un procedimiento extremo sobre el que se tiene que tener controles. Si un gobernante puede convocarlo unilateralmente, se usaría para legitimarlo en vez de exigirle cuentas“.
7. Cárcel para delitos electorales y robo de combustible
Hasta ahora ambos crímenes que se cometen en todo el país de manera persistente no son considerados graves y pueden saldarse con multas a pesar del daño que han hecho a la democracia y el erario público durante décadas.
