ICE deporta a México a esposa de veterano militar

WASHINGTON—Alejandra Juárez despertó este viernes rezando para que, por milagro, la Administración Trump mostrara piedad en su caso y frenara su deportación a México. Horas más tarde, abordó un avión en Orlando (Florida), dejando atrás a sus dos hijas y a su esposo, un veterano de los Marines.

Tras agotar todas las opciones legales y legislativas en el último año, Juárez, una madre de 39 años de dos hijas nacidas en EEUU, fue deportada a un destino incierto en México donde, según afirmó en entrevista telefónica con este diario, se alojará temporalmente en un hotel para buscar después un apartamento y “comenzar de cero”.

“Mis hijas están devastadas, tristes, enojadas… mi esposo prestó servicio militar y votó por el presidente (Donald) Trump, que decía pestes de los mexicanos en su contienda, pero pensó que él sólo iba a deportar a criminales. Yo no soy criminal”, dijo Juárez tratando de sofocar las lágrimas.

“Recé para que el presidente Trump se apiadara de mí, de mi familia por el servicio que mi esposo ha dado a este país… lo que están haciendo conmigo es muy injusto. El único beneficio de ser una esposa militar es que no te metan en una camioneta, sino que te dejan que compres tu propio boleto”, enfatizó. 

De nada sirvieron la campaña de numerosas cartas y ruedas de prensa para salvarla de la deportación, ni siquiera un proyecto de ley privado para otorgarle la residencia legal en EEUU, ni otro con carácter bipartidista, el “Acta para Proteger a Cónyuges Patriotas”.

Ayer mismo, cuando las autoridades se negaron a devolverle su pasaporte, el legislador demócrata por Florida, Darren Soto, escribió una carta dirigida a Trump, pidiendo su intercesión en el caso.

A su regreso del aeropuerto, Soto afirmó que la deportación de Juárez es una “vergüenza absoluta” que no tiene sentido moral, no refuerza la seguridad nacional, ni aporta justicia en el caso, sino que “deja un hueco en nuestra comunidad en el condado Polk”.

“Ahora vemos de primera mano la labor que realmente está haciendo ICE, deportando a nuestras familias militares… este caso fue la oportunidad perfecta para que ambos partidos se unieran para respaldar a nuestras familiares militares”, agregó Soto, quien calificó como “devastadora” la negativa de la Administración a ayudar a Alejandra. 

No contó el patriotismo

Juárez no logra entender cómo Trump, que se precia de promover el bienestar de las familias militares, no haya ayudado a la suya, tomando en cuenta que su esposo, el sargento jubilado, Cuahtémoc “Temo” Juárez, combatió en unidades de los Marines, se alistó en la Guardia Nacional y es un veterano condecorado.

“Mi caso no es el único, conozco otros casos de cónyuges militares que han sido deportados. Lo saben, pero no les importa”, afirmó.

Es que, en el marco de su política de “tolerancia cero”, la Administración Trump ha querido demostrar “mano dura” contra la inmigración ilegal y, de hecho, ha mostrado poco o nula flexibilidad con cónyuges de militares que afrontan una orden de deportación.

Alrededor de 11,800 familias militares tienen algún cónyuge o familiar que afronta un proceso de deportación, según un cálculo extraoficial del grupo “American Families United”, que se apoyó en datos del Censo, del Centro de Investigación Pew y otros estudios para arribar a esa cifra.

Ni las autoridades del DHS ni las del Departamento de Justicia, del que dependen los tribunales de Inmigración, mantienen información sobre el estatus militar de personas en trámites de deportación.

Lágrimas y despedida

Luciendo gafas para ocultar sus ojos de desvelo, y rodeada de su familia, Juárez improvisó una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Orlando, y ante cámaras y un enjambre de periodistas abrazó a su esposo e hijas antes de pasar por el área de seguridad y abordar el vuelo en la primera escala de su retorno a México.

Juárez viajó sola pero la próxima semana Estela, la menor, se establecerá con ella en México, un país que la niña apenas conoce.

Así, la familia afrontará una fragmentación permanente hasta ahora impensable y que, después de tantas separaciones por los desplazamientos militares de Temo, pondrá a prueba nuevamente al matrimonio.

Juárez tiene familia extensa en México, pero, según explicó, no cuenta con su apoyo y es casi como si no la tuviera.

Su esposo quedará al frente del hogar con la hija mayor, Estela, con quien tendrá que organizar viajes esporádicos a México para visitarla.

Cambio de prioridades

Juárez entró ilegalmente a EEUU a los 18 años en 1998 con la ayuda de un “coyote” que la convenció a que mintiera y dijera que era ciudadana –una práctica común entre los contrabandistas-, pero fue detenida y deportada.

En esa ocasión, sin entender bien el documento en inglés que firmó, en efecto estaba aceptando una “deportación expedita”, lo que le prohibiría su regreso a este país de por vida.

Reingresó en un segundo intento pocos días después y se estableció en Florida, donde vivió y trabajó en las sombras durante 20 años.

Juárez fue detenida en 2013 por una infracción de tránsito pero, hasta la llegada de Trump al poder el año pasado, no era prioridad de deportación para las autoridades.

Sus hijas, Estela, de 9 años, y Pamela, de 16, respectivamente, la acompañaron frecuentemente a Washington, implorando ante las cámaras de televisión y desde las gradas del Capitolio para que las autoridades suspendieran su deportación.

Para quienes no tienen empatía con su caso, o afirman que “la ley es la ley”, Juárez replicó: “es muy fácil sentarse en la silla del juez y criticar, pero no saben lo que significa tener que abandonarlo todo y venir a este país con muchas ganas de salir adelante”.

“La vida es como una rueda de la fortuna. Un día estamos arriba, otro día abajo, y hay que entender… este país está tomando un rumbo que no es el mejor”, observó.

Todas las opciones agotadas

El caso de Juárez generó titulares internacionales y apoyo en la comunidad inmigrante en parte porque su esposo, Temo, prestó servicio militar y fue desplegado a áreas de conflicto, incluyendo Irak.

Pese a la ayuda de todo un equipo de abogados, Juárez no logró revertir la orden del documento que firmó en 1998 ni mucho menos tener una audiencia para apelar la nueva orden de deportación.

Juárez dijo que no quiso optar por refugiarse en una iglesia en busca de santuario -como han hecho otros inmigrantes en su situación- para no causarle a sus hijas “más estrés del que ya tienen”.  Por el momento, tampoco es una opción que la familia entera se traslade a México.

Soto también manifestó su frustración porque, por cada carta que envió al Pentágono o al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), nunca recibió siquiera un “quizá”.

“Esta lucha no termina y no nos damos por vencidos!… esperamos que cuando tengamos la mayoría en un Congreso que se preocupa, nuestra legislación avanzará y Alejandra será reunificada con su familia en su hogar, EEUU”, puntualizó Soto.