Quieren desalojar a vecinos de sus modestas viviendas para construir departamentos de un millón de dólares

Mónica González está muy preocupada porque la compañía propietaria del bungalow donde vive en WestLake le informó que el año que entra tendrá que desocupar la vivienda en la que ha vivido durante 12 años con sus tres hijos.

“Es una preocupación que tenemos todas las familias que vivimos aquí. En su mayoría somos latinos de bajos ingresos. Yo soy una vendedora ambulante. Vendo tamales, champurrado y comida”, dice.

Mónica es una madre soltera que vive en un bungalow de una recámara por el que paga $1,050 dólares.

“Hasta ahorita no me han ofrecido nada. Pero sí nos dijeron que las personas sin documentos no tienen beneficios. Yo me siento muy mal de tener que irme. No sé a dónde vamos a ir. Todas las rentas están muy caras. Apenas saco para la renta. A veces la venta en la calle está buena, otras no. Dicen que nos van a reubicar, pero no nos dicen dónde”, comenta González.

Un grupo de defensores de la vivienda accesible ofrecieron una conferencia de prensa para manifestar su oposición al proyecto de demolición de los 36 bungalows de la Calle Grand View a una cuadra del parque MacArthur.

Proyecto de viviendas millonarias

Los propietarios quieren demoler las casitas para construir un proyecto de 100 unidades; 64 serían de vivienda accesible a un costo cada una de $640,000 dólares y el resto costarían 1 millón de dólares.

Las rentas de los bungalows están bajo control de renta, y sus inquilinos por ley solo pueden recibir un incremento anual al alquiler de 3%.

María Reyes, otra madre soltera con dos hijos quien ha vivido por 18 años en estas casitas, externa que se siente muy mal con el aviso que les dieron para desocupar. “Estamos preocupados por lo que cuesta encontrar vivienda en Los Ángeles a un precio que podamos pagar”, dice.

Reyes es una inmigrante de El Salvador quien también se gana la vida como vendedora ambulante.

Alejandra Santiago, líder del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles, sostiene que las familias no tienen porque aceptar ninguna oferta de llaves por dinero. ”Ellos tendrían derecho a recibir 20,050 dólares por dejar su bungalow porque viven bajo control de rentas, pero no están obligadas a desalojar a  menos que vendan drogas, no paguen la renta o tengan más gente de la que se dijo que viviría ahí cuando tomaron posesión de la vivienda”, observa.

Dice que ella no recomienda aceptar ninguna compensación porque cualquier cantidad que les den por salirse es sujeta a un descuento de 30 o 40% de impuestos. “Además si reciben servicios sociales como seguro social, asistencia social o estampillas, al recibir esa compensación, automáticamente los pierden y para que se los den de nuevo, cuesta mucho”, explica.

Recomienda a los vecinos pelear por quedarse en sus departamentos. “Cualquier compensación los perjudica más que beneficiar”, asegura.

Lydia Córdova dice que le cayó muy mal el aviso para desocupar la vivienda el año que entra. “Queremos estar aquí. La escuela de nuestros hijos está muy cerca”, observa esta ama de casa, madre de dos menores. Su esposo trabaja en la costura y a duras penas les alcanza para pagar la renta de $1,074 dólares por mes.

Michael Weinstein, presidente de la Fundación de Cuidado de Salud para el Sida – organización que se ha unido a la lucha contra las rentas caras y la indigencia en Los Ángeles –  sostiene que la Ciudad debe prohibir la destrucción de viviendas con rentas controladas excepto en circunstancias extremas.  “En esos casos, los constructores deberían pagar a los inquilinos $100,000 dólares por gastos de reubicación no $10,000 o $20,000 dólares. Estas cantidades no evitan que las familias trabajadores desalojadas terminen en la calle”, enfatiza.

En junio de 2015, los concejales Mitch O’Farrell y Paul Koretz emitieron un reporte seguido por una moción para preservar la mayor parte de las viviendas con rentas controladas. Y dijeron que  “muchas propuestas de desarrollo se estaban enfocando en proyectos residenciales que ya estaban en pie. Típicamente esto pone en riesgo el mercado de vivienda accesible de la ciudad y desplaza inquilinos, muchos de los cuales no pueden pagar los aumentos de renta”, indicaron.

Pero la moción de los concejales fue abandonada y reemplazada a finales de 2017 por una ordenanza más limitada que solo ayuda a los inquilinos desplazados por la conversión de sus viviendas en condominios.

Susan Hunter del Sindicato de Inquilinos de Los Ángeles aclaró que los constructores y propietarios de vivienda, así como sus representantes, no pueden discriminar a ningún inquilino por ser indocumentado o no ser ciudadano de Estados Unidos. “Hay una ley estatal que protege a los inquilinos de ser discriminados por su estatus migratorio en la vivienda”, enfatiza.

Lo que dice la empresa

Robin Hughes, presidente de la inmobiliaria Abode Communities precisa que “el propósito de Abode Communities es aumentar el acceso a vivienda accesible de alta calidad a través de la ciudad de Los Ángeles, y la remodelación de los Apartamentos Grandview presenta una oportunidad única de mejorar las vidas de los residentes actuales y de aquellos en necesidad de alojamiento económico”.

Agrega que están profundamente sensibilizados con quienes serán directamente implantados por el desarrollo de la propiedad, y están trabajando para crear un paquete amplio de reubicación para los inquilinos actuales.

“Estos inquilinos serán los primeros a los que se les permitirá regresar con una renta que puedan pagar a largo plazo”, dice Hughes.

Abode Communities maneja el proyecto para demoler esta comunidad de bungalows en WestLake y construir departamentos con un costo de hasta un millón de dólares por unidad.