Javier Duarte, exgobernador de Veracruz a punto de recuperar su libertad
La PGR le retiró el delito de delincuencia organizada, uno de los más graves de los que es acusado
Javier Duarte Crédito: EFE
MÉXICO – La Procuraduría General de la República (PGR) presentó en los último minutos de ayer formalmente la acusación contra Javier Duarte de Ochoa, el ex Gobernador de Veracruz, por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Lo anterior constituye una reconfiguración del delito del que se acusaba, pues originalmente era por delincuencia organizada, lo que implicaría una reducción en la condena que podría enfrentar el ex priista, la pena por el primer ilícito es de 20 a 40 años de prisión, mientras que por el segundo alcanza de 5 a 10 años.
La dependencia presentó la acusación cerca de las 23:30 horas del martes y deja la puerta abierta a la posibilidad de que Duarte abandone la cárcel, pues lo delitos no son considerados como graves y se pueden enfrentar en libertad.
Fue en julio de 2017 que Duarte fue vinculado a proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), y debido al riesgo de fuga le fue impuesta la prisión preventiva justificada.
Desde entonces, el ex mandatario ha permanecido en el Reclusorio Norte y aunque se ha solicitado su traslado a un centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala, en Morelos, esto no ha sucedido.
Por su parte, Ricardo Sánchez Reyes Retana, abogado defensor del ex Gobernador, comentó que está a la espera de que el juez le notifique la acusación de la PGR para poder tomar acciones.
El ex político que gobernó Veracruz de 2010 a octubre de 2016 fue arrestado en Guatemala en abril del año pasado y después extraditado a México, al ser reclamado en el país por una orden de arresto derivada de los cargos federales y las dos órdenes de la fiscalía del estado recién cumplimentadas.
Antes de su extradición, Duarte desestimó y calificó de irrisorias las dos acusaciones de la fiscalía local alegando, entre otras razones, que no participó en la transferencia de los 220 millones de pesos.
NOCHIXTLÁN Y LA IMPUNIDAD
El 19 de junio de 2016, policías federales y estatales participaron en el “Operativo Oaxaca” en el municipio de Nochixtlán, que en realidad se convirtió en un desalojo violento de profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Ahí fueron asesinados ocho civiles con armas de fuego disparadas por los policías y 150 personas quedaron heridas en el ataque que fue indiscriminado y sin control contra el pueblo, incluidos menores de edad, de acuerdo con registros de organizaciones civiles y recomendaciones de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
A fines de 2017, la PGR atrajo tres carpetas de investigación contra los policías federales y estatales que participaron en los hecho. Hasta hoy no hay avances y la justicia no llega.
La organización Código DH acusa a la PGR de omisión y complicidad política con quienes ordenaron el ataque a los profesores y que terminó siendo una masacre contra el pueblo, así como una cadena de abusos contra los derechos humanos. Por ejemplo, planteó la ONG en junio pasado, la Procuraduría General de la República tampoco se ha ocupado de casos como el del grupo de 19 habitantes de Nochixtlán que, mientras enterraban a un familiar y amigo asesinado en el operativo fallido, fueron detenidos arbitrariamente por los federales, privados de su libertad, torturados y liberados días después.
