Alistan demanda contra ICE y “CoreCivic” por muerte de bebé al salir de un centro de detención en Texas

WASHINGTON — Mariee Juárez era una niña feliz y saludable que hubiese celebrado sus dos años de vida este mes con su madre y demás familiares en Nueva Jersey, pero la aparente negligencia médica que sufrió durante su encierro en Texas aceleró su prematura muerte, alegó este miércoles uno de sus abogados al preparar una demanda contra el gobierno federal.

La pequeña falleció seis semanas después de que ella y su madre, Yazmín Juárez, salieron en libertad del centro de detención familiar Dilley, en el sur de Texas, indicó una queja presentada ayer contra la ciudad de Eloy (Arizona), identificada como la principal contratista federal para las operaciones del centro. La ciudad, a su vez, tiene un subcontrato con la empresa “CoreCivic”,  que opera diversos centros de detención de inmigrantes en todo EEUU.

El documento de 10 páginas alega que “la conducta de empleados, oficiales, agentes, u otros que actuaron bajo autoridad y/o bajo instrucciones de la Ciudad de Eloy podrían haber contribuido a los daños sufridos por la señorita Juárez y Mariee”.

En el documento, los abogados David Rosenbaum y R. Stanton Jones, de la firma legal Arnold & Porter -que tomó el caso “pro bono”-, argumentan que la “trágica muerte” de Mariee fue producto de “las condiciones inseguras e insalubres” en el centro de detención de Dilley “y el cuidado médico inadecuado e inferior” que la niña recibió.

En entrevista hoy con este diario, Jones afirmó que la muerte de Mariee “fue absolutamente prevenible, especialmente si hubiese recibido un cuidado médico adecuado” y si Dilley “corrigiese las condiciones” en el centro.

“Era una bebita de 18 meses perfectamente normal, saludable, feliz, bella, que nunca había tenido enfermedades significativas de ningún tipo, es lo que nos explicó su mamá, y lo que dijo una enfermera que la revisó al llegar a Dilley”,  enfatizó Jones.

Para el abogado, el caso ilustra una importante lección para el gobierno federal: “la detención o confinamiento nunca son apropiados para niños pequeños, y no creo que sea algo en lo que este país debería participar… no es correcto ni moral ni justo”.

“Si el gobierno va a detener niños, como mínimo debe hacer más para asegurar que las condiciones sean seguras, higiénicas y apropiadas, y Dilley no hace eso… el gobierno federal debe tomar todo paso posible para que esto no vuelva a ocurrir, para que no mueran más niños, para que ninguna otra madre tenga que sufrir semejante pérdida”, puntualizó.

Jones no quiso comentar sobre si la muerte de Mariee ayudará a Yazmín en su solicitud de asilo.

“Era una niña normal, saludable y feliz”

Yazmín y Mariee, ambas de origen guatemalteco, fueron detenidas el pasado 1 de marzo cuando cruzaron ilegalmente la frontera por el Río Bravo en busca de asilo. Cuatro días después fueron trasladadas a Dilley.

Mariee “era una niña normal, saludable y feliz” cuando llegó a EEUU huyendo de la violencia en Guatemala,  pero al cabo de una semana presentó síntomas de tos y congestión nasal, luego de estar expuesta a niños enfermos en un hacinado salón.

En su primer chequeo en la clínica del centro, el 11 de marzo, Mariee fue atendida por un médico auxiliar que le recetó Tylenol y “paquetes de miel”,  y recomendó una posterior consulta “dentro de seis meses”,  indicó el documento.

La niña no mejoró y al día  siguiente regresó a la clínica con una fiebre de 104.2 grados, más congestión nasal, diarrea y vómitos.  En esa ocasión, otro médico auxiliar le diagnosticó infección de oído y bronquiolitis aguda,  y le recetó antibióticos, medicina para la fiebre y suero para la hidratación oral.

Yazmín llevó a su niña a la clínica en repetidas ocasiones porque ésta empeoraba con el tiempo. Les tocó esperar “durante muchas horas”,  en un área similar a un gimnasio sin medidas para aislar a los más enfermos, según la queja, que detalla paso a paso el rápido deterioro de la menor.

El 25 de marzo, el día en que ambas fueron puestas en libertad, una “enfermera vocacional” evaluó a Mariee y autorizó su salida, pese a que, bajo la ley estatal, no estaba autorizada a hacer esa evaluación.

Ya libre, la niña fue sometida a “agonizantes” semanas de extensas intervenciones médicas en Nueva Jersey pero murió el pasado 10 de mayo en otro hospital, en Filadelfia (Pensilvania), de una hemorragia torácica que le provocó fallos en el cerebro y órganos vitales, dijo el documento.

Todo comenzó con esa infección respiratoria que contrajo en Dilley, donde ambas estaban apiñadas con otras diez personas -cinco madres, cada  una con un hijo-, varias de ellas enfermas. Uno de los niños, de la misma edad de Mariee, tosía constantemente, tenía moqueo nasal,  y lucía aletargado.

Un costoso litigio

La queja contra Eloy, reportada inicialmente por Vice News, es solo un paso preliminar bajo la ley estatal de Arizona, y la ciudad tendrá un plazo de 60 días para responder.

La eventual demanda, también contra la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), “CoreCivic” y posiblemente “otros bajo investigación” por su implicación en Dilley,  perseguirá una indemnización de $40 millones por el sufrimiento físico y emocional que sufrió la pequeña, precisó Jones.

ICE dijo que no hará comentarios sobre este caso mientras se resuelve el litigio.

Sin embargo, en declaraciones a este diario, Sarah Rodríguez, una portavoz de ICE en Washington, dijo que la agencia “toma muy en serio la salud, seguridad y bienestar” de las personas bajo su custodia.

Agregó que ICE provee acceso a cuidado médico “necesario y adecuado” y cuidado dental, y acceso a cuidado de urgencias las 24 horas. Además, el centro en Dilley cuenta con enfermeras, proveedores de salud mental, un médico y médicos auxiliares.

“ICE gasta más de $250 millones al año para los servicios de cuidado de salud” para los detenidos, precisó Rodríguez.

La portavoz destacó que un informe del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de junio pasado determinó que los centros de detención “están limpios, bien organizados y operan de forma eficiente”, y que ICE está respondiendo a los retos de proveer cuidado médico y servicios de idiomas, además de resguardar la seguridad de las familias detenidas.

Amanda Gilchrist, directora de asuntos públicos de CoreCivic, dijo a este diario que la empresa se compadece con la familia Juárez por la “trágica muerte” de Mariee, y que la empresa se preocupa por el bienestar de los detenidos, “especialmente poblaciones vulnerables para las cuales nuestros socios tienen debidamente estándares muy altos”.

El centro, construido durante la Administración Obama , ofrece “un amplio gama de servicios” mientras los detenidos aguardan el debido proceso,  incluyendo educación, cuidado de niños, recreación, “un área de juego de 775 pies”,  y una biblioteca, señaló Gilchrist.

“Es importante notar que CoreCivic no provee personal médico ni servicios de cuidado médico (en Dilley)… el personal de CoreCivic no realiza evaluaciones médicas o de tratamiento médico y están capacitados para referir asuntos de salud o médicos de los detenidos, sean de rutina o agudos, al personal médico” en el centro, explicó Gilchrist.

El centro en Dilley abrió sus puertas en 2014 en respuesta a la crisis humanitaria de niños centroamericanos no acompañados en la frontera sur ese año, y tiene capacidad para albergar a 2,400 detenidos.

Bajo un acuerdo modificado con ICE, la ciudad de Eloy, a 900 millas de Dilley, recibe $438,000 por año por administrar el centro. Mientras, “CoreCivic” obtuvo $170,6 millones y $267,3 millones en 2017 y 2016, respectivamente solo por sus operaciones en Dilley, según el documento legal.

El centro en Dilley siempre ha sido objeto de quejas de líderes demócratas y grupos pro-inmigrantes por las condiciones insalubres y cuidado médico inapropiado.

A la espera de más detalles sobre el caso, el senador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, dijo este diario que “si una madre y su hijo se ven forzados a huir de la violencia en su país, lo último que deberíamos hacer es tratarlos de una manera en que sus vidas y bienestar podrían correr más riesgo”.