Editorial: Nuevas normas contra inmigrantes
En otros gobiernos los jueces de inmigración tenían una mayor discreción y libre albedrío
La demora en las cortes perjudica a los inmigrantes. Crédito: Getty Images
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, es el integrante del gabinete más criticado por el presidente Donald Trump. No obstante, los ataques e insultos no le impiden al funcionario seguir convirtiendo las normas de inmigración en una máquina de deportación.
Hace unos días Sessions estableció nuevos límites a la capacidad los jueces de inmigración para dar fin a los casos de deportación. El sistema de los Tribunales de Inmigración depende directamente del Departamento de Justicia. El Secretario tiene el poder de elegir casos específicos para decidir él mismo y así implantar nuevas normas para el futuro, de la misma manera que la Suprema Corte de Justicia hace con precedentes en el sistema legal.
Esto existió desde siempre. La diferencia es que en otros gobiernos los jueces de inmigración tenían una mayor discreción y libre albedrío para interpretar las normas por sí solos. Eso cambió con la llegada de la administración Trump y el nombramiento en Justicia de Sessions, quien previamente sobresalió en el Senado por sus posiciones extremadamente duras en inmigración.
Session determinó que la autoridad de los jueces para dejar de lado o dar por terminado un proceso, no es un poder flotante que puede ser invocado cuando el juez “crea que el caso ya no amerita espacio” en el juzgado. O sea, determina que los detalles que hacen que cada caso de inmigración merezca una consideración individual, incluso cuando “tengan circunstancias favorables”, no son importantes. Los jueces ahora pueden considerar situaciones personales solamente en circunstancias “específicas y circunscritas”.
Los jueces de inmigración son así convertidos en empleados cuya misión es ordenar deportaciones.
Además, Sessions está pronto a emitir otro decreto prohibiendo la libertad bajo fianza para los solicitantes de asilo. Se dice que es necesario tenerlos detenidos por todo el tiempo necesario debido a la gran cantidad de gente que fue puesta en libertad y que nunca se presentó a su audiencia.
El ausentismo alegado no justifica la detención por meses de personas que vienen por la persecución que sufren en su país de origen. Pero el fenómeno es menos frecuente de lo que se afirma. En 2002 47% de la gente bajo fianza no se presentó a las citas, en 2015, el 14%. Además, la cantidad de casos de asilo se redujo recientemente, cuando Sessions determinó como inválida la aseveración de violencia doméstica o de pandillas. Hoy las peticiones de asilo deben superar un estándar sumamente estricto.
Entonces, ¿por qué castigar con encierro indefinido al solicitante de asilo por más motivo razonable que tenga? El propósito es desalentarlo a él y a los que vendrán.
Estas nuevas disposiciones constituyen un cambio radical a la tradición estadounidense migratoria. A este gobierno ya no le importa que se necesite inmigrantes como fuerza económica laboral. Mucho menos le importa el factor humano.
