Secretario de Comercio promete confidencialidad en el Censo de 2020

El censo se realiza cada diez años y es una herramienta básica para asignar fondos y distribuir distritos electorales
Secretario de Comercio promete confidencialidad en el Censo de 2020
Wilbur Ross. EFE
Foto: EFE

WASHINGTON— El secretario de Comercio, Wilbur Ross, prometió este martes “estricta” confidencialidad en el Censo de 2020, en medio de demandas contra la Administración Trump por la inclusión de una pregunta sobre ciudadanía que, según detractores, podría marginar del conteo decenal a 24 millones de personas.

Ross acudió hoy a un evento organizado por la “Coalición Latina” (“The Latino Coalition”) en defensa de los esfuerzos de la Administración para forjar alianzas con grupos cívicos nacionales con la meta de promover la participación en el Censo de 2020.

Ross no abordó directamente la controversia que generó su anuncio, el pasado 26 de marzo, de incluir una pregunta sobre el estatus de ciudadanía en los formularios del Censo de 2020 pero, de forma oblicua,  sugirió que no habría nada que temer porque los datos no son compartidos con ninguna agencia.

“Desde 1954, los trabajadores del censo han prometido de por vida resguardar las protecciones de confidencialidad… va contra la ley que un empleado del Buró del Censo comparta con alguien la información de algún individuo” que participa en el censo, explicó Ross.

“Eso quiere decir que no pueden compartir datos del censo con ninguna otra agencia del gobierno o funcionarios del gobierno”, subrayó el funcionario, al repetir que el censo es “estrictamente confidencial”.

Según Ross, la ley federal prohíbe que la información del censo sea compartida con otras agencias federales, incluyendo el Servicio de Rentas Internas (IRS), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), u otras agencias policiales locales y estatales.

De esta forma, Ross quiso trasladar un sentido de calma frente a críticas de que la Administración Trump intenta suprimir la participación de las minorías e inmigrantes, en particular de inmigrantes indocumentados, en el conteo poblacional.

Héctor Barreto, presidente de la “Coalición Latina”,  y exadministrador de la Administración de la Pequeña Empresa bajo la presidencia de George Bush, pareció restar importancia a las preocupaciones sobre el uso indebido del censo contra la población indocumentada.

“La mayoría de nuestra gente no tiene problemas con la pregunta sobre ciudadanía porque la mayor parte de las personas en EEUU tienen un estatus de residencia legal permanente o son ciudadanos”, aseguró Barreto, quien expresó confianza en los esfuerzos por un recuento “lo más preciso posible”.

Pero Ross no mencionó las demandas de gobiernos estatales y grupos cívicos, alarmados porque la pregunta podría desalentar la participación de millones de minorías y extranjeros y, por ende, afectar la distribución de fondos para las comunidades.

Varios demógrafos también han condenado lo que califican como una “guerra demográfica” por parte de Trump.

El censo es un ejercicio que el gobierno de EEUU realiza cada diez años y que ayuda a determinar la demarcación de distritos electorales y el desembolso de casi $700,000 millones en fondos federales para un amplio gama de programas sociales, incluyendo en las áreas de educación, vivienda, salud, infraestructura, y transporte.

“Nuestra meta es contarlos a todos, una sola vez y en el lugar correcto”, insistió Ross, durante una presentación de aproximadamente 15 minutos, en la que no tomó preguntas del público.

Ross destacó que la Administración prepara el lanzamiento, en abril de 2019, de un evento nacional junto con centenares de organizaciones cívicas, empresariales, y comunitarias, así como gobiernos locales y estatales para incentivar la participación en el censo.

El funcionario aseguró que se implicará personalmente en el acercamiento con las organizaciones nacionales y comunitarias, para que el censo sea un “éxito”.

La Oficina del Censo, que depende del Departamento de Comercio, habrá completado a finales de este mes la contratación de un centenar de especialistas para el conteo nacional, y en 2020, tendrá a un total de más de 1,500, dijo.

Ese esfuerzo nacional incluirá una inversión de $510 millones en campañas de anuncios publicitarios, o un incremento de $130 millones sobre los $380 millones gastados en mercadeo y anuncios para el Censo de 2010, según Ross.

Un trasfondo de controversias

Ross tampoco mencionó que un juez federal en Nueva York, Jesse Furman, le  ordenó hace dos semanas que dé una declaración bajo juramento sobre la inclusión de la pregunta de ciudadanía en los formularios.

La Administración Trump envió una carta a Furman el viernes pasado con la intención de frenar esa orden, que también afecta al fiscal general adjunto, John Gore, hasta que el Tribunal Supremo realice una revisión de un dictamen de un tribunal de apelaciones.

La orden de Furman responde a sendas demandas entabladas contra la Administración por cerca de una veintena de ciudades y gobiernos locales y estatales –incluyendo California y Nueva York-, que consideran que la pregunta sobre la ciudadanía es discriminatoria.

Contrario a lo que explicó Ross en marzo pasado y que modificó en agosto pasado, su oficina ya había sopesado la inclusión de la pregunta de ciudadanía cuando éste asumió el cargo en febrero de 2017, y no en diciembre pasado, supuestamente por petición del Departamento de Justicia.

La Administración ha insistido en que la inclusión de la pregunta forma parte de los esfuerzos del Departamento de Justicia por velar por el cumplimiento del “Acta del Derecho al Voto”, pero ese argumento no convence a grupos defensores de los inmigrantes y minorías.

La declaración bajo juramento, según los demandantes, despejaría dudas sobre cómo, cuando y por qué Ross decidió incluir la pregunta en los formularios.

El propio Furman indicó que Ross tomó la decisión aún cuando enfrentaba fuerte resistencia de otros funcionarios de la Oficina del Censo, y cuestionó su “interés personal” en el asunto.

Ross debe dar una declaración bajo juramento “porque, entre otras cosas, están en juego directamente su intención y credibilidad”, explicó Furman.

Según activistas, la mayoría de los inmigrantes indocumentados están concentrados en 20 zonas metropolitanas, y un conteo a la baja en 2020 restaría representación y poder político en áreas con inclinación demócrata, y lo aumentaría en áreas rurales con tendencia republicana.

La polémica sobre si Ross al final dará o no un testimonio bajo juramento figura entre las múltiples controversias que afronta la Administración, entre éstas la investigación del FBI sobre la trama rusa y la batalla por la confirmación en el Senado del juez conservador, Brett Kavanaugh, para un puesto vitalicio en el Tribunal Supremo.