Administración Trump prevé apelar dictamen que frena cancelación del TPS

La orden del juez federal, Edward Chen, prohíbe la cancelación del TPS y exige que se mantengan las protecciones mientras se resuelve el litigio en los tribunales.

Miles piden que no se cancele el TPS.

Miles piden que no se cancele el TPS. Crédito: Aurelia Ventura | Impremedia/La Opinion

WASHINGTON— El Departamento de Justicia rechazó este miércoles el dictamen de un juez federal en San Francisco (California) que frena temporalmente la cancelación del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) para más de 320,000 inmigrantes indocumentados, por considerar que la orden judicial “usurpa” el poder del Ejecutivo.

En respuesta a una demanda presentada el pasado 12 de marzo por varios “tepesianos”, el juez Edward Chen ordenó suspender de inmediato y temporalmente la decisión de la Administración Trump de cancelar el TPS mientras se resuelve el litigio en las cortes.

Los demandantes, representados por grupos como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) en el sur de California, y la red “NDLON”,  argumentaron que la Administración violó un estatuto federal y una cláusula relacionada con la “igualdad de protección” cuando empezó a desmantelar el programa humanitario el año pasado.

El TPS protege de la deportación a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras condiciones “extraordinarias”, y les otorga permisos de trabajo.

Chen consideró que los demandantes tienen probabilidad de ganar el caso sobre los méritos de su queja de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) cambió las normas para determinar la concesión del TPS, sin previo aviso o explicación, violando de paso el “Acta de Procedimientos Administrativos”.

El juez federal también afirmó que los demandantes demostraron serios interrogantes sobre la decisión de cancelar el TPS para inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Haití y el Sudán por motivos de discriminación.

El dictamen de Chen prohíbe de inmediato que el DHS cancele los beneficios del TPS para inmigrantes de esos países, y exige que la agencia mantenga en pie las protecciones del programa humanitario.

De acuerdo con los plazos establecidos por el DHS, los “tepesianos” de Sudán perderán sus permisos el próximo 2 de noviembre, mientras que el resto los perderá a partir de enero próximo.

El portavoz del Departamento de Justicia, Devin O´Malley, dijo en un comunicado esta noche que la decisión de Chen “usurpa el papel de la rama ejecutiva en nuestro orden constitucional” y, a su juicio, erróneamente argumenta que el Ejecutivo no puede velar por la seguridad nacional o el cumplimiento de las leyes migratorias.

“El Departamento de Justicia completamente rechaza la noción de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron algo indebido. Continuaremos luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional”, afirmó O´Malley.

Por su parte, un portavoz del DHS,  Tyler Houlton, dijo a este diario que la política de la agencia es no hacer comentarios sobre litigios pendientes en los tribunales.

En su dictamen, Chen señaló que en 2017, la entonces secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, simplemente estaba llevando a cabo una agenda presidencial “predeterminada para poner fin al TPS”, una decisión motivada por la aparente antipatía del presidente Donald Trump hacia minorías no europeas.

A principios de este año, Trump generó fuertes críticas al defender su política de restricciones migratorias, durante una reunión privada con senadores demócratas y republicanos en la que se refirió a países pobres de Africa como “países de mierda”.

La demanda contra el DHS fue interpuesta por 9 “tepesianos” de los cuatro países mencionados –que estuvieron entre los primeros afectados por la cancelación del TPS- , y cinco de sus hijos nacidos en EEUU.

El documento no incluyó a Honduras y Nepal porque cuando fue presentada la Administración aún no había anunciado la cancelación del TPS para inmigrantes de esos países, pero, según Armando Cardona, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), es posible que sean incluidos en la demanda.

Grupos defensores celebraron el dictamen en sendos comunicados y las redes sociales y han convocado una conferencia de prensa para mañana para explicar los siguientes pasos.


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