Sheriff de San Bernardino detalla relación de su Departamento con ICE
Un total de 353 reclusos detenidos en el condado pasaron a manos de ICE en 2017
El Departamento de Sheriff del condado de San Bernardino no aplica leyes federales de inmigración, ni participa en operativos migratorios, tampoco pregunta sobre el estatus migratorio de los recluso,s ni utiliza como intérpretes a agentes de inmigración; sin embargo, sí permite que agentes migratorios lleven a cabo investigaciones, siempre y cuando no violen la ley federal, estatal o local.
Asimismo, el Departamento del Sheriff bajo el mandato de John McMahon no tiene un espacio dedicado a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); sin embargo, el número de personas retenidas por ICE en el centro de detenciones West Valley, en Rancho Cucamonga, fue de 353 en 2017.
Eso se debe a que ICE realiza sus investigaciones usando el sistema de huellas dactilares que se utiliza durante el proceso de arresto.
Así lo afirmó ayer el sheriff McMahon durante el foro público realizado durante la reunión regular de la Junta de Supervisores de San Bernardino. El foro tuvo como objetivo develar la relación que el Departamento del Sheriff tiene y tuvo con las autoridades migratorias en el año pasado y presente.
A su vez, el sheriff del condado de Ventura, Bill Ayub, realizó un foro similar en su respetiva localidad.
Estos foros fueron realizados para acatar una exigencia de la Unión Americana de Libertadas Civiles (ACLU), y otras organizaciones que velan por el bienestar de la comunidad inmigrante.
La Ley de la Verdad (TRUTH Act), aprobada en 2014, prohíbe a las autoridades policiacas aceptar las órdenes de detención de inmigración de personas indocumentadas si no están bajo custodia por un delito grave. Una modificación aprobada en enero de 2017 obliga a las cárceles y centros de detención juvenil a entregar un consentimiento por escrito a los reclusos informándoles de sus derechos antes de un interrogatorio con el personal de ICE, y notificar a los reclusos cuando se entregue sus fechas de libertad a ICE, comentó McMahon.
La Ley de Valores de California, mejor conocida como SB 54, aprobada en octubre de 2017, prohíbe a las agencias estatales y locales utilizar fondos, instalaciones, propiedades, equipos o el personal de la agencia o departamento para investigar, interrogar, detener, detectar, o arrestar a personas con fines de aplicar leyes de inmigración, añadió.
Aun así, la agencia local cumplirá o cooperará cuando exista una orden federal de deportación activa, dijo McMahon.
“Las leyes federales, estatales y locales permiten que ICE identifique y detenga a personas indocumentadas que representan un riesgo para la seguridad pública”, explicó.
McMahon añadió que en su departamento ICE es libre de conducir interrogaciones o realizar investigaciones tal y como lo hace cualquier otra agencia de gobierno, pero que antes el recluso debe ser informado del propósito de la entrevista, su derecho a rechazar la entrevista y su derecho a tener un abogado presente durante el interrogatorio.
McMahon añadió que ICE tiene acceso al área de admisión, sala de interrogación, estacionamiento seguro de admisión, y área de centro de control pero no tiene un espacio establecido de operación.
ICE puede enviar un formulario de detención de inmigración en donde solicita que el Departamento del Sheriff retenga a un cierto sospechoso hasta 48 horas después de su fecha de liberación. El Departamento notificará al recluso de esta solicitud con dos copias.
Este formulario solicita también que el Departamento notifique a ICE antes de liberar a un recluso de su custodia; sin embargo, no se proporcionan las fotografías de reserva, ni direcciones de trabajo y domicilio, añadió McMahon.
El Departamento del Sheriff puede transferir a un recluso a ICE solo cuando es autorizado por una orden judicial o determinación de causa probable judicial firmada por un juez federal o magistrado; puede proporcionar información no publicad a ICE cuando el recluso tiene una condena por un delito grave, un delito que se castiga con pena de prisión estatal o el delito grave se produjo en los últimos 15 años.
McMahon añadió que en su Departamento no hay un área designada donde ICE realice los arrestos y estos deben ocurrir en áreas públicas.
Previo a la presentación, grupos rivales se enfrascaron en acaloradas discusiones, e incluso se produjo un conato de bronca en las afueras del edificio de gobierno. Mientras personas antiinmigrantes apoyaban la intervención de ICE, personas que defienden los derechos del inmigrante repudiaban su presencia e incluso pedían la abolición de ICE.
Benjamin Wood, activista defensor del inmigrante, no quedó muy satisfecho con la exposición del Sheriff.
“No debe de tomar un acto de la legislatura para que el alguacil sea transparente con la comunidad”, dijo. “Es una cosa que llevamos años que estamos pidiendo. Entonces hoy es in buen inicio, pero hace falta mucha más información, más detalles, y más diálogo, y no solamente una transmisión de una sola vía”.