Denuncian abusos y amenazas de deportación contra empleadas indocumentadas en campo de golf de Trump

Trump ha hecho alarde de su combate contra la inmigración ilegal, pero en su campo de golf en Nueva Jersey hay denuncias de abusos contra trabajadores indocumentados
Denuncian abusos y amenazas de deportación contra empleadas indocumentadas en campo de golf de Trump
El presidente Trump ha sido atendido por indocumentados en su lujoso Club de Golf.
Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

WASHINGTON— El presidente Donald Trump ganó la presidencia en 2016 enarbolando la lucha contra los inmigrantes indocumentados, pero en su propio campo de golf en Bedminster (Nueva Jersey), ha habido abusos y amenazas de deportación contra sus empleados, denunció este jueves el abogado de dos empleadas domésticas.

En declaraciones a la prensa, Aníbal Romero, abogada de dos empleadas domésticas del Campo Nacional de Golf de Trump, una de las cuales ya no trabaja allí, confirmó los incidentes de abuso y prácticas de contratación ilegales a los que los inmigrantes indocumentados son sometidos “de forma rutinaria”.

“Al trabajar en la propiedad de Donald Trump en Bedminster e interactuar con el presidente y su familia inmediata, mis clientes y otros fueron sujetos en reiteradas ocasiones al abuso, insultados con epítetos raciales y amenazados con la deportación”, dijo Romero en un comunicado.

“Irónicamente, las amenazas con frecuencia eran del propio supervisor que las contrató pese a que conocía su estatus de indocumentadas y hasta les dio documentos falsificados. Este ambiente tóxico fue diseñado para intimidar a estas mujeres, dejándolas con temor a su seguridad y la de sus familias”, afirmó.

“Estas mujeres han mostrado tremenda valentía al presentar estas quejas contra semejante poderosa familia. Muchos de estos abusos a los que mis clientes fueron sujetas constituyen crímenes”, precisó Romero.

Por ello, el abogado instó a las autoridades policiales de Nueva Jersey y a las autoridades federales a que investiguen de inmediato estas acusaciones y ayuden a proteger a las mujeres y a otros que presenten acusaciones similares.

La Casa Blanca no ha emitido una reacción al respecto.

Romero respondió así a un artículo publicado hoy por el diario “The New York Times”, que desnudó los casos de dos empleadas domésticas, la guatemalteca Victorina Morales y la costarricense Sandra Díaz, que formaron parte de una escuadra de empleados de limpieza, mantenimiento y jardinería.

Morales, de 45 años, cruzó ilegalmente hacia EEUU en 1999 y fue contratada en 2013 en la propiedad de Trump con documentos que ella describió como fraudulentos, mientras que Díaz, de 46 años y ahora residente legal, trabajó allí “sin papeles” entre 2010 y 2013.

Ambas le aseguraron al diario que había otros empleados indocumentados también en ese campo de golf en un área rupestre de Nueva Jersey, aunque no pudieron precisar cuántos.

El diario destacó que no hay pruebas de que Trump o ejecutivos de la Organización Trump hayan tenido conocimiento del estatus migratorio de los empleados, pero “al menos dos supervisores en el club lo sabían”, según las mujeres, “y tomaron medidas para ayudar a los trabajadores a evadir la detección” para que no perdiesen sus empleos.

Durante la contienda de 2016, Trump prometió combatir con dureza la inmigración ilegal, y afirmó que, tras la apertura del Hotel Trump en Washington, su empresa uso el sistema “E-Verify” para impedir la contratación de trabajadores indocumentados.

Ese sistema ayuda a los patronos a confirmar el estatus migratorio de los empleados, pero su uso solo es obligatorio para compañías y entidades que tienen contratos federales.

Según el diario, Morales siguió trabajando “sin papeles” durante y desde la contienda presidencial de 2016, y sigue en la nómina.

Morales dijo que decidió romper su silencio tanto por los insultos y abusos de su supervisor por su nivel de inteligencia y estatus migratorio como por la retórica anti-inmigrante de Trump, quien ha metido en un mismo saco a todos los inmigrantes, tachándolos de “criminales”.

Aunque está consciente de que puede ser despedida o deportada por su denuncia pública, Morales ha recurrido a la ayuda de Romero y ha solicitado asilo.

Sobre el caso destapado por el diario, Sandra Cordero, directora de la coalición “Families Belong Together”,  destacó la hipocresía de Trump al promover su política económica y su “mano dura” contra los inmigrantes en la frontera y al interior del país,  y elogió la valentía de las empleadas domésticas.

“Como muchas otras, estas valientes mujeres son víctimas de crímenes de nuestro presidente… no debería sorprender a nadie que Trump ejecuta su campaña de odio y división mientras se lucra a cuestas de la labor de trabadores indocumentados y vulnerables”, dijo Cordero.

“Esta agenda política hipócrita descaradamente ignora los valores estadounidenses y viola los derechos humanos y la dignidad. Continuaremos viendo estas consecuencias peligrosas hasta que se le exijan cuentas a la Administración Trump por sus abusos”, puntualizó Cordero.

Por su parte, Ali Noorani, director ejecutivo del Foro Nacional de Inmigración, dijo que este relato refleja no sólo el maltrecho sistema de inmigración en EEUU sino también sobre los inmigrantes que afrontan trabas y aún así aportan al país.

“Debemos tratar a los inmigrantes que trabajan duro y contribuyen a toda nuestra economía con respeto y dignidad. La política y retórica de esta administración no sólo no hacen frente a ese reto, sino que también mancillan la esencia de lo que es ser estadounidense”,  afirmó Noorani, quien elogió el valor de Morales y Díaz y expresó temor por su futuro.