Trump busca quitarle la ciudadanía a miles de personas: más de 700,000 casos bajo revisión

Los funcionarios del gobierno están realizando un esfuerzo coordinado para encontrar evidencia de fraude de inmigración al reexaminar los archivos de los inmigrantes que se convirtieron en ciudadanos de los Estados Unidos, según reseña un estudio reciente.

Las profesoras universitarias Casandra Burke e Irina D. Manta, autoras del artículo, exponen la manera en la que las autoridades han buscado casos en donde se utilizó más de una identidad o se ocultaron órdenes de deportación antes de solicitar la ciudadanía.

Si bien el programa no es nuevo, comenzó bajo la administración de Obama, el gabinete de Trump ha anunciado la intención de expandirlo significativamente. Se están revisando más de 700,000 casos.

El Departamento de Justicia anunció en enero de este año que esperaba presentar acciones para revocar la ciudadanía contra aproximadamente 1,600 personas. Seis meses después, el gobierno anunció planes para contratar a “varias docenas de abogados y oficiales de inmigración” para dotar de personal a una nueva oficina centrada en este trabajo.

En los últimos 30 años, el gobierno ha tratado de revocar la ciudadanía solo caso por caso, después de haberse dado cuenta de las irregularidades individuales. Como resultado, los fiscales han presentado alrededor de una docena de casos cada año para la revocación, un proceso llamado desnaturalización.

La administración de Trump ha aumentado considerablemente el número de intentos de desnaturalización: presentó 25 casos en 2017 y otros 20 durante el primer semestre de 2018.

“Somos profesores de derecho que hemos estudiado los registros judiciales en los casos más recientes. Nuestra revisión de los documentos judiciales sugiere que los procedimientos de litigio del gobierno conllevan un riesgo inquietantemente alto de quitarle la ciudadanía a alguien que no cometió delito ni fraude”, dijeron Burke, del Centro de Ética Profesional de la Universidad Case Western Reserve, y Manta, del Centro de Derecho de la Propiedad Intelectual de la Universidad de Hofstra.

Buscando fraude, encontrando errores

El propósito original del programa Operación Janus fue identificar a las personas que podrían ser un riesgo para la seguridad nacional.

Se enfocó específicamente en quienes “se naturalizaron utilizando identidades falsas para ocultar su pasado criminal”.

Sin embargo, la postura más dura de la administración de Trump sobre la inmigración deriva en que la aplicación se ha extendido más allá de los casos que involucran delitos graves o amenazas terroristas. y ha tenido el riesgo de caer en simples errores administrativos.

Se han presentado casos en contra personas sin antecedentes penales o conexiones con grupos terroristas. El primer caso de la Operación Janus que resultó en una orden para revocar la ciudadanía demuestra esta expansión.

En 1991, un hombre indio de 17 años sin documentación de viaje llegó a California en busca de asilo. Fue puesto bajo custodia y un traductor grabó su nombre como Davinder Singh. A petición suya, fue liberado con sus amigos en Nueva Jersey y se le ordenó comparecer ante el tribunal en enero de 1992. Al no presentarse el día asignado, el tribunal emitió una orden de deportación. No se conoce si se fue del país.

Menos de un mes después, alguien con el mismo conjunto de huellas dactilares, pero con el nombre de Baljinder Singh, solicitó asilo en el mismo tribunal de Nueva Jersey. El tribunal determinó que el caso tenía suficientes méritos para proceder. Con el tiempo, Baljinder Singh se convirtió en un ciudadano.

Más de 25 años después, el gobierno, bajo la Operación Janus, hizo coincidir los dos juegos de huellas dactilares y alegó que Singh usó intencionalmente una identidad fraudulenta para tener una segunda oportunidad de buscar asilo y obtener la ciudadanía. En enero de 2018, el gobierno revocó oficialmente su ciudadanía.

A primera vista, este caso puede parecer sencillo.

Pero en un artículo que se publicará en la Revista de Derecho de la Universidad de Nueva York, las autoras explicarán cómo la discrepancia en el nombre podría haber sido fácilmente el error de un traductor en lugar de un fraude intencional.

No se sabe exactamente qué le pasó a Singh. No lo han podido localizar, y ningún artículo de noticias sobre su caso incluye entrevistas con él.

Sin embargo, la evidencia muestra que la forma en que se están litigando los casos de desnaturalización dificulta que el sistema de justicia distinga entre fraude y error burocrático.

Vulnerabilidades ciudadanas

Singh perdió su ciudadanía sin presentarse ante el tribunal para defenderse, ya sea personalmente o por medio de un abogado. La revisión de los registros judiciales de 2017-2018 revela que es posible que no supiera que se había presentado un caso de desnaturalización en su contra.

Incluso, cuando los acusados ​​se enteran de que se ha presentado una acción, quedan otros obstáculos. Es posible que un acusado se haya mudado lejos, o fuera del país, y no haya podido viajar a la corte.

En el caso de Singh, el tribunal concluyó que el hecho de no informar sobre procedimientos anteriores con un nombre diferente surgió de la intención de engañar, y no de un simple error o malentendido de transcripción.

El caso de Singh es el primero de muchos que el gobierno planea seguir.

“No creemos que la evidencia subyacente en el caso de Singh muestre claramente fraude, criminalidad o cualquier riesgo de seguridad nacional. Tampoco estaba claro si había recibido notificación de la audiencia o la oportunidad de defenderse”, dijeron las autoras.

Combinados, estos factores socavan la confianza en el sistema. En términos más generales, crean miedo entre los ciudadanos naturalizados que temen que su propia ciudadanía pueda ser vulnerable en casos futuros.

La garantía de la Constitución del debido proceso requiere mayores protecciones procesales cuando la ciudadanía está en riesgo, lo que significa exigir una notificación personal, el derecho a un abogado para los acusados ​​indigentes y un límite de tiempo para presentar los casos, lo que aumentaría la confianza en que la ciudadanía no se revocaría por errores menores o errores burocráticos.

La ciudadanía es más que un interés personal. En palabras de la Corte Suprema, la confianza en la estabilidad de la ciudadanía afecta la “naturaleza misma de nuestro gobierno libre”.

“Si los casos futuros de la Operación Janus siguen la misma trayectoria que el caso Singh, se arriesgan a socavar la idea misma de la igualdad de ciudadanía en nuestra democracia”, de acuerdo a Burke y Manta.