Alejandra Pablos: “Mi lugar está acá con mi familia, y la lucha continúa”

Pablos afronta el fantasma de los errores del pasado pero su esperanza se mueve en dos carriles, mediante la apelación de su caso y una petición de indulto del gobernador de Arizona, Doug Ducey.
Alejandra Pablos: “Mi lugar está acá con mi familia, y la lucha continúa”
La activista mexicana Alejandra Pablos asegura que luchará para frenar su deportación. Foto: suministrada
Foto: "Mijente"

WASHINGTON— La prominente activista mexicana, Alejandra Pablos, afronta un futuro incierto, con una orden de deportación y una montaña de costos legales, pero aseguró este jueves que su lugar está en EEUU y “la lucha continúa”.

Pablos, de 33 años, sufrió un duro revés el martes pasado cuando un juez federal en Tucson (Arizona), Thomas M. O´Leary, emitió un dictamen en el que no sólo la despojó de su residencia permanente sino que le negó su petición de asilo y ordenó su deportación.

En entrevista telefónica con este diario, “Ale” aseguró que, mientras prepara su apelación –para lo cual tiene un plazo de 30 días-, también ha iniciado una petición para lograr un indulto del gobernador republicano, Doug Ducey, que le borre unos cargos criminales de hace ocho años y posiblemente le ayude a frenar su deportación.

“La lucha continúa. El clima político ahora mismo está obligando a activistas como yo y a miembros de la comunidad a revivir sus traumas… mi lugar está aquí, con mi mamá, con mi familia”, afirmó Pablos, que se encuentra libre bajo fianza.

“He estado acá casi toda mi vida, este es mi país. Acá estoy para quedarme; vamos a continuar esta lucha, y esto no va a ser fácil pero, si perdemos la esperanza, ¿Qué más nos queda?”, subrayó Pablos, en inglés y español.

Pablos ve como una señal positiva que en tan solo 24 horas, su petición ha logrado reunir cerca de 16,000 firmas, de una meta final de 25,600.

Montaña de cobros legales

También ha creado la página web ““KeepAleFree.org”, donde explica su caso y su trayectoria como activista, y ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para hacer frente a sus costos legales.

Debido a su situación, “Ale” no puede trabajar, pero las facturas se le acumulan: sólo la apelación ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) cuesta unos $5,000, y la solicitud conlleva un gasto de $110, precisó.

Eso no incluye lo que tendrá que pagar para acudir a la Junta de Clemencias de Arizona a “defender su humanidad”, como paso fundamental para lograr el indulto de Ducey.

La activista, que desde 2016 ha defendido los derechos reproductivos de las mujeres como coordinadora en el Instituto Nacional Latino para la Salud Reproductiva, fue arrestada en enero pasado durante una protesta en Virginia.

Pero en realidad su pesadilla legal había comenzado en 2011, cuando la autoridades iniciaron trámites para su deportación a México, debido a cargos que afrontó en el pasado.

“Cualquiera se equivoca”

Tras su arresto durante la protesta en Virginia, los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) refirieron su caso a Arizona, y la activista pasó 43 días en el Centro de Detención de Eloy.

“Es duro tener que defender mi humanidad y la transformación que he hecho después de que cometí esos errores… hubo unos años en mi joven vida adulta en los que no entendía las consecuencias de mis actos, pero cualquiera se equivoca”, manifestó Pablos, nacida en Nogales (México).

“Ale” afrontó cargos por posesión de parafernalia y conducir un vehículo bajo la influencia de sustancias prohibidas (DUI, en inglés), cargos por los que originalmente pasó dos años detenida y con los que las autoridades pueden deportar a inmigrantes legales.

Pablos señaló que muchas personas son detenidas por “DUI” o posesión de parafernalia de drogas pero en el sistema penal de EEUU, los castigos varían según el estado y las consecuencias perjudican desproporcionadamente a las minorías.

“Una persona blanca puede purgar cárcel, pagar multa y seguir con su vida, hasta convertirse en médico. A Alejandra Pablos, una residente legal en Arizona, la detienen por dos meses, la marcan como una criminal y pasa en libertad condicional por dos años…no ven mi transformación, mi labor desde entonces, porque este es un país de castigos”, se quejó.

“Ya estuve presa. ¿A quién más tengo que demostrarle mi humanidad? ¿Cuándo será suficiente”, preguntó a manera de retórica.

Pablos es miembro de “Mijente” y su caso atrajo atención nacional porque, según militantes del movimiento pro-inmigrante, no ha sido la única activista en ser blanco de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para silenciar la disensión contra la Administración Trump.

Activistas de la comunidad inmigrante mantienen una campaña de solidaridad con “Ale”. Foto: “Mijente”.

“Los trámites para mi deportación comenzaron por las decisiones que tomé, por mis errores, pero el pasado no me define y todos merecemos respeto y dignidad. Por eso fui a esa protesta en Virginia, y curiosamente fui la única activista arrestada y silenciada… esos cargos los borraron en Virginia, pero siguen en mi expediente con ICE”,  afirmó Pablos.